El contralor electoral, Manuel Torres, propuso que se enmiende la ley electoral para que las cuentas bancarias de todos los comites y candidatos políticos esten bajo el control del gobierno para fiscalizar adecuadamente el movimiento de dinero durante las campañas políticas.

Torres insistió que las transacciones en efectivo y la multiplicidad de cuentas privadas en diferentes instituciones bancarias de cientos de candidatos hace muy difícil una fiscalización adecuada de las recaudaciones políticas.

Las expresiones del contralor se dieron tras la admisión del ex recaudador Anaudi Hernández de haber violado la ley electoral al recaudar cientos de miles de dólares en efectivo para candidatos, lo que constituye un exceso de lo permitido por ley, durante su testimonio en el juicio federal contra los coacusados en el caso de corrupción.

'Hay que analizar la posibilidad que existan cuentas públicas en una institución financiera, la que sea, para que los candidatos políticos tengan que depositar el dinero (como hacen ahora los candidatos a gobernador que tienen que depositar en el Departamento de Hacienda) y que de ahí salgan los pagos a los suplidores. Ahora, la oficina supervisa miles de cuentas, porque cada candidato tiene su propia cuenta en una entidad diferente', explicó Torres.

De acuerdo al funcionario, esta enmienda simplificaría la labor de fiscalización que realiza la Oficina de Contralor Electoral (OCE). Dio como ejemplo que cada mañana se revisan las cuentas de los candidatos a la gobernación y se hace público la cantidad de recaudo. De la misma forma, al quitar de las manos privadas el manejo de las cuentas a todos los candidatos, la OCE tendría mayor injerencia en seguir diariamente el rastro del dinero que manejan los candidatos en la campaña electoral.

'Con los candidatos a gobernación podemos ahora mismo entrar y revisar en qué se gastó el dinero en las cuentas. Con los otros candidatos tenemos que esperar los estados de cuenta trimestrales', señaló.

Torres admitió que no le sorprendieron las declaraciones de Hernández, ya que las disposiciones de la ley electoral que permiten recaudaciones en efectivo facilitan que se pase gato por liebre en el dinero que se recoge e informa en las campañas políticas.

'No me sorprende, porque en la medida en que se permita el efectivo hay espacio para el inversionismo político. La raíz de la corrupción es el inversionismo político. El efectivo es lo más difícil de rastrear, excepto que surjan testimonios como está ocurriendo en el tribunal que confirmen lo que nos podemos imaginar en uno que otro caso. Continuamente, los candidatos tienen que estar enmendando los informes sometidos a nuestra oficina (por inconsistencias encontradas por los auditores)', aseguró.

Propuso que la ley se enmiende para que los candidatos no puedan enmendar sus informes durante el proceso de auditoría. Durante el pasado ciclo electoral, candidatos y comités políticos enmendaron sus informes para incluir cientos de miles de dólares en ingresos y gastos que inicialmente no habían sido informados tras ser señalados por su oficina durante el proceso de auditoría electoral.

Insistió en que el monto de dinero que no se informó pudo haber sido millonario, ya que esa cifra corresponde tan solo al 20% de comités y candidatos auditados por su oficina durante el pasado ciclo electoral.

La auditoría se realiza mediante sorteo de turnos de candidaturas y un tiempo límite de que dispone la ley para que la OCE realice las auditorías una vez haya finalizado la campaña electoral.