El informe del Asesor de Cumplimiento Tecnico (TCA por sus siglas en ingles), Arnaldo Claudio, sobre las ejecutorias de la Policía de Puerto Rico durante las manifestaciones ocurridas en el Capitolio, el Centro para Puerto Rico y la Milla de Oro demuestran como una y otra vez los agentes de la uniformada deliberadamente incumplen con los protocolos de manejo de multitudes durante protestas.

Patrón que, aún durante la protesta más reciente frente al edificio Seaborne en la que la Policía desplegó efectivos de la División de Operaciones Tácticas (DOT), sigue cumpliendose.

Pese a que desde el 2016 la Policía cuenta con una política renovada de manejo de multitudes durante protestas - el cual fue catalogada por e TCA como 'comprensiva' - los agentes suponen contar con entrenamiento de control de multitudes. Según el informe, lo cierto es que ese adiestramiento nunca se dio por falta de instructores, aunque esperan que para julio de este año tanto la DOT, como el SWAT y la División de Arrestos Especiales cuente con ese entrenamiento.

El entrenamiento debe incluir reglas de uso de fuerza, uso y manejo de aparatos electrónicos, armas de impacto, agentes químicos, uso de armas especializadas y cómo reportar e investigar uso de fuerza. Por otra parte, el informe además cita fallas en los planes operacionales desarrollados para cada manifestación, que en el caso de las manifestaciones que cubre el informe, no fueron detalladas y en algunos casos se obviaron.

Las fallas en el plan de operación del paro nacional del 1 de mayo se manifestaron, según el informe, en la falta de claridad en cuanto a la cadena de comando, la falta de descripción del equipo que utilizarían, escenarios anticipados, comunicación interna y trato de representantes de los medios de comunicación durante el evento.

Sobre el último señalamiento cabe destacar que la DOT y el SWAT bloquearon el libre acceso a los miembros de la prensa - pese a que estaban debidamente identificados - e incluso dispararon gas pimienta contra ellos. El informe abunda: 'A los medios deberían permitírsele observar y deberían permitírsele acceso lo suficientemente cerca al evento. Aun despues que una orden para dispersar se haya dado, a medios identificados claramente debería permitírsele descargar sus deberes profesionales en cualquier área, a menos que su presencia interfiera indebidamente con la acción de cumplimiento'.

De paso indica que: 'Los medios y los observadores legales nunca deberían ser elegidos como blanco para dispersar o por acciones de cumplimiento por su status a menos que sus vidas esten amenazadas'. Durante la protesta del 20 de febrero, despues que un manifestante resultó herido por un camión de remolque de la Policía, agentes de la DOT impidieron acceso a NotiCel hasta la escena dónde la ambulancia atendía el hombre herido, una clara muestra de lo que se expuso en el informe.

Falta de advertencias y omisiones en informes de uso de fuerza

Por otra parte, las directrices básicas para control de multitudes al que se adhiere la Policía de Puerto Rico requieren el anuncio de una directriz clara y audible a los manifestantes para dispersarse. Sin embargo, el informe del TCA señala que en las manifestaciones que cubre no hallaron evidencia de que en efecto se haya hecho un anuncio de dispersión, previo al uso de fuerza.

Además, alerta sobre omisiones en los informes de uso de fuerza que supone entregar todo agente envuelto en algún incidente. El hallazgo más craso fue para las protestas del 1 de mayo, cuándo un oficial de alto rango envió un documento a la oficina del TCA indicando que no hubo uso de fuerza durante el incidente, 'pese a las múltiples veces que agentes de la Policía usaron gas pimienta y gas lacrimógeno contra manifestantes'.

Pese a varios intentos del Oficial de Cumplimiento para exigir a la Policía entregar todos los informes de uso de fuerza, sólo les permitieron evaluar seis. Estos seis revelaron en entrevista con el TCA el uso ocasional de municiones de balas de goma, a pesar de que cada uso de estos dispositivos requería la radicación de un informe.

Fallas en la redacción de informes ocurrieron tambien durante los sucesos del 25 de abril en la fundación Sila Calderón, que involucró la escolta del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. En este caso, el informe señala que hubo dos informes de uso de fuerza y tres suplementales que incluían casos de uso de fuerza, algo que el TCA indica no se puede incluir en un informe suplemental.

'La Policía de Puerto Rico, desde la Comisionada hasta los agentes de línea, deben entender la importancia de cumplir con la preparación de dichos formularios. Reportes de uso de fuerza permiten a supervisores y comandantes recopilar y analizar información esencial sobre las circunstancias fácticas que rodean el uso de fuerza', reza el informe.

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