Para la agencia hay otras vías más efectivas.

El Departamento de Educación (DE) se opone al proyecto de ley que propone que los padres, tutores y/o encargados de menores sean referidos al Departamento de la Familia (DF) si no recogen las notas de sus hijos semestralmente.

El P de la C 2001 condicionaría el acceso de los padres o tutores a subsidios estatales como los que ofrece el Departamento de la Vivienda a que tengan que ir al plantel escolar para que se les firme una certificación.

Según el DE, dichas determinaciones "punitivas" a los padres para presentarse en el aula escolar, no son la alternativa más efectiva.

Las enmiendas a la ley llegan después de que en el programa de Jugando Pelota Dura (JPD) peticionara para que se tomara acción legislativa. El P de la C 2001 es de la autoría de la presidenta de la Comisión de Educación, Arte y Cultura, la representante Deborah Soto.

"Lo que se busca es que estas agencias (como Luma y AAA) obliguen a los padres de que presenten una certificación...esto no es final y firme aún pero lo que se busca es que si tienen algún subsidio de Acueductos, pues que los padres tengan que ir a la escuela para que sea firmado primero", explicó Soto a NotiCel.

Para el año 2022, un 26% de los referidos recibidos a la Línea de Maltrato en el Departamento de la Familia fueron presentados por personal del DE. De ese total, el 41% fue por negligencia educativa.

De acuerdo con la Asociación de Maestros, el reporte más reciente de Deserción Escolar del primer semestre del 2022-2023, del DE, la tasa es de 3.46%. Al dividirla por grados, los grados primarios representan el 2.68%, en secundaria 4.67% y en estudiantes de educación especial 5.92%.

El DE presentó en su defensa que la mayoría de los padres que han encuestados han señalado que la razón principal que obstaculiza el ejercicio de buscar las notas es por compromisos laborales en organizaciones o empresas no gubernamentales.

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“Los mecanismos punitivos, para lograr el compromiso de los padres con la educación de los hijos, tienden a ser temporeros y no crean un verdadero compromiso. Las conclusiones de los estudios pedagógicos apuntan a otras estrategias para incrementar el compromiso de los padres con la educación”, lee la ponencia del DE, firmada por su secretaria Yanira Raíces.

De acuerdo con estadísticas del DE, para octubre del 2021 solo 77,037 (un 30%) padres recogieron las notas, para octubre 2022 fueron 74,103 (un 30%) y para el pasado año 2023, llegaron 174,882 (un 73%).

Las enmiendas a la Ley 85 destacan que “los padres tendrán la responsabilidad y obligación de asistir a las escuelas, como mínimo dos veces por semestre para conocer sobre el desempeño y aprovechamiento académico del estudiante”, reza la enmienda.

También dispone que, si los padres no asistieran a las reuniones establecidas por las escuelas y sean recurrentes, el director escolar remitirá al trabajador social de la escuela para realizar una investigación, notificándole el caso al Departamento de la Familia para establecer un plan de servicios integrales dentro de un término de 15 días.

La secretaria del Departamento de Educación tendría la obligación de crear un protocolo de evaluación y recomendación el cual incluirá informar y recomendar investigar al Departamento de la Familia, al Departamento de la Vivienda, Departamento de Hacienda y Servicios Sociales.

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“Los departamentos antes mencionados tendrán la obligación de investigar y evaluar si los padres reciben beneficios contributivos en el Departamento de Hacienda, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) o la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en servicios monetarios en los que se identifiquen estudiantes como medio para recibir beneficios”, se expone en la medida.

El DE presentó una decena de estrategias para el recogido de notas y se adjudicó logros por la asistencia de los padres en el último recogido de notas en enero. Sin embargo, según la coautora de la medida, la representante Sol Higgins, en algo se está fallando.

“Están hablando aquí de muchas herramientas que, si nosotros los escuchamos, nos hacen dudar porque pareciera que todo está perfecto, pero allá afuera hay niños que están siendo maltratados, hay niños que ni comen en sus casas y a esos niños es que yo asumo que este proyecto busca una herramienta porque hay que tomar acción. Ustedes están dando talleres y como quiera el padre sigue siendo irresponsable. Pues entonces no podemos ver esto como si fueron unos pocos…”, expresó la representante, incómoda ante la posición del DE a la medida.

Por su parte, el equipo de Jugando Pelota Dura (JPD) compareció ante a la Comisión para estipular que, aunque el DE ofrecer adiestramientos y talleres a padres para que asistan al recogido de notas, éstas no son obligatorias.

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“Hemos perdido la cuenta de la enorme cantidad de esfuerzos y ahorita se destacaban todas las iniciativas que hace el Departamento de Educación…si se hace un cálculo del dinero que tiene que estar gastando anualmente simplemente para lograr que el padre cumpla con su responsabilidad fundamental de por lo menos ir al salón de clases, debe ser decenas y decenas de millones de dólares”, expresó el expolítico y productor ejecutivo del programa de JPD, Ferdinand Pérez.

“Es muy lamentable que tengamos que legislar para esto. Esto es algo básico y fundamental en la enseñanza y crecimiento de nuestros estudiantes, pero no podemos esperar más”, continuó expresando.

Departamento de la Familia (DF)

El Departamento de la Familia (DF) resaltó en la vista que está de acuerdo con la medida pero que la agencia, ya tiene un acuerdo colaborativo vigente hasta el 30 de junio de 2025 entre el Departamento de Educación (DE) bajo el programa de Unidad Especializada de Atención Escolar (UEAE) para establecer un procedimiento y discernir casos de negligencia escolar que puedan ser atendidos por sistemas de apoyo en la escuela.

No recoger las notas por un periodo recurrente, cae bajo el término de negligencia. Desde el comienzo del programa el pasado 1 de noviembre se han recibido 52 casos de negligencia escolar de los cuales 35 están resueltos, cuatro fueron referidos a la línea de maltrato y tres están en proceso de atención.

“La UEAE cuenta con 17 trabajadores sociales del Departamento de la Familia y 10 trabajadores en el DE ubicados en Oficinas Regionales Educativas (ORES)…Anticipando un posible aumento en el número de casos de negligencia escolar referidos a la UEAE de ser aprobado el P de la C 2001, tendríamos una posible expansión de las capacidades operativas de la UEAE”, destacó Glenda Gerena la Administradora de la Administración de Familias y Niños (ADFAN).

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Familia recomendó que: “el proyecto incluya una disposición la cual promueva el uso de sistemas de información integrados utilizados en la UEAE para facilitar el seguimiento y la intervención en casos de negligencia escolar. Incluir capacitación conjunta de trabajadores sociales escolares y del DF enfocándose en las estrategias de intervención”.

La Asociación y Federación de Maestros, sometieron memorial explicativo favoreciendo la medida.

Mientras, que Luma Energy y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados sometieron su posición al P de la C 2001 y aclararon que no brindan subsidios directos a las familias, sino que son a través de otras agencias como el Departamento de la Familia con los servicios del PAN.

"Ni Acueductos ni Luma en este caso aplican pero nos enteramos ahora de esto. Lo que ellos nos indican es que en todo caso quién tendría que solicitar documentos sería el Departamento de la Familia y otras agencias como Vivienda porqué ellos dan subsidios porque o son mayores de 65 años o que DF da el subsidio. Ahora nos toca evaluar todo lo que recibimos hoy en la vista para continuar enmendando la medida", puntualizó la representante Soto.

Los representantes Denis Márquez, José Bernardo Márquez, Lisie Burgos, Estrella Martínez, Sol Higgins, Lourdes Ramos y José “Pichy” Torres Zamora, estuvieron presentes en la vista.

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