Cuatro años después de reclamar que no sabía nada, “Guillito” se declara culpable

Después de haber perdido poder administrativo y político, y aún cuando el FBI lo catalogó de víctima en un fraude financiero, el exalcalde de Mayagüez aceptó delitos contra los fondos públicos.

El exalcalde de Mayagüez, José Guillermo “Guillito” Rodríguez Rodríguez, se declaró culpable hoy de negligencia en el cumplimiento del deber por el manejo de una inversión de poco más de $9 millones en fondos públicos que se supone fueran a un centro de trauma, pero acabaron en los bolsillos de personal y consultores del municipio y de la corporación municipal Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI).

La decisión del político del Partido Popular Democrático (PPD) se conoció hoy en una vista del Centro Judicial de Mayagüez que presidió el juez William Machado Aldarondo por el caso criminal que le presentó la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) en 2022. La OPFEI está representado por las fiscales Leticia Pabón Ortiz e Ileana Agudo Calderón.

Originalmente, la OPFEI presentó un cargo de malversación de fondos y otro por omisión en el cumplimiento del deber, los cuales le representaban hasta 15 años de cárcel a Rodríguez Rodríguez. Después de que el Tribunal Supremo le dijera, por tercera y última ocasión, que no iba a desestimar los cargos, Rodríguez Rodríguez y su abogado, Harry Padilla Martínez, aceptaron negociar con los fiscales enmendar la acusación para que ambos cambiaran a delito de negligencia, que le representan un término fijo de tres años de cárcel cada uno.

Además del cambio en el delito, el exalcalde entregó hoy un cheque por $12,500. De inmediato, no quedó claro si el dinero es en calidad de restitución o, como ha sucedido en casos recientes, si es en calidad de compensación a la OPFEI por los gastos del procesamiento del caso. El juez señaló la vista de sentencia para el 20 de mayo.

Uno de los elementos que el juez puede tomar en consideración al sopesar la sentencia es si el convicto ha demostrado aceptación y arrepentimiento. Desde una conferencia de prensa sobre el tema en 2021 hasta hoy, a su salida del tribunal, Rodríguez Rodríguez no ha aceptado su rol en los hechos ni expresado arrepentimiento. Tras declararse culpable, subrayó que todos los alcaldes tienen subalternos y asesores a los que se le delegan asuntos y que, si ahora los alcaldes van a tener que responder por esos terceros, “eso es una nueva vertiente”.

De hecho, el argumento que Rodríguez Rodríguez llevó al Supremo, y que no le creyeron, es que su caso se había particularizado para procesamiento criminal y que habían otros alcaldes que enfrentaban señalamientos similares por parte de agencias fiscalizadoras como la Oficina del Contralor sin que fueran acusados. Incluso, hoy tras la vista, el licenciado Padilla Martínez acusó a la contralora, Yesmín Valdivieso, de emitir un nuevo informe sobre la gestión de su cliente en la alcaldía de Mayagüez y de discutirlo el martes en la noche en el programa Rayos X como un intento de influenciar el jurado que potencialmente se hubiera escogido si Rodríguez Rodríguez no se hubiera declarado culpable.

Los eventos del caso contra Rodríguez Rodríguez están ampliamente documentados y han producido procesos criminales, administrativos y civiles tanto a nivel federal como local, pero, en el centro, está el dato de que el convicto tenía el control y la responsabilidad sobre los eventos tanto como alcalde de la ciudad como en calidad de presidente de la Junta de Directores de la corporación municipal Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI).

Entre 2012 y 2015, la Legislatura hizo varias asignaciones económicas a la Sultana del Oeste con el propósito de que se pudiera construir un Centro de Trauma en esa zona para aliviar la carga del Centro Médico en San Juan y darle más oportunidad de salud, particularmente en emergencias, a la población del oeste.

