La jueza Lauracelis Roque del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, se reservó el fallo para un recurso de mandamus radicado por la Cámara de Representantes de Puerto Rico para lograr acceso al Negociado de Ciencias Forenses (NCF).

La Cámara de Representantes insistió en que no cederá su facultad para inspeccionar las facilidades del Negociado sin previo aviso como parte una investigación legislativa, por lo que el Tribunal tendrá que resolver si el Negociado está obligado a dar acceso o no a los legisladores.

El recurso de mandamus busca obligar al Departamento de Seguridad Pública (DSP) a permitir el acceso luego que el 20 de julio el acceso a los vagones con cadáveres a las afueras del Negociado fuera denegado a los legisladores por parte del personal de la agencia amparándose en que no se podía permitir la prensencia de la prensa.

'Nosotros lo que entendemos es que nos dejen hacer nuestra investigación sin restricciones. Justicia cuando va a hacer operativos no anuncia cuándo va a hacer las investigaciones, el día y la hora', dijo a su salida del Tribunal el presidente de la Comisión de Salud de ese cuerpo legislativo, Juan Oscar Morales.

Aunque a petición de la jueza, los abogados del Ejecutivo y Legislativo se reunieron en dos ocasiones durante la vista para intentar llegar a acuerdos que permitieran la visita de los legisladores al Negociado, las negociaciones no rindieron frutos ya que los legisladores no aceptaron que la condición del Negociado para que la inspección se hiciera solo en horario laborable.

'Al los funcionarios del Ejecutivo insistir en un horario en particular, los legisladores entienden no es razonable. Los representantes no aceptan ninguna limitación con respecto a la facultad que le da la resolución de la cámara para investigar al Negociado y lo que está sucediendo allí', dijo el Lcdo. Carlos Rivera Justiniano, representante legal de la Cámara.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) rechazó que haya limitado las facultades legislativas durante la vista ocular, pues aunque reconoce que el poder legislativo es amplio, no es un poder absoluto.

'Esto no impide de forma alguna la labor legislativa ni estamos impidiendo o incidiendo en las facultades del poder legislativa. Se hizo un planteamiento de cuestiones económicas y de personal y unas limitaciones de personal… Ellos pueden llegar a la hora que ellos deseen. Pueden llegar a la una de la mañana, pero en lo que llaman a la Comisionada van a tener que esperar en exceso, contrario si es coordinado, llegan allí y los dejan pasar', planteó el abogado de la agencia Ramírez Camacho.

DSP radicó justo antes de la vista una moción para desestimar el caso alegando que no se negó acceso a los legisladores pero que existne unos protocolos y regulaciones que se deben cumplir por cuestión de seguridad.

El Negociado plantea que para acceder al interior de los vagones toda persona tiene que someterse a pruebas de ADN, laboratorios y otro tipo de pruebas, por motivos de seguridad. Eso incluye a los legisladores y a periodistas. El Lcdo. Ramírez Camacho reiteró que no están permitidas las cámaras y fotografías al interior de los vagones.

'Aunque esto no fue parte de este pleito la prensa no fue parte de este litigio, la prensa al igual que la legislatura tiene que cumplir con los mismos requisitos que cumplirán los legisladores… Tienen que hacer la petición al Negociado, de las medidas de seguridad y relevo y ese tipo de cosas', sostuvo el abogado a preguntas de la prensa a la vez que insistió en que estos requisitos inciden en la acreditación del Negociado.

El total de cadáveres que mantiene el NCF en sus instalaciones es 330, de los cuales 154 no han podido ser identificados; 63 fueron identificados en escena fuera del Negociado, 53 no han sido reclamados por sus familiares y 60 quedan pendientes de autopsia.

Entre los principales problemas que tiene el Negociado figura la falta de patólogos y el registro de temperaturas.

El siguiente video le puede interesar: