El proveedor de servicios médicos correccionales pidió al tribunal que detenga la cancelación de su contrato y rechazan responsabilidad por excarcelación de Hermes Ávila.

La empresa Physician H.M.O., Inc., que brinda servicios de salud correccional bajo el nombe de Physician Correctional (PC), sometió una reclamación judicial anoche para detener la cancelación de su contrato con el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y para que se suspenda el proceso que inició esa agencia para encontrar un suplidor sustituto para estos servicios.

PC argumentó que la Notificación de Cancelación por Justa Causa que el secretario del DCR, Francisco Quiñones Rivera, le remitió el 1 de julio es ilegal por varias razones y que constituye una violación a su libertad de expresión. Esto porque la cancelación fue una promesa de campaña que hizo la gobernadora Jenniffer González Colón como resultado del apoyo económico que los dueños de PC brindaron a su contrincante primarista, el exgobernador Pedro Pierluisi Urrutia.

Tras el cambio de gobierno, PC adquirió los servicios de la firma de cabildeo Politank, que presidía el actual secretario de la Gobernación, Francisco Domenech Fernández. El contrato de PC tenía vigencia hasta el 2028 y valor de $73.7 millones.

El DCR basó su cancelación en “incumplimientos contractuales sustanciales y reiterados” que se sustentan en informes independientes y auditorías, incluyendo los que los consultores UTICORP LLC entregaron a la agencia desde septiembre de 2023. Uno de sus informes se enfocó en la actuación de PC para evaluar médicamente al reo Hermes Ávila Vázquez y recomendarlo para un pase extendido por razón de paraplejia. Basado en la recomendación, el DCR concedió el pase y el hombre cometió un tercer feminicidio. Cuando se observó que se movía sin dificultad, ni paraplejia, se desató una discusión pública que colocó el foco en PC y su desempeño.

A la vez que notificó la cancelación, la agencia inició una “Notificación de Necesidad de Servicios Profesionales” para iniciar un proceso en el que piden propuestas de suplidores interesados en sustituir a PC. El DCR pretende conseguir un suplidor para el 31 de julio y que pueda entrar a dar servicios el 1 de agosto bajo un contrato que estaría vigente hasta 2029.

Con su petición al tribunal, PC quiere obtener una orden contra el DCR para: (1) paralizar el proceso “ilegal” de nueva contratación; (2) ordenar el cumplimiento específico del contrato vigente; (3) requerir que cualquier falla se canalice por un proceso de resolución de disputa en el contrato vigente; y (4) “cesar las violaciones a los derechos constitucionales de debido proceso y libertad de expresión”. De la misma manera, que el tribunal declare “la nulidad de la cancelación y del proceso ultra vires de nueva contratación, de modo que se reafirme que los contratos gubernamentales para ofrecer servicios públicos no pueden ser cancelados como represalia por el ejercicio de derechos constitucionales y en contravención a los términos pactados entre las partes”.

Reiteran que la agencia nunca le notificó formalmente de incumplimientos de contrato ni por los informes de UTICORP LLC, ni por el episodio de Ávila Vázquez. Específicamente sobre ese caso, subrayan que la evaluación médica inicial del reo se había hecho en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) y que, “al día de hoy, ni los diagnósticos realizados por 41 médicos especialistas de la CFSE que atendieron al señor Ávila Vázquez, ni la determinación de incapacidad total y permanente, han sido revocados”. De hecho, después del asesinato de Ivette Joan Meléndez en 2024, “el fisiatra que trataba al señor Ávila Vázquez en la CFSE y director de la Unidad de Lesión al cordón espinal de la CFSE, Dr. Eduardo Nadal Ortiz, se reafirmó en su diagnóstico de paraplejia”.

Enfatizan también que la responsabilidad de conceder un pase como el de Ávila Vázquez no es de ellos como suplidor de servicios médicos, sino del DCR, y que la agencia tiene otros criterios a considerar en la evaluación de una solicitud de pase que, en este caso, supuestamente no aplicaron.

Apuntaron a que el Departamento de Justicia investigó el proceso del pase y no encontró que se haya cometido delito, pero omitieron mencionar que esa agencia refirió al panel de médicos de PC a evaluación ética en la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica.

También, recordaron que la investigación de la que fueron objeto en el Senado produjo un informe de la entonces minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) firmado por el senador Thomas Rivera Schatz en la que se exonera a su panel de médicos. No mencionaron que los dueños de PC también hicieron varios donativos políticos a Rivera Schatz.

Uno de los fundamentos de PC es que la notificación de cancelación les llegó un día antes de que el 2 de julio la National Commission on Correctional Health Care (NCCHC) les notificara que habían reacreditado el programa de salud de la empresa y le habían conferido su Pinnacle Award por calidad de servicio. PC aparece como el segundo donante más alto de la fundación de NCCHC con aportaciones de más de $50,000.

Recordaron, además, que la exsecretaria del DCR, Ana Escobar Pabón, destituyó a varios empleados de la agencia por fallas en el manejo del caso de Ávila Vázquez. Pero ya hay dos de esos empleados destituidos que demandaron a su expatrono en el tribunal federal alegando que no cometieron fallas y que fueron “chivos expiatorios” porque su exjefa les dijo que tenía que proteger a los dueños de PC debido a sus conexiones políticas.

PC señala también que el proceso que inició DCR para encontrarles sustituto no es uno “competitivo de licitación pública”, por lo que no cumple con las leyes de contratación ni con las condiciones del tribunal federal en el caso Morales Feliciano, que fue de donde nació el programa de salud correccional que la empresa maneja por contrato.

“El hecho de que la cancelación del Contrato fuera prometida públicamente durante la campaña electoral, antes de que la administración entrante incluso tuviera acceso a información sobre el desempeño contractual, refuerza la conclusión de que no existía justa causa para su cancelación… No existe justa causa alguna que justifique su cancelación, pues Physician no incurrió en incumplimiento de contrato alguno en el manejo del caso del señor Ávila Vázquez”, se plantea en el recurso que suscribieron los exjueces Edgardo Rivera García, Alfonso Martínez Piovanetti y los licenciados Frank Torres Viada y José Andréu Fuentes.

Además de la demanda federal de los exempleados, en el tribunal local está pendiente otro pleito que los familiares de Meléndez sometieron contra el gobierno.

Para leer la demanda, pulse aquí.

Vea:

Once empresas se disputan el contrato ante la posible salida de Physician Correctional

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