Todo comenzó en mayo de 2018 cuando la Junta de Directores de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) declaró un estado de emergencia sobre el servicio de lanchas para las islas municipio de Vieques y Culebra mediante su Resolución 2018-02. Dicha declaración dio paso a la mudanza de las instalaciones del muelle de Fajardo al muelle 2 de la antigua Base Naval Roosevelt Roads en Ceiba y al muelle Mosquito en isla nena.

En las últimas semanas, una nueva crisis explotó tras conocerse que la ATM desvió una lancha de carga que iba hacia Vieques para llevar suministros a una actividad privada para lo que el ferry atracó en un puerto no autorizado por la Guardia Costera.

Desde entonces, las lanchas han vuelto a dañarse en un par de ocasiones dejando varados a residentes y visitantes en ambas islas. La situación provocó que Rosselló activara la Guardia Nacional para que ayude en el envío de suministros que comenzaron hoy con varios viajes de las barcazas de la Guardia Nacional.

En julio de 2018 cuatro empresas visitaron las instalaciones de Ceiba donde recibieron una descripción de los trabajos que allí debían llevarse a cabo para lo que se hizo una subasta por invitación. El contrato fue otorgado a la empresa SQR Architects and Engineers Consulting, PSC., por la cantidad de $831,140.00, para trabajos que van desde hormigón de piso en área de lanchas y pasajeros hasta la construcción de tres casetas de guardias de seguridad, verja de 'cyclone fence' y estacionamientos de empleados y visitantes en grava granulada. Los trabajos debieron estar listos para el mes septiembre de 2018.

'En lugar de exigir el cumplimiento con los trabajos contratados bajo la excusa de una declaración de emergencia, la Junta enmendó el contrato original para añadir la cantidad de $784,038.94. Ese contrato violenta la ley de dos maneras. Primero, utiliza una declaración de emergencia para realizar trabajos ordinarios. Segundo, no puede haber un cambio de orden que exceda entre 25% y 30% del valor total de la obra', denunció el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal Jose Torres.

El tambien senador explicó que el 7 de noviembre de 2018, sin que se hubiera cumplido con los trabajos del contrato inicial, se aprobó una segunda enmienda al contrato agregando la cantidad de $933,872.50.

Las nuevas tareas estaban listadas como caseta de seguridad, aceras, portón de entrada, acondicionador de aire en cuarto de lactancia, verjas y portones adicionales, velas de metal para la fachada, distribución electrica para máquinas de refresco y ATH; instalación y acarreo de seis palmas, entre otras labores que no constituyen ni tienen los requisitos para ser catalogados como una emergencia.

El Presidente del PPD condenó que el contrato inicial de $831,140.00 terminó constándole al pueblo de Puerto Rico $2,549,051.44. Los trabajos debieron haberse entregado el 31 de diciembre de 2018 y al día de hoy no se han completado, recordó Torres.

'Este caso es escandaloso. Es terrible que las malas mañas de proyectos como el Súper Acueducto del Norte se esten utilizando nuevamente. Se trata de proyectos que utilizan el dolor, necesidades y pesares diarios de nuestra gente y en lugar de resolver esos problemas al menor costo posible, se hacen para enriquecer a unos particulares burlando la ley y el orden. Se usa esa queja recurrente de nuestra gente como parapeto para enriquecer a un contratista. Se usa una declaración de emergencia para hacer trabajos que nada se relacionan a lo inminente, burlando los procesos de una sana administración pública. Usted sabe que algo anda mal cuando contrata un trabajo por $800,000.00 y termina pagando más de $2,500,000.00 millones', concluyó el senador popular.

Torres refirió el asunto a la Oficina de la Contralora y Ética Gubernamental.