El expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, se declaró culpable de dos cargos levantados en su contra por la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI).

Según confirmó el fiscal Ramón Mendoza a NotiCel, el exlegislador se declaró culpable por violaciones al código penal 263, que incurre en una multa de $5 mil con una restitución de $15 mil y de delito electoral, que incurre una multa de $500 y un restituir $10 mil al OPFEI.

Por su parte, el Ministerio Público se mostró satisfecho con el acuerdo ya que según Mendoza el expolítico aceptó con su declaración de culpabilidad todas las acusaciones. 'Lo que es el resultado del proceso es que se demostró que este señor le falló a la confianza del Pueblo de Puerto Rico', dijo Mendoza tras culminar el proceso judicial.

Consecuentemente, Mendoza rechazó que el PFEI haya archivado cargos a Perelló, contra quien pesaban cinco cargos. De estos, cuatro cargos fueron consolidados en uno por negligencia al Art. 263 del Código Penal y un segundo cargo por la Ley de Financiamiento de Campañas que se reclasificó como violación al Código Electoral.

'Aquí no se archivó nada. Él se declaró culpable por haber sido negligente en el manejo de fondos que es la malversación de fondos públicos; en haber dado información que obtuvo en su cargo para el enriquecimiento de terceras personas; haber intervenido en operaciones de Gobierno, específicamente en los contratos para Anaudi y sus corporaciones y socios. Aquí no se archivó nada, todas las conductas se consolidaron en dos cargos', explicó a NotiCel el PFEI, Mendoza.

Mendoza sostuvo que el acuerdo para que se declarara culpable el otrora presidente cameral, demuestra el compromiso y la efectividad del OPFEI.

Por su parte el abogado de Perelló, Jose Andreu Fuentes reiteró la inocencia de su cliente en los cargos de corrupción.

'Se trató de una alegación de culpabilidad por conveniencia para culminar la agonía de tantos años y poder continuar con su vida profesional y familiar sin la molestia de seguir litigando el caso. Definitivamente este desenlace demuestra que Perelló nunca incurrió en los actos de corrupción imputados, que se trató de acusaciones viciosas que se fueron eliminando y desestimando en el camino y que culminaron en prácticamente el archivo total de los casos con este acuerdo por infracciones menores', informó Andreu Fuentes.

Contra Perelló pesaban cinco cargos por violaciones a la Ley 222 de financiamiento de campañas políticas como enriquecimiento ilícito e injustificado así como intervención indebida en las operaciones gubernamentales y malversación de fondos públicos.

'Mi integridad y honestidad ahora tiene un certificado de autenticidad. Estoy reivindicado ante mi País. Cuatro largos años de ataques infundados y acusaciones frívolas hoy culminan con el único resultado posible, ni un solo caso de corrupción se pudo sostener. La Gloria es de Jehová. Ahora llego el momento de conversar con mi País con la fuerza de la verdad de mi lado', publicó Perelló en su cuenta de Facebook.

El pasado enero, Perelló, se libró nuevamente de cinco cargos que pesaban contra el relacionados a la Ley de Ética Gubernamental y que habían sido presentados por el OPFEI.

Perelló había sido acusado por perjurio, falsificación ideológica, traspaso de documentos falsos y dos cargos por violación al Artículo 5.07 de la Ley de Ética.

El año pasado, los fiscales Leticia Pabón y Ramón Mendoza habían acudido al Tribunal Apelativo pero ese tribunal sostuvo la decisión original del juez Enrique Silva Aviles, quien había desestimado en febrero los cargos que pesaban contra Perelló relacionados al donativo recibido por el convicto Lutgardo Acevedo.

La defensa legal de Perelló, Jose Andreu Fuentes, había planteado que la Ley de Ética aplica exclusivamente a funcionarios de la Rama Ejecutiva a la vez que establece que los funcionarios de la Rama Legislativa y Judicial se tienen que adherir a los reglamentos administrativos aplicables. Perelló recibió un donativo de $10,000 en efectivo por parte de Lutgardo Acevedo que no fue reportado ante la Oficina del Contralor Electoral (OCE) ni en el informe de ingresos que está obligado a presentar ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

Andreu Fuentes insistió sobre el hecho de que Perelló Borras no haya reportado el donativo ante la OEG no implica delito pues no hay que reportar donativos políticos, mientras que el no reportarlo ante la OCE tampoco implica delito o al menos no se le puede adjudicar al expresidente cameral, más bien al tesorero de su campaña contra quien no se le encontró causa para procesar.

El legislador fue involucrado por el recaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández, en un esquema de corrupción que vio el arresto de varios funcionarios públicos en distintas ramas del gobierno que habían sido posicionados por Hernández durante la administración del exgobernador Alejandro García Padilla.