Abogados de exgobernadora presentaron resultados de su investigación, y lo que transcurrió en reunión con jefatura de Justicia federal, como intento de “clarificar” el desenlace del caso Bancrédito.

Como un intento para que el tribunal “clarifique el récord”, los abogados de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced presentaron una moción para divulgar el resultado de su investigación de 22 meses, así como el contenido de las conversaciones con la jefatura del Departamento de Justicia federal en Washington DC, que resultaron en que la acusación de siete cargos graves presentada en 2022 se redujera a una denuncia por un delito menos grave.

La movida de los abogados Ignacio Fernández de Lahongrais, el exfiscal Luis Plaza Mariota, Edgar Sánchez Mercado y Peter John Porrata ocurre después de una orden en la que la jueza Silvia Carreño Coll expresó molestia por cómo culminó el caso, haciendo referencia a informes de Bloomberg sobre intervención política del subsecretario de Justicia Todd Blanche. La jueza calificó el desenlace como una “palmadita en la mano”.

La moción no está suscrita por los equipos legales de los coacusados, el banquero Julio Herrera Velutini y el exagente federal Mark Rossini. Esos equipos están encabezados por abogados que practican principalmente fuera de Puerto Rico, particularmente Christopher Kise, representante del banquero y a quien se le atribuye intervención política en Justicia porque tanto él como Blanche fueron abogados del presidente Donald Trump.

“Como abogados que tienen que seguir practicando en este distrito, nuestra reputación depende de abogacía celosa dentro de los parámetros apropiados, no de conexiones o influencia política. Respetuosamente sometemos que el récord refleje exactamente lo que ocurrió: los abogados de defensa descubrieron evidencia convincente nueva, la presentaron de manera profesional a fiscales experimentados, y esos fiscales respondieron ejerciendo buen juicio profesional”, resumieron.

En la reunión crucial del 30 de mayo pasado en la capital federal, estuvieron Plaza Mariota por Vázquez Garced; Kise, Sonia Torres y Lilly Ann Sánchez por Herrera Velutini; el jefe de fiscales W. Stephen Muldrow y el jefe de la División Criminal, Timothy Henwood por parte de la fiscalía federal local; y por Justicia central el fiscal a cargo del caso, Nicholas W. Cannon, y los representantes de Blanche, Aakash Singh y Vance Day, pero no Blanche mismo. Singh comenzó diciendo que “el pliego no se va a desestimar” y acabó afirmando que “el pliego ha colapsado y ya no es viable”, según la moción.

En el medio de ese cambio de postura de Singh, abunda el documento, ocurrió que Plaza Mariota reveló los resultados de la investigación de 22 meses que desarrolló junto al fallecido exalguacil federal Roberto Vizcarrondo y en la que hicieron “docenas de entrevistas”, analizaron “miles de documentos” y procuraron información con citaciones del tribunal. Esto produjo evidencia que la defensa no tenía cuando le sometió a la jueza su moción de desestimación, la que Carreño Coll no aceptó.

Aunque era evidencia que no tenían para la moción de desestimación, iba al mismo punto de ese argumento: que la exgobernadora, en efecto, no tenía conocimiento de las intenciones de Herrera Velutini de ayudarla a cambio de favores y que tampoco había prueba de que realizó actos para beneficiar al banquero.

Entre los elementos que impugnó la investigación de defensa están:

-El pliego coloca el origen de la trama de soborno en la boda del inversionista residente Fahad Ghaffar, entonces empleado del inversionista John Paulson, ya que Herrera Velutini y Vázquez Garced fueron sentados en la misma mesa a propósito. Pero Paulson, quien estaba en la mesa, le dijo al gobierno que allí no se discutió nada de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), ni candidaturas o donativos políticos. El pliego indica que desde esa mesa el banquero se comunicó con uno de los testigos del gobierno, el exasesor de la mandataria, John Blakeman Ortiz, y que con él discutió que los que estaban en la mesa le harían donativos a ella. La moción añade que otros mensajes que el banquero envió estando allí decían que no molestó a la gobernadora con otros temas.

