La organización Espacios Abiertos (EA) solicitará una reconsideración de la decisión del Tribunal Apelativo en su decisión de denegar el acceso al público al informe sobre los Acuerdos de Reducción de Impuestos.

El pasado 6 de noviembre de 2018, Espacios Abiertos presentó una petición de Mandamus ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para tener acceso al informe mencionado y otros gastos fiscales que fue preparado por el Gobierno de Puerto Rico y entregado a la Junta de Supervisión Fiscal durante el año 2017, por considerarse este un documento público a la luz de la Ley de Documentos Públicos y la extensa jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

El Tribunal de Instancia en diciembre declaró con lugar la petición de Espacios Abiertos, y ordenó al Gobierno de Puerto Rico a divulgar la información solicitada de forma inmediata. El Gobierno de Puerto Rico por su parte, insistió en mantener la información en secreto y recurrió al Tribunal de Apelaciones para evitar la publicación en Puerto Rico de información que según explica Espacios Abiertos 'es pública en los Estados Unidos y muchos otros países en el mundo'.

Según detalló la organización, un panel de tres jueces determinó en opinión dividida revocar esa determinación del Tribunal de Primera Instancia argumentando que la Sección 208(B)(2) de la Ley PROMESA expresamente prohíbe tanto a los miembros de la Junta como a su personal divulgar el contenido del informe, y resolviendo que la limitación de divulgación del informe establecida en PROMESA se extiende al Gobernador de Puerto Rico y su representante en la Junta.

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La voz disidente en ese panel, la juez Gina Mendez Miró opinó que 'no es momento para privar al País de su derecho a conocer cómo el Estado maneja aspectos fiscales tan medulares como la otorgación de acuerdos discrecionales de reducción de impuestos a particulares'.

'Diferimos energicamente de la decisión del tribunal. Nuestro reclamo es al acceso de información que se originó en una agencia pública y de por sí esa información debe ser pública. Las leyes y la jurisprudencia de Puerto Rico son claras al respecto. Estas protegen y garantizan ese derecho de acceso a la ciudadanía. No vamos a claudicar en hacer valer un derecho que nos asiste,' expresó por su parte la la directora ejecutiva de EA, Cecille Blondet.

La directora además adelantó que no descartan recurrir al Tribunal Supremo en su lucha por conseguir la información pública denegada por el Gobierno.

'El interes no es obtener información confidencial de nadie. Hemos reiterado una y otra vez que cualquier información confidencial de contribuyentes se tache o elimine del informe. Las exenciones contributivas son una parte de lo que se conoce como presupuesto de gastos fiscales, y en Puerto Rico esa parte del presupuesto está fuera del escrutinio público, es un presupuesto oculto. Ese es dinero del Pueblo y el pueblo tiene derecho a conocer que se hace con su dinero', concluyó Blondet.

Puede leer la determinación del Tribunal aquí: