¿Están en juego las obras de arte de los museos públicos en un proceso de quiebra?

A esa polemica se enfrentó el curador de arte y exdirector del Instituto de Arte de Detroit (DIA, por sus siglas en ingles), Graham Bael, cuando en el 2013 esa ciudad radicó bancarrota y se le asignó al manejador de emergencia, Kevyn Orr, para encaminar las finanzas de la municipalidad.

En ese entonces a Bael se le exigió que vendiera la colección del museo, valorada en cerca de $6,000 millones, para 'poder costear las pensiones de los ciudadanos', según contó.

Tras conocer que el museo era administrado por una Junta de Síndicos, Orr optó por ir tras las obras que habían sido compradas por 'la ciudad de Detroit' puesto a que estableció que habían sido costeadas por fondos públicos y por tanto, pertenecían a la municipalidad. '[Orr] lo quería hacer ver como si nosotros fuesemos este museo elitista en contra de los pensionados, cuando no era así', narró el exdirector, quien pocos meses antes de la bancarrota había logrado implementar cambios trascendentales en el DIA con ayuda de los ciudadanos de la ciudad.

Según contó Bael, la narrativa de Orr para justificar la venta de la colección utilizaba el lema 'A nadie le importa los acreedores. Nos importan los pensionados'.

No obstante, Bael y la Junta de Síndicos encargados del DIA argumentaban que las ganancias que se le sacarían a sus pinturas no irían a los pensionados de la ciudad y se utilizarían para pagarle a los acreedores, dejando al final de la fila a los retirados y con la cuantía más pequeña de dinero.

'[Él] me mencionó que jugaba golf con alguien que le interesaba la colección del museo y que esta persona estaría enviando un equipo para evaluar las obras. Los expertos en arte saben que una evaluación puede durar cerca de un día y medio por pieza, y nosotros teníamos más de 60 mil piezas. Tardaría años', expuso Bael quien accedió a que el equipo evaluador comenzara el proceso mientras trataban de posponer llegar a los tribunales.

Cuando no pudieron empujarlo más, se adentraron en un proceso legal en el cual solicitaron la ayuda del fiscal general y del gobierno central del estado de Michigan, quien en ese entonces era dominado por republicanos.

'Aunque el fiscal general concordó con nosotros que las piezas no podían ser vendidas, el caso llegó hasta un juez que solicitó se materializaran los recibos de venta de las piezas', informó el exdirector mientras dijo que el museo había mantenido documentado todas las transacciones que habían hecho para obtener obras de artes.

Los documentos probaron al magistrado que las transacciones que habían aparecido bajo el nombre de la ciudad de Detroit habían sido compradas con dinero de donantes privados a la ciudad y por tanto no podían ser vendidas a un coleccionista privado.

'El juez declaró que vender las obras del DIA sería vender el futuro de Detroit', afirmó Bael. Para el exdirector, vender el arte de un museo es 'como robar'.

'No debería pasar, [el arte] es lo que enriquece la vida de las personas', argumentó Bael.

La ciudad de Detroit pasó por un proceso de quiebra similar al que mantiene Puerto Rico y, similar a la isla, se le adjudicó un manejador que se encargaría de las finanzas de la municipalidad y se aseguraría de cumplir con el pago de la deuda.