Sin prisa puesta en vigor de directriz que debe atender la violencia contra las mujeres como prioridad de gobierno
Hasta el momento, el Comité multisectorial para fiscalizar la implementación de la política pública solo se ha reunido una vez.
Una semana antes de las elecciones generales, la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced presentó una orden ejecutiva para “declarar servicios prioritarios la lucha contra la violencia a las mujeres en Puerto Rico” ante los reclamos de las organizaciones de mujeres y de grupos feministas para que decretara un estado de emergencia.
Desde un majestuoso escenario adornado con luces violáceas -el color que identifica la causa de las mujeres- la exfiscal y exsecretaria de Justicia presentó una política pública que impulsaba cuatro pilares: prevención, atención efectiva, manejo adecuado y rendición de cuentas.
Hasta respondió con enojo cuando las periodistas cuestionaron el alcance y la viabilidad de su propuesta, que insistió formaba parte del “legado” que dejaba.
La directriz creó el Comité Multisectorial contra la Violencia a la Mujer (Comuvi) como un cuerpo asesor de la Gobernadora para implementar el “Protocolo de Acción”, que se anexó a la Orden Ejecutiva. Esta orden también estableció términos específicos para la toma de acciones concretas de forma inmediata.
Ordenó también que las maestras y maestros del sistema de educación público recibieran adiestramientos en el tema antes de culminar el 2020 y que se desarrollara una campaña educativa masiva.
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“Esta Comisión no es una Comisión más”, afirmó Vázquez Garced en la rueda de prensa celebrada en el Centro de Convenciones de Miramar flanqueada por la procuradora de las Mujeres, Lersy Boria Vizcarrondo, y la directora de la Oficina de la Primera Dama, Marilú Cintrón Casado.
“Esperemos que en los próximos días empecemos a ver el cumplimiento de esta orden y que va a hacer la diferencia”, agregó ante un público compuesto exclusivamente por los jefes y jefas de las agencias.
Pero casi tres meses después, el Comuvi -esas siglas cuya imagen Vázquez Garced proyectó a lo largo de su anuncio- solo se ha reunido una vez a pesar del sentido de urgencia plasmado en las nueve páginas de la Orden Ejecutiva. La Comisión tampoco ha emitido el primer informe y no cuenta con representación de las organizaciones de mujeres, que han exigido en las calles que se atienda con celeridad el problema de violencia de género en el país.
El Comuvi está compuesto por 14 miembros: 8 agencias de gobierno (Justicia, Policía, Vivienda, Salud, Assmca, Educación, Familia y Procuradora de las Mujeres), el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, el Instituto de Estadísticas, un representante de la Asociación de Alcaldes, un represente de la Federación de Alcaldes, un representante de los medios de comunicación y otro de la academia.
La secretaria o secretario de Justicia preside el cuerpo, que cuenta con dos vicepresidentas: la Procuradora de las Mujeres y María Judith Oquendo, una conocida empresaria y exsecretaria de Vivienda que apoya múltiples proyectos cívicos, sociales y de violencia doméstica.
Pese a la designación clara de funciones en papel y la promesa de Vázquez Garced de que “la palabra hay que ponerla, pero la acción es más importante”, la implementación de la directriz se mueve con lentitud.
El designado secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, explicó a NotiCel que la primera reunión se celebró el 7 de diciembre y que la próxima reunión está en calendario para el 28 de enero en su agencia. La entonces secretaria de Justicia interina Inés Carrau Martínez, el subsecretario Víctor Carbonell y la fiscal Ileana Espada, directora de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica participaron en esa primera reunión.
Las fechas de las reuniones se escogieron aunque la orden -emitida el 26 de octubre- estipula en la Sección 9na que el Comuvi debía rendir su primer informe en 30 días, un término que expiró dos días después de la primera reunión si se calcula ese plazo contando días hábiles o laborables.
