Juan José Troche Villeneuve, director ejecutivo de la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), apoyó la iniciativa, pero fue enfático en señalar que la actual aplicación de la Carta enfrenta serios retos.

El Proyecto del Senado 186, que propone enmendar el Artículo 16 de la Ley 238-2004, conocida como la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos, fue objeto de discusión durante una vista pública de la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Ricardo “Rey” Ocasio Ramos.

La medida, presentada por el senador Ángel Toledo López y aprobada en el Senado el pasado abril, busca ampliar las funciones de los enlaces interagenciales en agencias, municipios e instrumentalidades del Estado. Su propósito es mejorar la coordinación de servicios y atender de forma más eficaz las necesidades de las personas con impedimentos, tanto en el plano colectivo como individual.

Además, introduce correcciones técnicas a la ley vigente y propone mecanismos de seguimiento más estructurados.

Durante la vista, el licenciado Juan José Troche Villeneuve, defensor y director ejecutivo de la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), apoyó la iniciativa, pero fue enfático en señalar que la actual aplicación de la Carta enfrenta serios retos debido a la alta rotación e inconsistencia en los nombramientos de los enlaces interagenciales, conocidos como “Enlaces 238”.

Según explicó, más de la mitad de estos funcionarios no son empleados de carrera, lo que ha provocado interrupciones en la ejecución de los planes estratégicos requeridos por ley.

“Esta medida es sumamente importante para nosotros porque se trata de enmendar la ley que contiene la política pública de Puerto Rico y los derechos que tenemos que garantizarle a la comunidad de personas con impedimentos tanto en los municipios como en las agencias administrativas”, expresó Troche.

Asimismo, informó que, al presente, 74 municipios han designado enlaces; sin embargo, todavía están pendientes Maunabo, Arroyo, Manatí y Villalba. Indicó que la alta rotación de personal, sumada a la falta de procesos de transición, obliga a la Defensoría a comenzar desde cero cada vez que se nombra un nuevo enlace, lo que implica retrasos y costos adicionales. “Buscamos que se garantice que el empleado no sea sustituido tan fácilmente como enlace… la política pública no debe depender de esos cambios”, puntualizó.

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A preguntas del representante Ocasio Ramos, Troche confirmó que no existen criterios uniformes para la designación de enlaces.

“Se toman decisiones que no necesariamente van atadas a la política pública continua… sino que lo hacen para resolver el requerimiento del DPI, algo que no debe suceder”, afirmó.

Como alternativa, sugirió que los enlaces sean ubicados en las oficinas de ayuda al ciudadano para mantener contacto directo con la población que busca servicios.

También apoyó la propuesta del representante Luis “Junior” Pérez Ortiz de discutir el tema con las organizaciones que agrupan a los alcaldes, quienes son responsables de estos nombramientos a nivel municipal. A preguntas de la representante Lourdes Ramos, Troche reconoció que los enlaces actuales han mostrado un alto grado de compromiso:

“Han tenido la iniciativa de presentar ideas dentro de su entorno de trabajo luego que se les empoderó con la información para entender las necesidades de estos ciudadanos”.

Sin embargo, advirtió que los constantes cambios de personal sin previo aviso han sido el principal obstáculo en la implementación del plan estratégico, el cual debe cubrir un período de uno a cinco años.

En su intervención, el representante José Aponte Hernández opinó que el desempeño de los enlaces debe evaluarse por su ejecución más allá de si son empleados de confianza o carrera.

“Es mejor establecer las normas y criterios del desempeño del funcionario… ya que se corre el riesgo de que el empleado de carrera no se atenga a la política pública y vaya a su ritmo por sentirse seguro en su puesto”, expresó.

Por su parte, el procurador del Ciudadano, Edwin García Feliciano, también favoreció la pieza legislativa.

“La OPC se ha caracterizado por endosar proyectos de ley que propongan atender o resolver los problemas que aquejan a nuestra sociedad. En especial, cuando se trata de ciudadanos que por su condición física, económica o social se encuentran más susceptibles a estar desprovistos de remedios”, señaló en su ponencia.

El representante Ocasio Ramos solicitó que el DPI someta en un plazo de cinco días laborables las recomendaciones que no se incluyeron en el texto original del proyecto, y concluyó que “tenemos que seguir dándole herramientas a las personas enlaces para ayudar a las personas con impedimentos y adultos mayores”.

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