Resalta la debilidad de las agencias fiscalizadoras para detectar ingresos mal habidos tanto de funcionarios como de sus campañas políticas.

Casi 20 años después de que se revelara el esquema mediante el que el Departamento de Educación servía de cajero automático para las campañas políticas del Partido Nuevo Progresista (PNP) y varios de sus candidatos, y también años después de que quedara expuesto el entramado del exsenador Jorge de Castro Font para usar su comité de campaña para financiar sus gustos personales, el exalcalde de Cataño, Félix «Cano» Delgado Montalvo, volvió a ejecutar esquemas similares, con un ganancia mínima de $750,000 para su bolsillo en unos cinco años.

La semana pasada, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico oficializó una denuncia criminal contra Delgado Montalvo y una acusación contra el contratista del municipio de Cataño, Mario Villegas Vargas que, entre ambas, detallan el esquema de enriquecimiento ilícito que mantenía el político de 40 años, quien se perfilaba como estrella ascendente en el PNP.

En uno de los esquemas, ejecutado para beneficiar a la empresa Waste Collection Corp., del exabogado del PNP, Oscar Javier Santamaría Torres, el exalcalde recibió $2,000 semanales desde junio de 2017 y en otro, el exalcalde recibió varios relojes de lujo, al menos $94,840 y «$30,000 en efectivo para apoyar (su) campaña a la alcaldía en 2016», de parte de Villegas Vargas para beneficiar a la empresa J.R. Asphalt. Waste Collection recibió poco más de $12 millones en contratos del municipio y la asfaltera recibió casi $10 millones durante la incumbencia del exalcalde.

Los $2,000 semanales de Santamaría Torres, le representaron a Delgado Montalvo $104,000 anuales, lo que significa que los pagos ocultos le duplicaban los ingresos del matrimonio que, según informes en la Oficina de Ética Gubernamental, fluctuaron entre $38,328 y $132,655. Si se cuenta solo el salario oficial como alcalde, $5,500 mensuales, la iguala excedía notablemente los $66,000 anuales que se ganaba oficialmente.

Al sumar la iguala semanal de Santamaría Torres con los pagos y relojes que recibió de Villega Vargas, entre 2016 y 2021 Delgado Montalvo pudo haber recibido unos $750,000 en dinero y artículos malhabidos.

Delgado Montalvo llegó a un acuerdo con la fiscalía federal bajo el que solo devolvió $105,820 y cinco relojes de lujo que la fiscalía valoró en unos $200,000: Rolex Datejust modelo 126300, Rolex Datejust modelo 116234, Rolex Submariner modelo 114060, Rolex Pepsi modelo 116719 y Vacheron Constantin Modelo 4500S/1.

Nada de ese movimiento está reflejado, ni fue tampoco detectado mediante esfuerzos investigativos, en los informes que el funcionario tenía que someter ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) para sus finanzas personales y ante la Oficina del Contralor Electoral (OCE) para sus donativos políticos.

De hecho, en la OCE solo aparece un donativo de $233 que Villegas Vargas hizo en marzo de este año al PNP para su programa de recaudación institucional llamado «Blue Wave». Mientras, Santamaría Torres aparece donando a Delgado Montalvo solo $750 entre 2013 y 2014.

«El black money no se puede detectar, se han tomado medidas, pero vuelven y caen… es un reto para las oficinas fiscalizadoras poder detectar que una persona dió dinero a cambio de un favor, esto recae en la ética y moral, es bien complicado», reaccionó el contralor electoral, Walter Vélez, ante la imputación federal de que Villegas Vargas hizo un donativo político ilegal de $30,000.

A pesar de que la alegación está incluida en una acusación formal de gran jurado, Vélez abogó por esperar a tener más información sobre si los $30,000 fueron realmente una donativo ilegal de campaña o directamente una comisión ilegal para obtener un contrato. «Es prematuro para la (OCE) expresarse porque no se sabe si es un kickback o es un donativo de campaña como se alega», expresó.

Asumiendo que, como dice la acusación, es un donativo ilegal, Vélez aceptó que se activan multas y referidos de procesamiento criminal contra el candidato y contra la entidad o persona que hizo el donativo.

Para colocar los $30,000 en contexto, Vélez contestó a NotiCel que, en su experiencia, los costos de una campaña a la alcaldía de un pueblo varían mucho pero la vara alta, fuera de San Juan, la estableció Guaynabo donde, «en sus tiempos», las campañas eran de $150,000. El promedio, dijo. es de unos $15,000. Vélez anotó que, al menos en términos de la campaña a la gobernación, los costos vienen bajando desde $80 millones en 2012 a $40 millones en 2016 a $32 millones en el pandémico 2020.

Pero los propios reportes de la OCE demuestran que, tan solo en 2020, el comité Amigos Félix «El Cano» Delgado Montalvo gastó $135,670.5 en la campaña de reelección del exalcalde.

El contralor también propuso que el análisis más certero para detectar corrupción no es ver cómo atan los donativos políticos con la concesión de contratos porque las elecciones están limitadas a un año, pero en el resto del cuatrienio «tienes a un funcionario público con un presupuesto millonario dando contratos a mucha gente» y cada contrato puede estar ligado a un pago ilegal.

Vélez confirmó que están llevando a cabo la auditoría regular de Cataño que se tiene que hacer para todos los municipios después de cada elección y que los eventos de las acusaciones federales se van a integrar en la evaluación.

Vea:

Fiscalía usa trato amable al «Cano» y martillazo a Villegas como ejemplos

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