EL exsecretario de Justicia Antonio M. Sagardía mantiene un contrato de asesoría legal en la Cámara de Representantes por el que devengará $126,000 durante un período de tres meses y medio.

Mientras, en el Senado, Jorge A. Sagardía Abreu, hijo del exsecretario también figura como asesor legislativo adscrito a la Oficina de Asesores Legislativos del presidente, Thomas Rivera Schatz. El contrato es a tiempo parcial a razón de $3,000 mensuales.

Sagardía labora como asesor del presidente cameral a través de la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa (OSL) cobrando $31,500 mensuales. El acuerdo contractual inició el 10 de marzo y está vigente hasta el 30 de junio próximo.

De acuerdo al registro de contratos de la Oficina del Contralor, la OSL se compromete a pagar a Sagardía una remuneración de $125.00 la hora por un total de 960 horas para asumir la representación legal y coordinar las estrategias legales en los litigios que envuelvan a la Cámara de Representantes de Puerto Rico y a la OSL ante los foros administrativos y foros judiciales estatales, hasta el 30 de junio de 2017.

Además, preparará reglamentos, proyectos de ley, resoluciones, órdenes administrativas, memorandos de derecho y opiniones legales; brindará asesoramiento legal y legislativo al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos J. Méndez, al director de asesores y de la Oficina de Servicios Legislativos, y otras tareas afines.

Durante la vigencia del contrato de alrededor de cuatro meses, se le reembolsará al exsecretario de Justicia hasta $6,000 en gastos tales como toma y transcripción de deposiciones; fotocopias; envíos de fax y servicio de mensajería; sellos y gastos de presentación; así como emplazamientos, pasajes aéreos, hoteles y gastos de transportación terrestre.

'Estos gastos se reembolsarán al asesor a través de una factura aparte acompañada con recibos y facturas certificadas como correctas que evidencien la incursión de dichos gastos, la cual se someterá al mismo momento de la factura mensual', según explica el contrato firmado el exsenador Roger J. Iglesias.

Por su parte, Jorge A. Sagardía Abreu, hijo del exsecretario, se estrenó en febrero pasado como asesor legislativo en el Senado. Entre sus obligaciones se encuentra redactar, investigar y revisar legislación radicada por el presidente senatorial; acompañarlo o representarlo en reuniones y vistas públicas; hacer búsqueda de información y dar seguimiento a legislación radicada, entre otras responsabilidades.

El Senado le paga al asesor legislativo a razón de $100.00 la hora hasta un máximo de $3,000.00 mensuales para un total de 30 horas mensuales servicios profesionales.

Estos contratos trascienden en momentos en que el gobierno exige sacrificios a todos los sectores, incluyendo a los servidores públicos y pensionados, por la estrechez de las finanzas públicas.

Cuando el país espera conocer el presupuesto que regirá el país en el próximo año fiscal y que se espera contenga drásticos recortes para cumplir con el plan fiscal certificado también ha trascendido la contratación por $248,500 del nuevo secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera.

Los contratos de la secretaria de Educación, Julia Keleher por $250,000; así como los $625,000 que devenga la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko, han sido fuertemente criticados por no corresponder a una época de austeridad fiscal.

En el caso de la Asamblea Legislativa, desde principios de cuatrienio ha estado bajo fuego por reclutar a exfuncionarios del PNP y a políticos derrotados para ofrecer asesoría y consultoría administrativa en medio de la crisis fiscal que atraviesa el país.

La denuncia sobre el gasto millonario de contratos llegó hasta el presidente de la Junta de Control Fiscal, José M. Carrión, lo que provocó el primer choque público entre los presidentes legislativo y el organismo rector.

Pese a las críticas por la lluvia de contratos en momentos en que más de un centenar de empleados de confianza recibían en febrero notificación de la terminación de sus contratos, los presidentes legislativos defendieron la nueva contratación debido a la experiencia, la capacidad y el conocimiento de los exfuncionarios traerían a la Legislatura.

Hasta esta semana, según el registro de contratos de la Oficina del Contralor, el Senado y la Cámara de Representantes han otorgado $9.8 millones en contratos de servicios profesionales de diversos tipos.

El director de la Oficina de Servicios Legislativos, Roger Iglesias no contestó llamadas de este diario su oficina, tampoco funcionarios del Senado. Sagardía también rechazó emitir comentarios sobre su contratación en la Asamblea Legislativa.

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