La petición afirma que mantener las grabaciones de forma confidencial lacera la confianza que tiene el Pueblo en tan importante institución

El Overseas Press Club (OPC) y Telemundo solicitaron hoy al Tribunal Supremo que se divulguen las grabaciones de las vistas del caso de Andrea Ruiz Costas, quien fue asesinada la semana pasada y quien, se supo, había solicitado una orden de protección al tribunal que le fue denegada.

Ruiz Costas intentó que se presentaran cargos por acoso y amenaza contra su exnovio, Miguel Ocasio Santiago, pero la jueza municipal del Tribunal de Caguas, Ingrid Alvarado Rodríguez, no encontró méritos en sus reclamos.

El cuerpo calcinado de la mujer, de 35 años, fue encontrado el jueves pasado en el área de Guavate en Cayey.

En una “Solicitud urgente y especial”, firmada por el telereportero Luis Guardiola como presidente del OPC, se señala que ya ha trascendido públicamente que la víctima acudió en tres ocasiones ante la Rama Judicial en busca de auxilio ante el acoso del que estaba siendo sometida, “pero se desconoce qué información se vertió ante su consideración”.

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“En consecuencia, varios miembros del OPC han solicitado que se divulguen las grabaciones de las vistas celebradas en torno al caso de marras, así como cualquier documento o material audiovisual relacionado al mismo. En respuesta, miembros del OPC han sido confrontados con una Orden Protectora emitida el pasado 3 de mayo de 2021 por el Hon. Ricardo G. Marrero Guerrero, Juez Administrador de la Región Judicial de Caguas y uno de los jueces reasignados a la Sala Especializada de Casos de Violencia Doméstica, mediante la cual se le prohíbe al Departamento de Justicia, bajo apercibimiento de desacato, permitir que cualquier persona que no sea parte del Departamento escuche o divulgue el contenido de las regrabaciones de los procesos judiciales celebrados los días 25, 26 y 31 de marzo de 2021 relacionados a este caso”, dice el documento.

El juez emitió la orden después de que el lunes en la mañana NotiCel solicitara al Poder Judicial acceso a las grabaciones, tras publicar el sábado que Ruiz Costas había pedido protección al tribunal contra su asesino. Esa solicitud fue contestada ayer, martes, en la tarde con una copia de la orden.

“Harto conocido es que, ante el Gobierno, se le reconoce a todo ciudadano común “el derecho legal de examinar e investigar cómo se conducen sus asuntos, sujetos sólo a aquellas limitaciones que impone la más urgente necesidad pública”. Soto v. Srio. de Justicia, 112 D.P.R. 477 (1982)”, agrega el documento, firmado también por el licenciado Cirilo Cruz Tejeda, asesor legal del organismo periodístico.

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De acuerdo con la petición, «cuando el gobierno invoca una ley o reglamento como fundamento para negar al ciudadano el acceso a información pública, la regulación debe satisfacer un escrutinio judicial estricto».

«En concreto, deben cumplirse los siguientes requisitos: (a) caer dentro del poder constitucional del gobierno; (b) propulsar un interés gubernamental apremiante; (c) que tal interés no esté directamente relacionado con la supresión de la libertad de expresión; y (d) que la restricción a la libertad de expresión no sea mayor de lo necesario para propulsar dicho interés. Respetuosamente entendemos que la limitación de acceso a los documentos o grabaciones audiovisuales relacionadas al caso de marras no satisface los criterios de escrutinio estricto», lee la petición.

La petición Guardiola, el OPC y Telemundo afirma que «mantener las grabaciones de forma confidencial lacera la confianza que tiene el Pueblo en tan importante institución, e impide que las alegaciones hechas por la propia víctima puedan ser corroboradas o rebatidas».

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