-El pliego presenta la destitución del excomisionado de Instituciones Financieras, George Joyner Kelly, como uno de los actos que la mandataria realizó para obtener la aportación del banquero a su carrera primarista. Pero los abogados presentaron que la decisión de sacarlo se tomó en noviembre de 2019, meses antes de la salida, como parte de un plan para remover a jefes de agencia que venían de su predecesor, Ricardo Rosselló Nevares, y porque el sistema de ponches reflejaba “ausentismo crónico” de parte del funcionario. Aunque no estuvo disponible para los abogados, el exsecretario de la Gobernación, Antonio Pabón Batlle, testificó a los fiscales que Joyner “nunca estaba presente”.

-Otro acto con el que la gobernadora habría complacido al banquero fue con el nombramiento del sucesor de Joyner, Víctor Rodríguez Bonilla, quien era asesor de Herrera Velutini en la entidad bajo investigación de OCIF, Bancrédito International Bank & Trust. Pero la moción indica que Rodríguez Bonilla no divulgó su vínculo con el banquero ni a La Fortaleza ni al Senado. Y que, al llegar al puesto, se inhibió de lo que tenía que ver con Bancrédito. Los abogados entrevistaron a Rodríguez Bonilla tres veces y lo describen como un “activo del FBI” que se reportó a los agentes cuando llegó al cargo y que hubiera reportado mala conducta si la hubiera visto.

-Para ninguna de las tres ocasiones de 2020 en que la fiscalía colocó a Herrera Velutini y Vázquez Garced frente a frente hay evidencia de que discutieron que ella tomara acciones oficiales que le beneficiaban a él, a cambio de su apoyo para la campaña primarista. Estas fueron la boda de Ghaffar el 4 de enero, una reunión en Fortaleza el 14 de enero y una reunión en el hotel Vanderbilt el 28 de febrero. Para esta última, Ghaffar, descrito como un “activo del FBI”, fue el que habría dicho que no se discutió nada sobre la trama y se habría ofrecido a grabarla secretamente, pero no sucedió.

-En los 65 millones de documentos que resultaron de la ocupación de celulares y correos electrónicos, no hay mensajes directos entre la gobernadora y sus coacusados y “ni una sola comunicación incriminatoria” de la gobernadora.

-La encuesta que el banquero hizo sobre candidatos políticos en la isla se presenta en el pliego como uno de los beneficios económicos que este proveyó a la mandataria, pero la moción indica que las entrevistas al equipo de campaña de Vázquez Garced arrojaron que ninguno la había visto y que la campaña pagaba por sus propias encuestas. “La encuesta se le dio a John Blakeman y al Individuo D (el entonces asesor de la gobernadora, Ángel “Gary” Rodríguez Miranda), quien se la proveyó a oficiales de alto nivel en la campaña del oponente en la primaria, en vez de pasarla a la campaña de Vázquez”. Quien dio un resumen a la gobernadora fue Ghaffar. También, “bajo instrucciones del FBI”, el inversionista lo compartió con la directora de campaña del contrincante, Pedro Pierluisi Urrutia, su hermana, María de la Caridad. También, con inversionistas, la Junta de Bancrédito y otros.

“La alegada conspiración logró nada, benefició a nadie y el proceso regulatorio (contra Bancrédito) continuó sin obstáculos. Confrontados con esta realidad, los fiscales solo pudieron reconocer que ‘se la jugaron’, a pesar de la cronología problemática”, resaltaron los abogados.

En expresiones más dirigidas a disputar lo de la “palmadita en la mano”, la moción asegura que Vázquez Garced y su familia han sufrido desde que en la conferencia de prensa para anunciar su arresto se le imputó haberse beneficiado personalmente con hasta $300,000. Sin embargo, ahora la estipulación de hechos en el caso menos grave por donativo político ilegal consignará que no hubo ganancia personal, que el beneficio del donativo sería de entre $15,000 y $25,000, y también que se trató de donativos que fueron prometidos, pero no recibidos.

“Esto no es una ‘palmadita en la mano’, representa tres años de sufrimiento injustificado basado en un procesamiento que colapsó cuando se sometió al escrutinio apropiado”, defendieron.

El 27 de agosto está pautada la vista para que el trío se declare culpable del cargo menos grave de tramitar un donativo político por parte de un extranjero no residente (Herrera Velutini).

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Vea:

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