La primera ley del aborto en la historia de Irlanda entra mañana en vigor para permitir la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre corre peligro, incluida la amenaza de suicidio, supuestos que han generado recelos entre los sectores más conservadores en un país mayoritariamente católico.

No obstante, la llamada Ley de Protección de la Vida durante el Embarazo 2013, ratificada en julio por el presidente irlandés, Michael D. Higgins, seguirá siendo una de las más restrictivas de Europa, pues continuará prohibiendo el aborto en casos como violación, incesto o anormalidad del feto.

En consecuencia, los partidarios de una normativa más liberal sostienen que miles de mujeres de este país -unas 4,000 durante el pasado año- seguirán viajando al extranjero para interrumpir sus embarazos, mientras que sus detractores advierten de que abrirá la puerta a lo que denominan 'abortos a la carta'.

Sea como fuere, la nueva ley del aborto es la primera que se redacta en la República de Irlanda desde su fundación en 1921.

Ninguno de los sucesivos Gobiernos fue capaz de erigir un marco jurídico para este delicado asunto, hasta que al actual Ejecutivo de coalición entre conservadores y laboristas le estalló un caso que conmocionó al país en octubre de 2012, el de la muerte de una embarazada con septicemia en un hospital debido que los médicos se negaron a practicarle un aborto.

Durante décadas, el aborto ha sido ilegal en Irlanda menos cuando la vida de la madre estaba en riesgo, pero sólo se recogía de manera vaga en la Constitución y estaba, además, sujeto a la interpretación de los médicos, que normalmente se negaban a interrumpir embarazos por miedo a consecuencias legales o por convicciones religiosas.

Por contra, la nueva ley establece con más claridad en qué casos se autorizará la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre esté en peligro e incluye la controvertida cláusula del suicido, lo que, según los sectores más conservadores y católicos, abrirá la puerta a un mayor número de abortos innecesarios.

La aprobación de la nueva norma en el Parlamento de Dublín el pasado julio fue posible a raíz del polémico caso de Savita Halappanavar, una mujer india que falleció de septicemia en un hospital de Galway (oeste de Irlanda) el 28 de octubre de 2012.

Savita, de 31 años y embarazada de 17 semanas, murió después de que los médicos se negaran a practicarle un aborto tras alegar que estaba en un 'país católico' y la ley lo impedía mientras latiera el corazón del feto, pese a que el estado de la mujer empeoraba.

A partir de mañana, las interrupciones del embarazo en casos no considerados 'de urgencia' se practicarán en unidades de ginecología del servicio público de salud, después de que dos médicos certifiquen que existe un 'riesgo sustancial y real' para la vida de la madre.

Si se trata de una emergencia, un solo médico podrá decidir si es necesario practicar un aborto para salvar la vida de la embarazada.

Los médicos podrán negarse a practicar un aborto por 'objeción de conciencia', si bien el hospital seguirá obligado a ofrecer la interrupción en casos pertinentes.

Respecto a la cuestión del suicido, la ley establece que un comité de tres expertos, compuesto por dos psiquiatras y un obstétrico, evalúe a través de un historial y entrevistas el estado de salud físico y mental de la madre.

Si los expertos dan luz verde, será la madre la que decida seguir adelante con una interrupción, pero si ésta es denegada ella será la única que podrá apelar la decisión ante otra instancia médica compuesta por otros tres especialistas.