El convicto exsenador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jorge de Castro Font, solicitó una revisión de su clasificación de custodia debido a que no fueron consideradas ciertas evaluaciones psicológicas y otros factores al clasificarlo para custodia mediana en vez de custodia mínima en febrero pasado.

Previamente, De Castro Font solicitó infructuosamente al Comité de Clasificación y Tratamiento del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) de Puerto Rico que se le clasificara como reo de custodia mínima, pero el panel le denegó la petición fundamentándose en que cumple una sentencia de 10 años por delitos contra el erario público, de los cuales solo había cumplido poco más de dos años, y porque continuaría observándolo en nivel intermedio de supervisión ya que la sentencia estatal apenas comienza a cumplirla.

Su nueva solicitud, la cual no ha sido contestada, no es una apelación sino una nueva solicitud al amparo del Manual de Reclasificación que permite someter el resultado de evaluaciones no consideradas inicialmente. La misma fue dirigida a Daisy Meléndez, supervisora de la unidad sociopenal de Bayamón 501, y a Oswald Cabrera, técnico de servicios sociopenales.

'Se fundamenta mi petición en el resultado de evaluaciones qua no fueron consideradas al clasificarme inicialmente en custodia mediana el 9 de febrero de 2015, y que si son consideradas en este momento, justifican que el Comité de Clasificación reclasifique mi custodia mediana a mínima y proceda a referirme al Programa Integral de Reinserción Comunitaria', dice De Castro Font en su solicitud.

El exsenador fue sentenciado el 17 de mayo de 2011 por el Tribunal de Distrito Federal a 60 meses de cárcel y a tres años de libertad supervisada por cargos de fraude para privar al pueblo de Puerto Rico de servicios honestos y de conspiración por extorsión, al aceptar que entre 2005 a 2008 solicitó pagos en efectivo y regalías a cambio de beneficiar a terceros con la aprobación de ciertos proyectos de ley.

EI 19 de febrero de 2015, fecha en que comenzó una probatoria de tres años a nivel federal, De Castro Font fue transferido al DCR para continuar extinguiendo una sentencia de 10 años de cárcel emitida el 26 de septiembre del 2012 a nivel estatal, concurrente con su sentencia federal.

Según una liquidación de sentencia del 3 de octubre de 2012, De Castro Font dijo que cumplió el mínimo de su sentencia el 20 de julio de 2015 y extinguirá la misma el 17 de abril del 2019.

Además alegó que una evaluación de cernimiento de nivel de riesgo hecha en marzo de 2015 por su técnico socio penal arrojó un resultado de dos que implica 'bajo riesgo de reincidencia'.

Ese mes un sicólogo clínico de la Clínica de Salud Mental de Bayamón también lo evaluó y determinó que 'no requería tratamiento individual o grupal en el área de salud mental, trastornos adictivos, ni control de impulsos'.

Con el resultado de ambas pruebas, De Castro Font sostuvo que cumple con la solicitud para que el Comité efectúe una revisión automática no rutinaria de su clasificación.

En cuanto al tiempo cumplido, el convictodijo que lleva extinguiendo cinco años y dos meses de la sentencia estatal, la cual es concurrente con la federal. Recalcó el hecho de que los delitos cometidos fueron contra el erario público y no debe usarse como fundamento para el cambio de clasificación solicitado.

'Lo que debe tornarse en consideración es que no cuento con querellas disciplinarias, no requiero tratamiento individual o grupal en el área de salud mental, trastornos adictivos, ni control de impulsos; y mi nivel de reincidencia es bajo, por lo que puedo funcionar con un mínimo de supervisión y beneficiarme de los programas de inserción comunitaria por no considerarme un riesgo para la sociedad y para beneficiarme de mi proceso de rehabilitación. EI Departamento no puede obviar que ya me encuentro en probatoria federal, y tendré la supervisión de un Oficial de Probatoria Federal y otro Estatal de concederse el pase extendido', insistió.

Una vez aceptada una revisión automática no rutinaria de clasificación, y si se le concede custodia mínima, De Castro Font, pidió que se le refiera y otorgue un pase extendido con monitoreo electrónico. Para cumplir dicho requisito, hizo constar que acepta ser supervisado en su hogar por medios electrónicos; que cuenta con un recurso familiar con servicio telefónico básico; cumplió el mínimo de su sentencia para libertad bajo palabra, y que le restan menos de seis años para cumplir la misma.

En su misiva especifica su plan de salida, que incluye residir en el hogar de su hija Andrea Castro Fernández, y que ya tiene un amigo consejero y posible empleo en una tienda de equipo deportivo.

La carta de De Castro Font fue acompañada por otra comunicación escrita de su abogado, Jorge L. Santiago Carrasquillo, en la cual reclama al DCR los motivos para no atender el reclamo de su cliente e ignorar la evidencia presentada. Santiago, quien asesora al exsenador en el proceso de custodia, dijo que la solicitud que hizo De Castro Font es un derecho que le asiste y no una petición frívola.