Mientras el Departamento de Justicia continúa su avanzada contra el manifestante Dennis Montalvo Concepción, quien participó en los actos del 1 de mayo de 2017 en la Milla de Oro, la representación legal del imputado cuestionó el nivel de inherencia de la agencia en el caso.

Y es que el Departamento de Justicia y sus componentes han estado más involucrados en este proceso que en otras instancias en el pasado año, a la vez que demuestran una inclinación hacia hallar culpabilidad.

'Aquí ha habido una violación a la presunción de inocencia desde el principio del caso', reclamó Ines Cartagena, una de las abogadas de Montalvo Concepción.

Las expresiones de la abogada surgieron luego de la lectura de acusación de su representado, quien enfrenta cargos por violaciones al Artículo 242 por Motín, el Artículo 199 por Daños a la Propiedad y al Artículo 5.05 de la Ley de Armas por una alegada arma blanca.

En esa línea, Cartagena apuntó a un posible interes del Estado en condenar esta modalidad de expresión pública, que en esa ocasión reprochaba las políticas de austeridad implementadas por la Junta de Control Fiscal y el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares.

Como ejemplo relató que, más allá de presentar pruebas sustanciales contra su representado, el fiscal que lleva el caso --Luis Barreto-- ha realizado comentarios y adjudicaciones impropias como 'esto el lo va a pagar con cárcel'. Sin embargo, los argumentos que utiliza para sostener sus alegaciones son debiles y descarnados.

De la misma manera, y de acuerdo a Cartagena, los testigos de fiscalía se contradijeron en su relato de los hechos.

El pasado 10 de enero, el Departamento de Justicia informó mediante un comunicado de prensa que encontraron causa para arresto contra Montalvo Concepción por ser partícipe de los daños causados al edificio de Liberty y otras sedes empresariales con piedras y objetos.

Ante este caso, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, afirmó que llevará este y los casos relacionados a esta protesta 'hasta las últimas consecuencias'.

Tras la lectura de sentencia, la jueza Gisela Alfonso Fernández fijó el 14 de febrero de este año como fecha de juicio.

La aparente selectividad de la agencia no ha pasado desapercibida, pues tambien ha sido denunciada por legisladores como Thomas Rivera Schatz, quien a traves de una publicación en Facebook señaló la 'timidez' y 'sutileza' del Departamento en el manejo de las instancias de acoso sexual en la Compañía de Turismo.

El martes pasado, la Secretaria atribuyó la inactividad de su agencia a la espera de que otros canales culminen sus respectivas investigaciones, como la administración de Turismo y la Policía.

Por otro lado, en cuanto a la querella de hostigamiento sexual contra el activista de derechos humanos, Pedro Julio Serrano, la Secretaria de Justicia sí ha participado activamente del proceso en cuanto a citaciones del querellante.