La empresa Ecolift Corporation, presidida por el recien acusado a nivel federal por fraude, Ernesto DiGregorio Godoy, aún mantiene contratos vigentes con agencias e instrumentalidades públicas de Puerto Rico dentro de su largo historial con el Estado.

Ecolift, que opera en el aeropuerto Isla Grande, se dedica a la venta, el arreglo y la modificación de helicópteros para uso personal y corporativo.

Según reseñas de la prensa, su presidente DiGregorio Godoy depuso en una vista pública ante la Cámara de Representantes que la relación de la empresa con Puerto Rico comenzó en el 1999 con una venta a la Policía, dirigida por el exsuperintendente Pedro Toledo, y bajo el mandato del exgobernador Pedro Rosselló González.

Los informes digitales de la Oficina de la Contralora inician en 2006, razón por la cual no pueden visualizarse esas transacciones. Sin embargo, el primer contrato registrado de la empresa se remite al 23 de diciembre de 2009 con el Municipio de San Juan bajo la administración del exalcalde Jorge Santini Padilla.

Al momento de su firma, el trato tuvo una vigencia de seis meses por un monto de $769,401. Luego fue enmendado en febrero de 2010 para extender el período de funcionamiento hasta julio de ese año.

Meses despues, el 4 de mayo, delincuentes tirotearon un helicóptero Bell Jet Ranger 206 del 1977 perteneciente a la policía municipal de la ciudad capital, suceso que cobró la vida del copiloto y excamarógrafo Jesús Fernando Quiñones Santiago.

La aeronave provino de Ecolift y, según expertos consultados por la prensa, no era la adecuada para ese tipo de misiones por carecer de las modificaciones necesarias, como una puerta deslizable --o eliminada-- para mayor visibilidad, así como asientos reforzados para proteger a sus tripulantes contra disparos.

Ese mismo año, hubo otra transacción entre el Municipio de San Juan y Ecolift. Fue el 13 de julio con extensión hasta el 2011 por $1.5 millones y, en el 2011, se firmó un nuevo trato por cerca de $1.6 millones.

El servicio es descrito como la 'compra, venta y alquiler de equipo, vehículos y otros'.

Además del Municipio de San Juan, Ecolift tuvo contratos con la Policía de Puerto Rico y la Administración de Asuntos Energeticos.

En septiembre de 2016, la administración de Alejandro García Padilla efectuó la compra de otro helicóptero a la compañía, esta vez con el fin de utilizarlo como ambulancia aerea para el Departamento de Salud.

Sin embargo, la nave permaneció inutilizada por falta de permisos, razón por la cual el ahora gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, propuso dejarlo en manos de una Alianza Público Privada.

En total, los negocios públicos de Ecolift han alcanzado el volumen de $59.5 millones tan solo desde el 2006 hasta ahora. La empresa mantiene contratos vigentes con la Autoridad de Puertos, para el alquiler de un inmueble por $767, 673.84 hasta de 2016 hasta 2022, y el Departamento de Salud, por la compra del helicóptero en $7.7 millones y con vigencia de 2016 al 2021.

Mientras, su presidente DiGorio Godoy fue donante del Partido Nuevo Progresista (PNP) entre el 2011 y el 2012.

El Registro del Contralor Electoral esboza que DiGregorio Godoy realizó aportaciones personales al exgobernador Luis Fortuño Burset y al exalcalde Santini Padilla, por la cuantía de $3,000 y $1,000, respectivamente.

Igualmente, donó $4,000 al Comite Municipal de San Juan durante esas mismas fechas.

En septiembre de 2015, bajo la administración de García Padilla, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles) allanó las oficinas de la compañía Ecolift.

Como consecuencia, el Tribunal Federal acusó al empresario DiGregorio Godoy de elaborar un esquema de fraude en la venta de un helicóptero Bell del 2014, modelo 429, al Gobierno de Puerto Rico en la medida en que entregó en su lugar un modelo del 2013 sin una serie de accesorios requeridos.

Además, según el pliego acusatorio las modificaciones completadas al producto no cumplían con las regulaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en ingles).

En total, sus actos redundaron en una ganancia personal de más de dos millones de dólares, por lo que se expone a 20 años de cárcel.

Los helicópteros estaban destinados a la Policía de Puerto Rico y la Administración de Servicios Generales.