El expolítico del PPD pidió sentencia de probatoria por involucrarse en un esquema de corrupción, el cual confesó, pero la jueza federal enfatizó que tiene que haber castigo en la sentencia para evitar que otros incurran en esos delitos.

La jueza federal Silvia Carreño Coll sentenció al exalcalde de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez, a 30 meses de cárcel por su involucración en el esquema de corrupción y rechazó concederle solo probatoria porque entiende que, aunque el convicto confesó y devolvió voluntariamente $114,000 que había generado por sus actos ilegales, la sentencia debe implicar un castigo real de manera que pueda servir de disuasivo a otros.

Acompañado en sala por hijos, familiares y amigos, Cintrón Suárez hizo una súplica llorosa en la que reflexionó que «no me faltaba nada, pero lo he perdido todo», mientras que sus abogados pidieron a la jueza que tomara en cuenta que el expolítico del Partido Popular Democrático (PPD) ha tenido que asumir personalmente el cuido diario de sus padres.

La jueza le reconoció al hombre de 54 años los aciertos de haber confesado su conducta, de tener el apoyo de su familia y de asumir el cuido de sus padres, pero recordó que, como le pidió el fiscal Nicholas Cannon, su sentencia también tenía que «promover el respeto a la ley y proteger al público de más crímenes». La fiscalía había pedido 46 meses, por los que los 30 meses finales son una reducción y la jueza permitió que el exalcalde se entregue voluntariamente en una fecha posterior y recomendó que cumpla su sentencia en una institución de seguridad mínima en Florida.

«El mero número de casos de oficiales públicos cogiendo dinero… es indignante y la única manera de combatir eso es enviar un mensaje significativo a la comunidad de que la conducta no será tolerada, los perpetradores serán investigados y el tribunal impondrá castigo», expuso Cannon al enumerar tres factores que la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia federal quería que la jueza tomara en cuenta en la sentencia. Los otros fueron que «los delitos de corrupción pública tienen un claro impacto devastador en las comunidades y el gobierno» y que la conducta de Cintrón Suárez no se reduce a una sola vez, un solo desliz, sino que desde que llegó al cargo en 2013 participó en un «esquema continuo que lo enriqueción injustamente».

En un escrito, Cannon añadió también que el $1.00 que el exalcalde cobraba por metro cuadrado de asfalto nuevo que tirara en las calles del pueblo la empresa J.R. Asphalt, Inc. también implicaron evasión contributiva porque fue ingreso que no reportó. Además de lo que pagaban a Cintrón Suárez por asfalto nuevo, la empresa pagaba la misma cantidad al exdirector de Obras Públicas del municipio, Ramón Conde Meléndez, por cada metro cuadrado de asfalto que removieran, por lo cual éste se declaró culpable también en un caso separado.

En la defensa del exalcalde, el licenciado Carlos Andreu argumentó que lo que es un disuasivo no es la severidad de la condena sino la certeza de que el criminal será procesado y en este caso su cliente contactó a la fiscalía, levantó las manos y devolvió dinero. «El gobierno no sabía que tenía ese dinero, pero él lo sabía… eso es arrepentimiento, eso es aceptar responsabilidad», dijo la abogada María Domínguez para resaltar el argumento de clemencia.

El llanto interrumpió la alocución de Cintrón Suárez cuando habló del quebranto de salud de sus padres y cuando relató que el pasado Día de los Padres felicitó a sus dos hijos por su desempeño como padres y les pidió perdón porque no podían sentirse orgullosos de él por sus actos. «Diciéndome uno de ellos que si yo estuve en sus errores y desaciertos, por qué ellos no van a estar conmigo», añadió.

«Mi errada conducta y mi errado proceder… no pensaba que fueran a llegar tan lejos», dijo el exprofesor universitario.

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