Con el propósito de crear la Ley de Transparencia Gubernamental en las Comunicaciones, el portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau Ramírez, anunció el sábado la radicación de una medida legislativa que requiere que en toda entrevista o comparecencia oral, visual o escrita de un funcionario público ante medios masivos de comunicación y/o digitales en la que se utilicen, eroguen o inviertan fondos públicos se identifiquen el uso de tales fondos y a la persona o empresa gestora, solicitante, intermediaria o coordinadora de tal entrevista o comparecencia al final y principio de la transmisión.

'Existe una nueva modalidad en la que funcionarios públicos pagan por entrevistas o intervenciones en medios de comunicación utilizando fondos públicos. Con la aprobación del Proyecto del Senado 1185, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico le viabilizaría al país el acceso a la información de forma responsable sobre la erogación de fondos para la comunicación gubernamental. Es una medida que permite divulgar cuales intervenciones son financiadas con fondos públicos, y además pone en justo contexto la naturaleza de la intervención del funcionario que participa en el medio de comunicación', puntualizó el senador independentista mediante declaraciones escritas.

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La medida impone que toda persona natural o jurídica que fallare en divulgar la información requerida por la propia ley incurrirá en un delito menos grave y, convicta que fuere, se le impondrá una multa no menor de tres mil dólares ni mayor de cinco mil dólares ($5,000) por cada transmisión, a discreción del tribunal.

'El Estado no necesita esperar que se produzcan solicitudes formales de información para ser proactivo en la diseminación de información que demuestra el sano uso de los fondos allegados al fisco mediante la prestación de contribuciones', concluyó Dalmau.