Citando el acta de la reunión, Emanuelli Hernández indicó que en la reunión “se presentaron los componentes de la Comuvi. Hubo una exposición de la visión de los componentes y una coordinación de fecha de envío de los objetivos y el plan de trabajo, coordinación de la próxima reunión y cierre”.
El acta consignó que se designó el oficial de cumplimiento en cada agencia, pero no ofreció los nombres. Tampoco mencionó el Protocolo de Acción para Combatir la Violencia hacia las Mujeres que se incluyó con la orden precisamente como una herramienta de trabajo para facilitar y agilizar la puesta en vigor de la directriz.
Aunque planteó que era prematuro imputar incumplimiento con los términos de la orden, el abogado y ahora Secretario de Justicia reconoció que ante la declaración de servicios prioritarios y los términos establecidos “el cumplimiento de este tipo de orden debe interpretarse restrictivamente”.
“Ese tipo de reglamentación tiene que interpretarse de manera tal que sea a favor del cumplimiento estricto de la reglamentación”, agregó el funcionario, quien heredó el cargo de presidente del Comuvi.
Otros incumplimientos
Al anunciar la orden ejecutiva, Vázquez Garced resaltó que la efectiva puesta en vigor de la directriz se garantizaría nombrando oficiales de cumplimiento que eran empleados de carrera y no de empleados de confianza de las agencias.
Pero la propia mandataria quebró ese principio.
Nombró como oficial de cumplimiento de la Oficina de la Gobernadora a Marilú Cintrón Casado, la directora de la Oficina de la Primera Dama, una oficina que quedó en desuso con la llegada del nuevo gobernador Pedro Pierluisi Urrutia. En la última Sesión Extraordinaria de la Asamblea Legislativa, la gobernadora también sometió sin éxito el nombre de Cintrón Casado como miembro de la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras.
“Hasta el 31 de diciembre de 2020, la Dra. Marilu Cintrón fue el Oficial de Cumplimiento. Al presente, no hemos sido informados de cambios en el Oficial de Cumplimiento”, indicó la Procuradora de las Mujeres Boria Vizcarrondo a este medio digital.
En declaraciones escritas, la también vicepresidenta del Comuvi indicó que durante la reunión del Comité se informaron recomendaciones para ocupar el puesto de representante de los medios de comunicación en dicha Comisión, pero “no fuimos notificados de las recomendaciones finales”.
Señaló que el 18 de diciembre pasado, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) sometió su plan de trabajo al Departamento de Justicia, quien recogería “el insumo de todas las partes para informe final”.
Aunque es vicepresidenta del Comuvi y durante la conferencia de prensa en octubre pasado describió la Orden Ejecutiva como “plan de trabajo maravillo”, la Procuradora de las Mujeres respondió que correspondía al Departamento de Educación y a Justicia, quien ocupa la presidencia del Comité, ofrecer la información sobre los adiestramientos en equidad que debían tomar los maestros y maestras antes de que acabara el 2020.
Como lo exige la Orden Ejecutiva, Boria Vizcarrondo presentó a la Oficina de Gerencia y Presupuesto la propuesta de presupuesto para costear la implementación de la directriz el 10 pasado noviembre.
El portavoz de prensa de la Junta de Control Fiscal, Edward Zayas confirmó a NotiCel que la Oficina de Gerencia y Presupuesto envió una propuesta de $772,000 y que ha solicitud de la misma agencia se revisó a $654,000. No ofreció explicación para el ajuste. Esa petición se encuentra en revisión en este momento.
Representación de las mujeres
La representante de los grupos de mujeres ante el Comuvi, María Judith Oquendo, explicó a este medio digital que presentó una petición para ocupar el puesto en representación de la organización Mujeres Líderes de Puerto Rico como lo estipula la orden ejecutiva.
