El Tribunal Apelativo mantuvo la decisión del Tribunal de Primera Instancia de San Juan en cuanto a la desestimación de tres cargos que pesaban contra el expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló.

En febrero pasado, Perelló se salvó de esos cargos relacionados a la Ley de Ética Gubernamental por el donativo que le hiciera el convicto Lutgardo Acevedo.

Los fiscales Leticia Pabón y Ramón Mendoza habían anticipado que acudirían al Tribunal Apelativo, que finalmente le dio la razón al juez Enrique Silva Aviles.

'No podemos más que concluir que no se equivocó el Tribunal primario con su actuación de liberar de responsabilidad al señor Perelló Borrás y desestimar las tres denuncias que hoy nos ocupan pues según dijimos las aludidas denuncias versan sobre una conducta que no está tipificada como delito según ordenamiento jurídico penal', decidió el panel de jueces integrado por la jueza Fraticelli Torres, el juez Hernández Sánchez y el juez Ramos Torres.

'Confirmamos la resolución y orden del Tribunal de Primera Instancia en cuanto a la desestimación de las tres denuncias en discusión, así como en su negativa a permitir las enmiendas a las denuncias solicitadas por la OPFEI', lee la sentencia.

La defensa legal de Perelló, Jose Andreu Fuentes, había planteado que la Ley de Ética aplica exclusivamente a funcionarios de la Rama Ejecutiva a la vez que establece que los funcionarios de la Rama Legislativa y Judicial se tienen que adherir a los reglamentos administrativos aplicables. Perelló recibió un donativo de $10,000 en efectivo por parte de Lutgardo Acevedo que no fue reportado ante la Oficina del Contralor Electoral (OCE) ni en el informe de ingresos que está obligado a presentar ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

Andreu Fuentes insistió sobre el hecho de que Perelló Borras no haya reportado el donativo ante la OEG no implica delito pues no hay que reportar donativos políticos, mientras que el no reportarlo ante la OCE tampoco implica delito o al menos no se le puede adjudicar al expresidente cameral, más bien al tesorero de su campaña contra quien no se le encontró causa para procesar.

Otros cinco cargos pesan aún contra Perelló, por violaciones a la Ley 222 de financiamiento de campañas políticas como enriquecimiento ilícito e injustificado así como intervención indebida en las operaciones gubernamentales y malversación de fondos públicos.