El municipio de Guaynabo tendrá que responder por el alegado hostigamiento sexual que perpetró el hijo del exalcalde Hector O'Neill García contra una abogada empleada del ayuntamiento.

Así lo decidió la jueza presidenta del Tribunal Federal, Aida Delgado Colón, el 15 de octubre pasado en una orden dentro del caso que entabló la exabogada del municipio, Ines María Jelú Iravedra, y en la que se pide una compensación de $10 millones por los actos de hostigamiento y de represalia.

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Los imputados en este caso con O'Neill García, a quien se le responsabiliza vicariamente como administrador municipal, el hijo de este, Hector O'Neill Rosa, quien habría sido el hostigador directo, y el propio municipio.

En las alegaciones está involucrado tambien el actual senador Miguel Romero, ya que fue el abogado contratado por el municipio para investigar las alegaciones y rindió un informe a favor del municipio.

La abogada, que comenzó a trabajar en el municipio en julio de 2012, impugnó a Romero porque 'simultáneamente (a investigar su caso) proveía representación legal a la Oficina de Recursos Humanos del ayuntamiento sobre los terminos y condiciones de su empleo, incluyendo las evaluaciones (de desempeño que se le habían realizado)'.

Añade que la investigación de Romero no cumplió con los estándares del debido proceso de ley porque 'consistió de entrevistas individuales de las partes y testigos y en examinar evidencia documental a puerta cerrada' sin que ocurriera una confrontación de la prueba y los testigos.

Ya O'Neill Rosa había intentado que la jueza Delgado desestimara el caso de Jelú Iravedra pero no pudo. Lo que sí logró fue devolver al tribunal de Puerto Rico una reclamación de difamación que el había presentado contra Jelú Iravedra como parte de las controversias alrededor del caso y que la abogada se había querido llevar al foro federal.

La jueza Delgado había denegado la solicitud de sentencia sumaria del hijo de O'Neill García y con esta decisión deniega tambien un pedido similar que hiciera el municipio por lo que el caso queda listo para proseguir a juicio. De hecho, en una moción separada, los abogados de Jelú Iravedra dicen estar listos para seguir al juicio y revelan que, a petición del municipio, la demandante sometió una oferta transaccional pero nunca le contestaron.

Este acercamiento de transacción habría ocurrido en diciembre pasado cuando el municipio ya estaba en manos del sucesor de O'Neill, Ángel Perez, quien ha dicho que no tendrá tolerancia con el hostigamiento sexual pero, por otro lado y en el contexto de la demanda, el municipio está argumentando que las reclamaciones de Jelú Iravedra no tienen merito y que su despido del municipio no tuvo nada que ver con las querellas de hostigamiento que sometió.

Según la demanda de Jelú Iravedra, el exalcalde O'Neill mantenía una especie de haren en el ayuntamiento con la implicación de que tanto el como su hijo podían hacer acercamientos de índole sexual a las mujeres empleadas de manera impune.

Específicamente, sostuvo que, como director de la campaña de su padre, O'Neill Rosa tenía una tarjeta de acceso a las oficinas del ayuntamiento que usaba para, usualmente despues de las 4:00 pm, llegar hasta el área de trabajo de la abogada y hostigarla. O'Neill Rosa, por su parte, niega estas imputaciones pero admite que entre el y la abogada demandante hubo una 'relación romántica esporádica'.

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El patrón de hostigamiento habría ocurrido entre los veranos de 2012 a 2015 y la abogada negó que hubiera consentido a las presiones sexuales de O'Neill Rosa. El hijo del exalcalde admite tambien que todo lo que ocurrió fue a puerta cerrada y sin conocimiento de terceros.

El municipio sostuvo, sin exito, que la versión de Jelú Iravedra 'es simplemente tan increíble y contradicha por el record que ningún jurado razonable la creería' y que tan pronto recibió una querella formal de la abogada, la cual tardó hasta el 2015 en llegar por sus temores de represalia, le retiró la tarjeta de acceso a O'Neill Rosa y tomó otras medidas.

Sin embargo, paralelo a este proceso, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ha determinado que el municipio no tenía protocolos adecuados para el manejo del hostigamiento sexual en el empleo.

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