“El día que se organiza el Comité inicial para trabajar lo que finalmente fue la Orden Ejecutiva, eso fue en noviembre del 2019 y la Gobernadora nos invitó a ser parte de eso, igual que invitó a Alas. Nosotros llevamos Mujeres Ante la Adversidad. Invitó a la Red de Albergues y otros grupos que se fueron añadiendo al Comité de Trabajo. Ese comité lo organizaba desde Fortaleza la licenciada Johanne Vélez, la procuradora de las Mujeres Lersy Boria y Marilú Cintrón Casado que era la directora ejecutiva de la Oficina de la Primera Dama de La Fortaleza”, contó.
Oquendo dijo que no se describía como una feminista, pero que se identificaba y luchaba por las causas de las mujeres.
“Yo he estado en la lucha por la igualdad de las mujeres desde 1992. He estado cerca de todas las procuradoras que han pasado por allí. Además, desde las diferentes organizaciones que he presidido o soy miembro he defendido a la oficina de la Procuradora y asegurándome que tengamos igualdad en todas las áreas”, apuntó.
Reveló también que envió una carta al gobernador Pierluisi Urrutia y al secretario de Justicia Emanuelli Hernández para pedirles que mantuvieran el Comuvi para cumplir con la implementación de la nueva política pública a favor de las mujeres.
“Es que yo quisiera tener un poquito más de conocimiento sobre qué es lo que está buscando el estado de emergencia versus lo que podría el Comuvi hacer y si eso está dentro de las cosas que estamos buscando yo no tendría ninguna situación en particular de apoyarlo… Pero tenemos que asegurarnos qué es lo que el estado de emergencia va a traer a la mesa de conversación que la Orden Ejecutiva sobre la prioridad de la protección de las mujeres -en cada una de las agencias y por el gobierno de Puerto Rico- está trayendo ahora”, indicó sobre su posición sobre el estado de emergencia.
¿El Comuvi apoya la educación con perspectiva de género?, preguntó este medio digital.
“Lo estamos mirando también. Eso fue una de las cosas que se quedaron en la reunión que sostuvimos en diciembre con la Secretaria de Justicia anterior y fueron cosas que se pusieron en la mesa para analizarse por la gente que estaba en representación del Departamento de la Familia y Educación”, respondió.
“Las mujeres debemos tener todo el apoyo que necesitemos. Ya hemos luchado demasiado en la vida para no tener igualdad por todas las otras cosas. Así que todas nosotras desde una perspectiva u otra estamos buscando la igualdad y yo creo que en la medida en que todas nos pongamos de acuerdo. Nos sentemos a la mesa más. Yo estoy segura que son más cosas las que nos unen que las que nos desunen. Cada grupo tiene su estilo, pero todos buscamos lo mismo, la igualdad, la protección de los derechos y yo creo que eso es sumamente importante”, agregó.
Ante un aumento en los casos de violencia contra las mujeres, organizaciones como la Colectiva Feminista en Construcción exigieron a Vázquez Garced que declarara un estado de emergencia para encauzar los servicios y recursos del Estado para atender este flagelo. Un análisis del Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico reveló que los feminicidios aumentaron un 62% durante el 2020. Dos informes de la organización también consignaron que el año pasado cerró con 60 feminicidios directos e indirectos, seis transfeminicidios y 26 casos que seguían bajo investigación o sin información.
Un estudio de ONU Mujer también concluyó que durante la pandemia del Covid-19 se ha intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo, la violencia en el hogar debido a las medidas de confinamiento impuestas para evitar la propagación del peligroso virus.
En respuestas a los reclamos de estas organizaciones, Vázquez Garced inicialmente declaró un estado de alerta nacional para atender el problema de la violencia doméstica, que desembocó en la Orden Ejecutiva que declaró como un deber “prioritario” del gobierno la atención a la violencia género.
Durante su campaña política, el entonces candidato a gobernador Pierluisi Urrutia acogió la petición de los grupos de mujeres para declarar un estado de emergencia y prometió que tan pronto llegara a La Fortaleza realizaría ese anuncio. Esa semana, el Mandatario aseguró que afina los detalles de esa Orden Ejecutiva, pero no ofreció fecha para su divulgación.
No queda claro si esa nueva directriz anularía la orden vigente.