La primera vista oral del Tribunal Supremo en la que se permitió la entrada a la prensa a grabar los procedimientos, se caracterizó por cuestionamientos sobre cómo la recien aprobada Reforma del Sistema de la Judicatura afecta la independencia judicial, a los ciudadanos y el propio sistema judicial.

Entre los momentos álgidos de la vista oral entre la procuradora general, Margarita Mercado, y los jueces del Supremo, fue al cuestionarsela legalidad de la aplicación retrospectiva de la Ley 162 del 2013.

En ese sentido, el abogado del juez demandante GermánBrau, licenciadoHiramSánchez,sostuvo que la Legislatura tenía la facultad de hacer cambios dentro del sistema de pensiones de la judicatura de maneraprospectiva, mas no así a menoscabar los derechos adquiridos a los juecesincumbentes. El representante de la Oficina de la Administración de Tribunales (OAT), licenciado JuanMárquez, concurrió en este punto con Sánchez.

Tanto el juez Rafael Martínez Torres comoEricKolthoff, cuestionaron con insistencia a la Procuradora sobre el cambio de postura del Departamento de Justicia en comparación a la ponencia que presentó ante la Cámara de Representantes elexsecretarioLuis SánchezBetances.

En dicha ponencia, SánchezBetancesmanifestaba que no había trabas legales con respecto a la Reforma porque aplicaba de maneraprospectiva.

No obstante, Mercado planteó que la postura del Departamento no era inconsistente sino que respondía a que SánchezBetanceshabía emitido su opinión en base a una evaluación al proyecto original enviado por La Fortaleza y no con las últimas enmiendas introducidas en la Legislatura.

Mercado apuntó que en la Constitución sólo se garantiza el salario de los jueces y no así la pensión, lo que provocó un careo con los jueces.

De otro lado,Márquez, precisó que al momento 44 jueces podrían buscar el retiro para evitar los efectos de la Reforma ya que cumplen con los requisitos para la jubilación y existen disponibles una veintena de plazas vacantes, que a su vez, podría provocar un disloque del sistema judicial.

Tanto el juez Luis Estrella como LuisFelibertiargumentaron que los jueces buscarían jubilarse por la cláusula de la Ley 162 que dispone que aquellos que quieran jubilarse con una cotización de 75% del salario podrán hacerlo antes de julio 2015.

De este modo, según argumentaron los togados, esto deja espacio a que la administración García Padilla nombre cerca de 60 jueces.En esa línea,Feliberticuestionó si eso no se podría considerar como una presión indebida, a lo queMercado respondió que no era una presión indebida sino una cláusula de salvedad en la legislación que podría ser eliminada sin dejar sin efecto la Ley 162.

Citando el caso Bayron Toro v. Serra, Estrella destacó que más allá de demostrar las razones para implementar la Reforma, el Estado tenía que demostrar que las medidas adoptadas eran las únicas disponibles para atender la crisis fiscal del plan de pensiones. Sin embargo, no puede probarse ante la falta de un informe actuarial y que no se ha declarado estado de emergencia, como cuando se aprobó la Ley 7 del 2009, según el juez nombrado por la pasada administración.

De otro lado,Sánchez sostuvo que laReforma atenta contra la independencia judicial al dejar la puerta abierta a futuros cambios dentro del plan de pensiones de los jueces.

Sánchez sostuvo que ante la posibilidad de lo que pudiera interpretarse como represalias hacia los jueces, estos pudieran cohibirsede tomar decisiones libres en el estrado.

Sin embargo, el juez presidente Federico Hernández Denton, reconoció que aunque existe el temor de que los jueces no sean renombrados por sus determinaciones, como ha ocurrido en el pasado, eso no debe impedir que resuelvan los casos que tengan ante sí.

Tanto Hernández Denton, como la jueza Anabelle Rodríguez Rodríguez, y el juez Rafael Martínez Torres, dejaron claro que la independencia judicial garantiza a los ciudadanos que existe una rama gubernamental que aquilata la ejecutoria de las otras dos ramas y busca conceder un agravio al pueblo en base a derecho.

Durante la vista oral, el juez Edgardo Rivera García no estuvo presente por encontrarse fuera de Puerto Rico por el nacimiento de su nieto. Pero, según carta leída por Hernández Denton, Rivera García se comprometió a evaluar la transcripción de la vista para adjudicar y resolver el caso.