Supremo federal evaluará la disparidad en ayudas para Puerto Rico
El Alto Foro aceptó la solicitud del Gobierno de los Estados Unidos para evaluar decisión del Circuito que declaró inconstitucional el trato desigual.
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos aceptó hoy evaluar el caso que declaró inconstitucional el trato discriminatorio hacia Puerto Rico en la ayuda del programa de Ingreso de Seguridad Sumplementario (Supplemental Security Income, SSI, en inglés).
Específicamente, la controversia a atender es si el Congreso violó la igual protección de las leyes bajo la Cláusula de Debido Proceso de la Quinta Enmienda cuando estableció que el SSI aplicaría a los 50 estados, el Distrito de Columbia y las Islas Marianas (por virtud de un pacto negociado con esa jurisdicción), pero no lo extendió a Puerto Rico.
El SSI es un programa dirigido a los indigentes mayores de edad, ciegos o discapacitados y el Centro para una Nueva Economía calculó que, de aplicar en la Isla igual que en otras jurisdicciones, representaría unos $2,580 millones en ayuda para más de 435,000 personas. Para beneficiarios del programa adultos mayores de 65 años, el pago mensual promedio sería $436.87 y para beneficiarios con discapacidad menores de 65 años sería $570.03.
El Supremo federal había dado señales desde diciembre de que estaba listo para decidir sobre la solicitud de revisión que había sometido el Procurador General de los Estados Unidos, pero lo aplazó varias veces. Una posibilidad política es que estuviera dando oportunidad a que la nueva administración Biden-Harris tomará una determinación interna sobre si proseguían con la revisión o se allanaban a la decisión de inconstitucionalidad que emitió el Primer Circuito de Apelaciones en abril del año pasado por voz del difunto juez puertorriqueño, Juan R. Torruella. A su vez, esa decisión del Circuito fue para refrendar la decisión que había tomado en instancia el Juez Presidente del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Gustavo A. Gelpí, en febrero de 2019.
Los hechos del caso son que José Luis Vaello Madero, un puertorriqueño que nació en la Isla, se mudó a Nueva York y allí comenzó a recibir los beneficios del programa. Cuando se regresó a Puerto Rico, siguió recibiéndolos hasta que el gobierno le suspendió la ayuda y, además, lo demandó para recobrar los $28,081 que había recibido desde que se mudó debido a que el programa no aplica a residentes de la isla.
Al solicitar al Supremo federal la revisión de la decisión del Circuito, el Procurador General de la Administración Trump introdujo elementos del status político argumentando que el Congreso tiene “interés legítimo en evitar una relación fiscal unilateral bajo la cual Puerto Rico comparte los beneficios económicos, pero no las cargas, de la estadidad”. “Puerto Rico contribuye algún dinero al tesoro federal, pero menos de lo que contribuiría si fuera un estado. A cambio, recibe algún dinero de vuelta del tesoro federal pero, otra vez, menos de lo que recibiría si fuera un estado”, justificó.
La decisión que el Supremo federal tome en el caso de Vaello Madero puede tener impacto en un segundo caso que ya fue decidido en instancia a favor de los puertorriqueños para trato igual en los programas, no solo de SSI, sino también del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) y el subsidio de bajos ingresos de la Parte D de Medicare (LIS, por sus siglas en inglés).
“La red de seguridad social federal es más débil y porosa en Puerto Rico que en el resto de la nación”, estableció el juez William G. Young en ese segundo pleito.
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