Como alcalde, Rodríguez Rodríguez aceptó la propuesta de su consultor, Eugenio García Jiménez, para que el dinero se sometiera al mercado de inversiones bajo la promesa de que tendría un rendimiento anual de 10%. Para ejecutar la propuesta, el convicto como alcalde transfirió el dinero a MEDI y el convicto como presidente de la junta de esa corporación autorizó entregar el dinero para apostarlo en el mercado.

En 2021, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico presentó acusaciones contra García Jiménez y otras seis personas porque tomaron el dinero y se lo repartieron entre ellos, en vez de invertirlo, como indicaba la propuesta. Entre los convictos en ese caso federal estuvieron el exdirector ejecutivo de MEDI, así como los exasesores legales y financieros de Rodríguez Rodríguez. Como parte de la investigación federal, García Jiménez realizó grabaciones encubiertas que la fiscalía no presentó como evidencia.

El entonces jefe del Negociado Federal de Investigaciones, Rafael Riviere, comentó que las víctimas en el caso eran la ciudad y el alcalde. Pero cuando el Departamento de Justicia recomendó a la OPFEI que iniciara un procesamiento criminal indicó que autorizar los fondos para una inversión, en vez de para un Centro de Trauma, fue contrario “a la ley y al mandato legislativo” y que “provocó la pérdida de fondos públicos”.

El dinero malversado pudo ser recuperado por distintas vías, pero la fiscalía federal no consideró eso un aliciente.

“Los Estados Unidos someten que aunque la víctima, un municipio de Puerto Rico, pudo recuperar fondos, todavía tuvo que usar recursos gubernamentales, incluyendo contratar representación legal, para conseguir ese dinero. El uso de recursos gubernamentales en esta tarea significa menos recursos para otras funciones gubernamentales, y eso, somete los Estados Unidos, es un sufrimiento financiero”, argumentó la fiscal Myriam Fernández González al momento de las sentencias en el caso federal.

La transferencia a MEDI de los fondos para el Centro de Trauma fue solo una de múltiples transacciones financieras que Rodríguez Rodríguez canalizó a través de esa corporación municipal y que resultaron en pérdida de fondos y demandas que todavía están activas. Por ejemplo, el exalcalde hipotecó instalaciones como el Palacio de los Deportes e invirtió en películas.

En marzo de 2022, la OPFEI suspendió sumariamente a Rodríguez Rodríguez. En las primarias por la alcaldía, la que era su favorita para sucederle en el cargo perdió ante el alcalde interino, ingeniero Jorge Luis Ramos Ruiz, y en las elecciones generales perdió su otra allegada política, la exsenadora novoprogresista Evelyn Vázquez.

Junto con Rodríguez Rodríguez, está acusada también la jefa de Finanzas del ayuntamiento, Yahaira Valentín Andrades, quien sigue encaminada a juicio que iniciaría el mismo 20 de mayo de la sentencia de su exjefe. El actual alcalde de Mayagüez, Ramos Ruiz, no aclaró a NotiCel si Valentín Andrades sigue al frente del departamento de Finanzas ni si sigue empleado en el ayuntamiento el hermano de su antecesor, Osvaldo Rodríguez Rodríguez. Este fue objeto de alegaciones, tanto de un contratista del municipio como de uno de los convictos federales, de que pedía dinero a cambio de contratos públicos en la ciudad. La Oficina de Ética Gubernamental también impuso multa a Rodríguez Rodríguez porque el empleo de su hermano violentó reglas contra el nepotismo.

“Que le caiga todo el peso de la ley. El PPD hizo lo correcto en este caso. Recordemos que el 31 de marzo de 2022, Rodríguez fue suspendido de su posición como presidente del Comité Municipal del PPD en la ciudad de Mayagüez, luego de que la OPFEI informara la suspensión sumaria del alcalde con efectividad inmediata… El buen trabajo del alcalde Jorge Ramos ha reivindicado el nombre del PPD en la ciudad de Mayagüez”, reaccionó el secretario general del PPD, Manuel Calderón Cerame, tras la declaración de culpabilidad.

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