Se trata de actividades políticas no reportadas en sus informes. Además, registraron seis donativos a nombre de personas diferentes al donante real, por un total de $11,000.

La Oficina del Contralor Electoral (OCE) le ha impuesto al Municipio de San Juan una multa total de $$2,850 por violaciones a la Ley de Financiamiento de Campañas Políticas.

La multa original sería de $9,500, pero se aplicó un descuento de 70% para rebajarla,. según dispone la ley orgánica de la OCE, a $2,850. Según la OCE, la campaña de Romero aceptó deficiencias y presentó notificaciones de actos políticos que inicialmente no fueron presentados.

En declaraciones escritas el director de campaña de Romero en el 2020, Ángel Cintrón, aseguró que el comité de campaña cumplió con la ley y reportó a la OCE “todos los donativos y gastos que recibió para ese entonces”

En el escrito de la OCE se señala, de otra parte, que no se encontró evidencia de que el Comité Miguel Romero o el Comité Municipal recibieran un donativo en la forma de aplicación de asfalto de parte de la corporación JR Asphalt, propiedad del corrupto contratista Oscar Santamaría, para “bachear” algunas calles en San Juan.

“Subsiste la contención de Romero Lugo de que él, como parte de sus funciones como entonces Senador por el Distrito de San Juan, hizo gestiones con JR Asphalt, para que con asfalto sobrante de otras obras hiciera el “bacheo” de algunas calles de San Juan. Cabe señalar que, bajo la incumbencia de Miguel Romero Lugo como Alcalde de San Juan, la empresa JR Asphalt se llevó la buena pro de una subasta, para proveer servicios de asfaltado y escarificado, pero el contrato no fue firmado por el Municipio Autónomo de San Juan”, indicó la OCE.

La OCE indagó sobre donativos de Santamaría, Raymond Rodríguez y Mario Villegas al Comité Romero y el Comité Municipal. De la investigación realizada y aceptado por los comités mediante enmiendas realizadas en el 2022 a los informes de ingresos y gastos, las campañas recibieron las siguientes aportaciones:

-Raymond Rodríguez ($1,500 al Comité Romero y $2,000 al Comité Municipal).

- Mario Luis Villegas ($1,500 al Comité Romero y $2,000 al Comité Municipal).

-Santamaría ($2,500 a Comité Romero y $2,500 al Comité Municipal).

El informe de la OCE, con fecha del hoy, 5 de abril, indica que la División de Auditoría y la División de Asuntos Legales de la OCE revisó una serie de donativos y transacciones realizadas por dos comités: Comité Miguel A. Romero Lugo y el Comité Municipal del PNP en San Juan en el 2020. Se les apercibió en un informe de auditoría que habían realizado un “elevado número” de enmiendas para atender deficiencias, entiéndase “actos propios y “omisiones” por transacciones que nunca habían sido reportadas y que quedaron fuera del alcance de la auditoría inicial.

En el caso del Comité Miguel Romero, el informe de enero a marzo del 2020 fue enmendado en 13 ocasiones y el siguiente fue enmendado en 15 ocasiones. El informe de julio a septiembre fue modificado 21 veces y el último, de octubre a diciembre del 2020, en 14 ocasiones.

En cuanto al Comité Municipal, fueron dos enmiendas entre enero y marzo del 2020 y los siguientes informes reflejaron cambios de cuatro ocasiones, seis ocasiones y cinco ocasiones.

“Las transacciones no reportadas en los informes originalmente radicados por el Comité Romero inicialmente incluyeron $184,986.97 de donativos en efectivo y $21,450.00 en donativos recibidos mediante giro. Por su parte, las transacciones no informadas inicialmente por el Comité Municipal incluyeron $89,600.00 de donativos en efectivo y $3,650.00 de donativos recibidos mediante giro”, lee el informe de la OCE.

La OCE encontró las siguientes fallas en el Comité Municipal:

-Registró seis donativos a nombre de personas diferentes al donante real, por un total de $11,000.

-Recibió cuatro donativos de personas jurídicas que no registraron un comité de fondos segregados ante la OCE, por un total de $4,500.

-Realizó 22 actos políticos colectivos para los cuales no sometió la notificación correspondiente.

-Realizó 19 reembolsos para los cuales no se presentaron los justificantes correspondientes.

