El Departamento de Justicia evaluará la toma de acción legal contra miembros de pasadas administraciones involucrados con Ecolift, empresa a traves de la cual el Gobierno adquirió un helicóptero para fungir como ambulancia del Departamento de Salud.

La determinación surgirá luego de evaluar el informe del representante por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Juan Oscar Morales Rodríguez, quien como presidente de la Comisión de Salud denunció irregularidades con la compra de la aeronave por $7.7 millones.

'Nosotros mañana [miercoles] nos vamos a reunir con el representante Morales, quien va a ir al Departamento de Justicia a llevarnos la investigación. Así que una vez nos reunamos con el y tengamos el informe de la Cámara, pues obviamente el Departamento de Justicia determinará si va a continuar', explicó la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced.

La Secretaria estuvo reunida con el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Hector Pesquera, y la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez para discutir el plan anticrimen.

Durante una vista pública en marzo 2017, Morales Rodríguez recalcó que la administración del exgobernador Alejandro García Padilla compró un helicóptero para sustituir las tareas de Aeromed, compañía que presta servicios de ambulancia aerea, para que continuara los servicios a los pacientes de Mi Salud. Esto, aún cuando se alegaba que los problemas con Aeromed se habían resuelto.

Al día de hoy, la nave no ha sido puesta en funcionamiento.

En total, los negocios de la empresa Ecolift con el Gobierno de Puerto Rico ascienden a $59.5 millones desde el 2006 hasta el presente. La empresa mantiene contratos vigentes con la Autoridad de Puertos, para el alquiler de un inmueble por $767,673.84 hasta de 2016 hasta 2022, y el helicóptero de Salud, con vigencia hasta el 2021.

A nivel federal, el dueño de Ecolift, Ernesto DiGregorio Godoy, fue acusado por elaborar un esquema de fraude en la venta de un helicóptero Bell del 2014, modelo 429, al Gobierno de Puerto Rico en la medida en que entregó en su lugar un modelo del 2013 sin una serie de accesorios requeridos.

Además, según el pliego acusatorio las modificaciones completadas al producto no cumplían con las regulaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en ingles).

En total, sus actos redundaron en una ganancia personal de más de dos millones de dólares, por lo que se expone a 20 años de cárcel.