El proyecto de ley que se le nombró como la "Ley Keishla Madlane" establece que ya sea si la madre embarazada y el bebe por nacer o solo el bebé muere, en cualquiera de los escenarios, será un asesinato en primer grado.

El Senado aprobó con enmiendas la medida legislativa que crea la "Ley Keishla Madlane", que establece que constituirá como asesinato en primer grado si se le provoca la muerte a una mujer embarazada y como resultado, también muera el concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno.

El Proyecto del Senado 3, que es de la autoría de Thomas Rivera Schatz, también establece que si la agresión contra la mujer resulta en el asesinato del feto, pero la mujer embarazada sobrevive, también se considerará un asesinato en primer grado.

Esta medida legislativa fue radicada después de uno de los eventos más trascendentales en Puerto Rico, cuando la joven Keishla Madlane Rodríguez Ortiz, que estaba embarazada, fue asesinada el 29 de abril de 2021 a manos del boxeador Félix Verdejo, entre otros colaboradores.

"Sin duda, aquí estamos hablando de la condición más drástica ante un asesinato. Si en ese proceso está en estado de gestación, no importa que sean cuatro, cinco, seis u ocho semanas, se comete el doble asesinato", expresó el senador penepé Carmelo Ríos.

Por su parte, la senadora popular Ada Álvarez Conde agregó que "definitivamente todavía hay mucho que hacer con lo que tiene que ver con la violencia. Fue un caso que consternó a Puerto Rico...".

La medida pasará ahora a la consideración de la Cámara de Representantes.

La votación cerró con 24 votos a favor, tres en contra y una abstención por parte de la senadora Nitza Morán Trinidad.

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Rumbo a Fortaleza la prohibición de los plásticos de un solo uso

Por otra parte, el Proyecto de la Cámara 277, va rumbo a Fortaleza tras ser aprobado sin enmiendas en el Senado.

Esta medida, que es de la autoría de la representante Tatiana Pérez y Fernando Sanabria Colón, especifica que se busca reducir la contaminación ambiental y promover prácticas sostenibles.

“Vemos el resultado de un desespero en la industria, de la distribución, de la confección, de la manufactura y de aquellos que hacen negocios en Puerto Rico para traer productos biodegradables y compostables. Sin éxito alguno, porque esto ha repercutido, que se han triplicado los costos para poder adquirir los famosos productos biodegradables o de cartón, los que nosotros ahora usualmente estamos buscando en los negocios. Sin embargo, el Departamento de Asuntos del Consumidor dijo que era una implementación muy difícil”, expresó la senadora y comerciante penepé, Nitza Morán.

“Hoy estamos buscando una moratoria que se queda sin efecto hasta entrar en vigor en enero del 2027 según la medida. Pero el mismo Departamento de Asuntos del Consumidor dice que va a ser muy difícil poderlo implementar efectivamente en 5 años, posible en 10, porque todos los productos que están llegando no necesariamente ha pasado el trato riguroso de saber si todo lo que está llegando aquí es biodegradable y compostable, que ya sabemos que no. Cuando esto se convierte en ley, si se convierte en ley, le da menos tiempo de lo que ha pedido el Departamento de Asuntos del Consumidor. Entiendo que la medida es loable, que tenemos que ser ecoamigables, que tenemos que movernos. Pero tener una ley por implementarla así porque sí es por lo que hemos sufrido las consecuencias y hoy estamos sufriendo otras consecuencias…”, agregó.

A finales del pasado enero, la entonces designada secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Natalia Catoni, emitió una orden administrativa que dejaba sin efecto la interpretación del reglamento relacionado a la Ley de Plásticos de un Solo Uso.

Catoni fue enfática en que le correspondía a la Legislatura contemplar la posibilidad de enmendar o derogar la ley.

Queda además excluida la prohibición de los plásticos de un solo uso para empacar carne que por su composición, "no exista una alternativa de plástico de más de un solo uso que lo sustituya".

Las farmacias, laboratorios, hospitales quedan también excluidos de esta prohibición.

En cuánto al tema de las moratorias, se establece que existe un término de tiempo hasta el 31 de diciembre de 2026 para las prohibiciones y penalidades.

Las penalidades ya entrarían en vigor a partir del 1ro de enero de 2027. Bajo el P de la C 277 se crea también un comité de trabajo para establecer normas.

La votación cerró con 25 votos a favor y tres en contra.

El Senado recesó sus trabajos hasta el próximo sábado.

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