Radican cargos contra un laboratorio clínico en Humacao por fraude
La corporación Laboratorio Clínico Central II, presuntamente, se apropió ilegalmente de $103,629 del programa Medicaid.
El Departamento de Justicia radicó 28 cargos criminales contra la corporación Laboratorio Clínico Central II en Humacao por un supuesto esquema de fraude al programa Medicaid, que resultó en apropiación ilegal de $103,629 entre enero de 2020 y diciembre de 2023.
“La colaboración de la ciudadanía es clave para poder identificar este tipo de esquema, que además de generar desconfianza en el sistema de salud, genera pérdida de fondos para servicios reales y desvía recursos gubernamentales que deben llegar directo al ciudadano”, expresó la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, en declaraciones escritas.
La agencia indicó que el laboratorio supuestamente sometió reclamaciones fraudulentas a los planes Plan de Salud Menonita y First Medical. Como parte del esquema, se apropiaron de identidades de médicos y pacientes para facturar por servicios no solicitados ni autorizados.
La investigación estuvo a cargo de la fiscal Brenda Rosado Aponte, la agente Rosalía Berenguer Zurita de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid, y el agente Fernando Vázquez Barreto de la Oficina del Inspector General de Salud Federal. El juez Juan León González del Tribunal de Primera Instancia de San Juan encontró causa para arresto. La vista preliminar será el 20 de agosto.
Según el Departamento de Justicia, el esquema se detectó por un referido del Programa de Integridad del Departamento de Salud y una querella ciudadana ante el Plan de Salud Menonita. La querellante se percató de facturaciones que no había recibido ni autorizado.
El director ejecutivo de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid, Luis Freire Borges, instó a la ciudadanía a reportar este tipo de delito al correo electrónico PRMFCU@justicia.pr.gov.
La unidad está adscrita al Departamento de Justicia y recibe el 75 por ciento de su presupuesto del Departamento de Salud federal, con el resto financiado por el Gobierno de Puerto Rico.