Wanda Vázquez Garced se convierte hoy en la primera exgobernante de la Isla que se declara culpable por un delito federal, menos grave.

La licenciada Wanda Vázquez Garced suma hoy otro hito histórico en su carrera pública cuando esta tarde se convierta en la primera exgobernante del País que se declara culpable por delito federal, uno menos grave que resultó después de que el pliego acusatorio por conspiración y soborno que enfrentaba desde 2022 se disolviera.

En 2019, Vázquez Garced se convirtió en la primera gobernadora sucesora de Puerto Rico cuando, tras la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, la activación del orden de sucesión constitucional recayera en la oficina que ocupaba en ese entonces, la secretaría de Justicia. Más temprano ese cuatrienio, había sido la primera secretaria de Justicia que enfrentaba acusación criminal. Un caso basado en una intervención indebida suya como secretaria en un asunto que implicaba a una de sus hijas, pero para el que el tribunal no encontró causa para arresto.

Su discurso inicial al llegar al cargo público máximo fue que tomaría decisiones y atendería problemas sin el peso de una reelección porque no le interesaba una carrera electoral. Pero antes de que terminara ese año, anunció su intención de competir en las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) por la candidatura a la gobernación en 2020.

El cambio de postura la puso en el camino de la acusación federal de 2022 cuando, según el pliego emitido por un gran jurado, aceptó soborno del banquero, Julio Herrera Velutini, que consistió en apoyo económico de este a su campaña a cambio de que la mandataria despidiera al entonces comisionado de Instituciones Financieras y lo sustituyera con un exconsultor suyo en el Bancrédito International Bank & Trust. Entre una encuesta y un comité de asesores políticos paralelos a su grupo formal, la aportación del banquero habría sido de poco más de $300,000.

Así se mantuvo el caso y, de hecho, el juicio estaba pautado para comenzar el lunes pasado. Pero en mayo surgió una moción sorpresiva suscrita por fiscales y defensa en la que confirmaron que había conversaciones en el Departamento de Justicia federal que llevarían a que la causa terminara sin ir a juicio.

A esa revelación, le siguieron semanas de publicaciones y mociones en las que se presentaron distintas razones por las cuales los cargos graves se disolvieron. Todavía los detalles están disputados entre abogados de defensa y fiscales, pero lo incuestionable es que Christopher Kise, uno de los abogados de Herrera Velutini y un exrepresentante de Trump, accedió a la cúpula de Justicia federal para lograr la audiencia en la que uno de los abogados de Vázquez Garced, el exfiscal federal Luis Plaza Mariota, expuso sus argumentos sobre por qué la acusación no tenía fundamento ni cuadraba con los hechos.

Eso, y lo que la fiscalía federal en Puerto Rico llamó “las prioridades de aplicación de la ley del Departamento de Justicia”, desembocaron en la cita hoy ante una jueza, Silvia Carreño Coll, que ya expresó inconformidad conque el proceso termine solo con un delito menos grave. Incluso, la jueza es la responsable de que hoy los tres coacusados tengan que comparecer a la sede del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, ya que rechazó realizar la vista por videoconferencia.

De ordinario, vistas como la de hoy son procesos rápidos y directos. El tribunal resume al acusado el delito y los hechos por los que se está declarando culpable y se asegura de que esa decisión es libre y voluntaria. El tribunal podría hacer un señalamiento posterior para sentencia o imponerla en el acto. En esta ocasión, el delito que aceptarán el banquero, la exgobernadora y el exagente federal Mark T. Rossini es haber tramitado un donativo político de entre $15,000 y $25,000 por parte de un extranjero no residente, es decir, por Herrera Velutini, quien es italovenezolano.

Pero, lo que puede ser una cita de bajo perfil para cualquier acusado, no lo será para Vázquez Garced. El trámite de hoy podría tener repercusiones más allá de su sentencia, debido a la evaluación disciplinaria que podría tener en el Tribunal Supremo, el efecto sobre el privilegio de tener escoltas como exgobernadora y la descalificación para cargo público futuro.

Para Vázquez Garced, de 65 años, es terminar su vida pública en el lado de los acusados, después de hacer carrera como, precisamente, una fiscal y funcionaria implacable que no dudó en iniciar procesamientos de alto costo político, como el que descarriló la candidatura a la alcaldía de San Juan del fenecido exrepresentante Héctor Ferrer Ríos en 2012, y que terminó en ningún resultado legal más allá del efecto político.

Esa carrera inició en el Departamento de Justicia de Puerto Rico bajo la secretaría de Héctor Rivera Cruz en 1989 como fiscal especial. Allí ascendió hasta ser fiscal de distrito, fiscal general interina, coordinadora de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores, y secretaria en 2017. Entremedio, de 2011 a 2017, fue Procuradora de las Mujeres.

El desinfle del caso criminal grave tiene consecuencias también para el público, que queda sin conocer la prueba recopilada por agentes federales y el testimonio de allegados de Vázquez Garced, como sus ayudantes en Fortaleza, de su asesor político, y ya convicto por esta trama, John Blakeman Ortiz, y del inversionista residente Fahad Ghaffar, presentado en el pliego acusatorio como catalítico clave de los hechos supuestamente ilegales.

Se sabe que parte de la evidencia recopilada es que, como secuela de la renuncia de Rosselló Nevares, la entonces secretaria de Justicia acudió a agentes federales porque se sentía sobornada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y la hoy gobernadora, Jenniffer González Colón. A instancias del Negociado Federal de Investigaciones, la funcionaria se alambró para grabar conversaciones, y lo hizo. Las grabaciones no resultaron en procesos criminales.

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