-Realizó tres transacciones de reembolso que no fueron reportadas en el Informe de Ingresos y Gastos.

El Comité de Romero respondió indicando que estaba solicitando una reunión con la OCE para aclarar “varios puntos”, que ningún señalamiento imputa recibo de donativos ilegales con conocimiento del Comité Romero, único criterio, según alegaron, que pondría la acción sujeta a sanción y que la auditoría de las finanzas del Comité Romero se hizo para todos los candidatos al mismo cargo y se publicó con fecha de 5 de mayo de 2023 y no existe querella sobre las alegadas violaciones cometidas.

Además, que transcurrió el periodo máximo de 30 meses contenidos en la Ley 222 para la jurisdicción y una auditoría de la OCE sobre los informes de la campaña del 2020.

Sobre el hallazgo de que se registraron donativos a nombre de personas diferentes al donante real, el equipo de Romero alegó que nada demuestra que el Comité Romero “conocía” que el donativo provenía de un individuo distinto que el registrado.

“Por lo cual, no se dejó de identificar conforme a la ley al donante que hizo el donativo y no se dejó de conservar la información requerida para donativos”, indicaron.

El equipo de Romero también sostuvo que los comités de campaña no están obligados y tampoco pueden determinar si un donante ofrece un donativo que proviene de un tercero.

“El Comité no debe, y no puede, interrogar bajo perjurio o hacer requerimientos de información sobre la procedencia de los fondos que no se hicieron a nombre de una persona distinta al donante”, afirmaron.

Según la campaña de Romero, en todo caso le tocaba al donante reportar que el dinero que proveía le fue entregado por un tercero.

“De hecho, los donantes admiten que dieron el donativo según la determinación de la OCE. Siempre los gastos de un individuo se costean con ingresos de terceros, ya sea otro individuo o una persona jurídica. El deber de reportar dichos ingresos le corresponde al donante”, indicaron.

Reacciona la campaña de Romero

“Miguel Romero ha tenido varias campañas sujetas al escrutinio de la OCE sin tener señalamientos mayores o referidos de delitos. En la pasada campaña, los donativos anónimos reflejaron lo celoso de la campaña de Miguel Romero con sus donativos que solo recogió un 4% de donativos anónimos versus más de la mitad (51%) de donativos anónimos reportados por Manuel Natal”, sostuvo Cintrón sin explicar por qué incluía a Natal en su declaración.

En lo que concierne a la campaña del 2020, Cintrón explicó que se realizaron todos los reportes y enmiendas necesarias para incluir la información que fue solicitada por la OCE, y se suministró, por lo que no hubo señalamientos por falta de la información requerida por ley.

“Una vez más queda demostrado que, el Comité de Miguel Romero reportó todos los donativos recibidos, sin distinción de persona alguna. El contralor determinó que tampoco hubo el mal llamado “donativo de asfalto” por parte de la corporación JR Asphalt o cualquier otra empresa como intentó imputar falsamente la oposición política. El contralor no encontró nada ilegal ni hubo ningún referido de actividad ilegal”, añadió el director.

Cintrón explicó, además, que otros señalamientos administrativos, que describió como menores, como reporte de ingresos y gastos fueron descartados por el contralor electoral quedando solo un señalamiento de no reportar actividades políticas en el término requerido.

“El Contralor sí destaca que se reportaron todos los donativos, pero se solicitó información adicional sobre los eventos en que se recaudaron algunos donativos y esa información se suplió en el proceso de auditoría del contralor. Recordemos que el 2020 fue el año de la pandemia y fue sumamente complejo poder reunir personas para hacer sus aportaciones legítimas, por eso no necesariamente fueron “actividades de recaudación” como los auditores lo cualifican. Solo por esta discrepancia de interpretación, la campaña de Miguel Romero acordó pagar la cuantía mínima de $2,850 como sanción administrativa por reportar cierta información secundaria de 19 instancias que ellos catalogan como “actividad de recaudación”. No obstante, siempre se reportaron a tiempo los gastos y donativos recibidos y por ello no hay señalamiento de nada ilegal de parte del contralor electoral. Seguimos firmes y enfocados en la campaña de reelección del 2024 para continuar la gran e innegable obra de Miguel Romero en la Ciudad Capital”, finalizó Cintrón.

Puede ver la determinación de la Oficina del Contralor Electoral aquí: