El pago de horas extra se realizó sin la autorización del Departamento de Seguridad Pública, aseguró a NotiCel la Oficina del Inspector General (OIG) y el exsecretario de Seguridad Pública, Alexis Torres.

Sobre la mesa una posible citación ante el Senado al excomisionado del Negociado de la Policía Antonio López Figueroa, quien presuntamente recibió un pago irregular de sobre $110,000 en horas extras y, a su vez, por concepto de tiempo compensatorio federal.

El reclamo de pago de horas extra se dio para el periodo del 2021- 2024 cuando ya era comisionado y el planteamiento llegó a la Oficina del Inspector General (OIG) el pasado 17 de octubre.

Tanto López Figueroa como el excomisionado asociado, Juan Rodríguez, no cualificaban para recibir dichas compensaciones porque ambos funcionarios ejercían cargos de confianza con funciones ejecutivas. Las funciones reportadas para justificar el desembolso corresponden a tareas ordinarias del puesto, lo cual refuerza la improcedencia de los pagos realizados.

El senador Gregorio Matías, quien preside la Comisión de Asuntos Internos en el Senado, adelantó a NotiCel que evalúa citar a López Figueroa a una audiencia pública después que reciba los documentos como evidencia que recibió pagos de horas extras bajo el cargo de comisionado.

"Luego de que me den la información que requerí en cinco días se me indicara si cobró o no cobró horas compensatorias, determinaría si lo voy a citar o no. De la situación que se desprende, el deponente de la Policía había dicho en la vista que nadie había cobrado horas compensatorias estatal, pues ese nadie se supone que incluyera Antonio López, pero al final no supo decirme. Determinaré si lo citaré, pero aquí lo que tenemos que darnos cuenta es que según la regla, un jefe de agencia tiene un sueldo fijo y no cobra por horas", aseguró Matías.

También, como parte de la investigación, la OIG identificó que ambos funcionarios solicitaron el disfrute de sus licencias acumuladas, incluyendo licencias por enfermedad y sus excesos, previo a la efectividad de sus renuncias.

El informe detalló que la División de Licencias del NPPR certificó los períodos para agotar dichas licencias, sin que al momento conste evidencia de condiciones de salud u otras circunstancias que justifiquen su utilización.

Actualmente López Figueroa disfruta de la licencia de enfermedad que está siendo cuestionada.

De conformidad con la Ley Núm. 8-2017 (Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico) y la Ley Núm. 26-2017, la licencia por enfermedad solo puede utilizarse en casos de enfermedad, incapacidad o situaciones excepcionales debidamente evidenciadas.

La OIG emitió una orden para garantizar que el DSP y el NPPR recupere de forma efectiva las cuantías cuestionadas y además requirió la suspensión inmediata de cualquier pago de licencias por enfermedad concedidas a estos funcionarios como parte de su renuncia programada, sin evidencia de condiciones de salud ni certificación médica. De haberse realizado pagos por este concepto, la OIG ordenó también su recobro.

Asimismo, recomendó la revisión y anulación de cualquier autorización vigente que permita la concesión de horas extras o tiempo compensatorio a funcionarios de confianza en violación de la normativa aplicable. Al mismo tiempo, la agencia fiscalizadora requirió la emisión de una directriz para prohibir el pago de horas extras y tiempo compensatorio a funcionarios exentos, salvo en aquellos casos expresamente autorizados por ley, y que establezca criterios claros para la identificación de personal exento.

Ivelisse Torres, la inspectora general de la OIG, explicó a este medio digital, que la autorización del pago a López Figueroa y su comisionado asociado, se dio sin la autorización del Departamento de Seguridad Pública (DSP).

"El propio Negociado, específicamente el área de licencias, es quien realiza el análisis para el pago de horas extras. Del informe se desprende que inicialmente en un análisis, la propia área de licenciamiento establece que la justificación que se da por parte del comisionado es muy general y solicita que se tiene que proveer información adicional por la que entiende que él cualifica para ese pago", explicó Torres.

"Eventualmente, se enmiendan los informes para tener justificación para tareas operacionales para el área de puestos no exentos y de ahí entonces es que el área de licencias de la propio Negociado es que hace el desembolso del pago... El DSP certificó que no autorizó el pago al comisionado", apuntó.

Alexis Torres, quien para ese periodo laboraba como secretario del DSP, confirmó también a NotiCel que la solicitud nunca llegó a sus manos.

"Esa solicitud de esa aprobación nunca pasó por el DSP", afirmó.

Historia relacionada: OIG concluye no procedía pago a excomisionado de la Policía y ordena el recobro de sobre $110 mil