Según se argumentó en una vista pública, la ficha del tranque la puso la Junta de Supervisión Fiscal.

Los policías siguen trabajando por la seguridad pública de Puerto Rico en detrimento.

La deuda alcanza los $132,660,441 por el tiempo adicional trabajado que no le han pagado a 7,997 oficiales de la policía activos y a 1,663 jubilados. Según se alegó en una vista pública, se debe a un tranque con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Los pagos compensatorios a nivel estatal son aquellos que el oficial de la policía trabaja en feriados, en sus días libre o por haberse excedido de las ocho horas trabajadas en un día. Sin embargo, si ese policía al final de la semana resulta haber trabajado más de 40 horas, las horas extra se traducen a pagos compensatorios a nivel federal.

El asunto está que desde el 2017 se han venido acumulando las deudas de horas extra estatales y los afectados no han recibido un centavo. Ya han trascurrido ocho años de espera.

Por ejemplo, hay actualmente un policía activo cuya deuda asciende a $79,960.97 y un oficial retirado que sigue esperando que le paguen $88,919.85.

"Esa deuda del tiempo compensatorio, la mayoría de los policías saben de cuándo son, de (huracán) María, de la pandemia, que era que el policía estaba en la calle arriesgándose cuando no sabíamos si íbamos a morir. Estaban en la calle mientras todo el mundo estaba en su casa y salimos como carne de cañón, incluso se murieron par de compañeros", reaccionó a la situación el senador Gregorio Matías, quien presidió la vista pública bajo la Comisión de Asuntos Internos.

De acuerdo a lo que trascendió en la audiencia pública, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), requirió al Departamento de Seguridad Pública (DSP) una evaluación de riesgo para validar las horas por tiempo compensatorio y asegurarse que el cálculo se ha llevado correctamente. Esto antes de dar el visto bueno para pagar la deuda millonaria.

Para esa auditoría, se asignó para este nuevo año fiscal un total de $1 millón. Esta evaluación se exigió luego de que en el 2020 se implementara el Sistema Integrado de Tiempo y Asistencia (SITA) que registra las horas trabajadas, pero antes del 2020 el cuadre de horas extra se hacía a mano, una situación que le trae desconfianza a la JSF.

"Entiendo que hay preocupación de los balances que se hicieron a mano, pero la preocupación de nosotros es que en el caso en que yo no pueda constatar que una persona que fue retirada hace 15 años, en el 2000, tenga un balance concreto. Después de 25 años voy a dejar a esa persona indefensa, no tiene cómo demostrar (la deuda)", sostuvo el licenciado José Vázquez, asesor legal del Negociado de la Policía.

"Creo que es una excusa más para no honrar los hombres y mujeres de la Policía. Si ellos evaluaron el sistema para verificar que el policía está cumpliendo con su horario, cómo es posible que ahora den el millón ( para la evaluación de riesgo)", reaccionó Matías.

Vázquez explicó, en un aparte con la prensa, que desconoce cuál será la compañía a cargo de la auditoría y que siempre se ha estado presentando por años esta situación a la Junta.

También mencionó que queda bajo la decisión de la compañía escogida el tiempo que durará la evaluación de riesgo.

"El compensatorio estatal no se paga porque no hay presupuesto. La Policía es una capa, tiene que pasar por ciertos procesos y el presupuesto no se le asigna. Siempre se le pide pero va a la Junta y si la Junta no lo aprueba, no lo podemos pagar. El DSP también lo ha pedido y no se ha asignado el presupuesto. De parte de la Policía, hacemos el trabajo, tenemos los balances, nosotros pedimos el presupuesto, sabemos qué es lo que se debe, cuando se nos de el dinero, vamos a pagar", expresó el licenciado.

Alexis Torres desmiente alegaciones

Alexis Torres, exsecretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), desmintió las alegaciones vertidas en la vista pública y aseguró a este medio digital que por el contrario, bajo su administración hubo total comunicación con la Junta para pagar el tiempo compensatorio estatal adeudado.

"(Para) La cifra original que se identifica en exceso de la alegada deuda de tiempo compensatorio, se creó un trabajo en el DSP coordinado con la JSF en el que se evaluó unas muestras en el que se identificó una serie de irregularidades en el proceso de entrar las horas del tiempo compensatorio en las diferentes áreas definidas", aseguró Torres.

"La JSF ya estaba en el proceso de asignar en el presupuesto, de hecho, la proyección era que para junio 30 la JSF con la compañía (sic) de Contadores Públicos Autorizados iba a tener un reporte final para esos efectos. Durante el cambio de administración el proceso entendemos que hubo alguna pausa", agregó

Alegó además que comenzó dicho proceso con la JSF desde el 2023.

"El Negociado no tenía un plan descifrado para la utilización de esas horas de tiempo compensatorio de parte de los agentes y no permitían que los oficiales o los agentes del Negociado utilizaran esas horas compensatorias. Muchos compañeros se retiraron y por ende, hay que hacerle pagos de esas horas extras que era lo que se estaba trabajando coordinadamente con la JSF", indicó.

La Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) había indicado en la vista pública que, de acuerdo a la Ley 20- 2017, mejor conocida como la "Ley del Departamento de Seguridad Pública" exige claramente que el pago de horas extra deberá hacerse dentro de un término de 45 días.

El término puede extenderse cuando las horas extra sean trabajadas en una situación donde resulte pertinente la prestación de sus servicios.

Mientras, en la Ley 26-2017, que es la "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal" indica que el límite máximo de acumulación de horas es de 240 y si el empleado labora en una actividad de seguridad pública, una actividad de respuesta a una emergencia, puede acumular no más de 480 horas en tiempo compensatorio.

"Sin embargo, la Ley 26-2017, no aclara que ocurre en caso de que el empleado no disfrute su tiempo compensatorio dentro del periodo de tiempo de seis o cuando acumula más de 240 o 480 horas", dictó la OARTH.

Si se pasa de esas horas, el pago deberá ser en efectivo.

“Ellos están trabajando, se sacrifican y obviamente ese exceso de horas de las 480 hay que pagarla.Incluso, ahí se dijo en la vista pública que está escrito en blanco y negro que se tiene que pagar en o antes de 30 días. Desde el 2017 se está acumulando esta deuda. La pregunta es por qué eso no se ha presupuestado con la Junta de Control Fiscal. Vamos a seguir dejando a los policías trabajar ese exceso y no se les está pagando. Eso realmente es absurdo y no hace lógica”, denunció Gabriel Hernández Ramos, portavoz de la Asociación Policías Unidos Luchando, que representa aproximadamente a 3,000 oficiales.

“Ya es hora de buscar la solución y dejemos de estar poniendo una curita a este tipo de heridas, sino darle la solución final para que se le pueda pagar todo este dinero a la Policía", agregó.

La organización ya presentó querellas individuales en el Departamento del Trabajo como un pleito de clase.

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