Cambios a último minuto en la defensa de Castro Agis
Nuevamente, el comienzo del juicio contra el exjefe de la Administración de Servicios Generales (ASG), Luis Castro Agis, fue reseñalado -esta vez para el 28 de noviembre- por la juez Eloina Torres Cancel, luego que el acusado rechazara un acuerdo transaccional con fiscalía.
La oposición de Castro Agis al acuerdo que aprobó el Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) el pasado 15 de octubre no fue explicada por su abogado, Roberto Otero Ortega, quien hoy notificó al tribunal que asumirá de lleno la representación legal de su cliente. Anteriormente, Castro Agis fue representado por el licenciado Juan Ramón Acevedo, quien colaboró en la elaboración del acuerdo transaccional con el Departamento de Justicia (DJ), según explicó la fiscal Zulma Fuster.
De hecho, Fuster abundó que hubo un desacuerdo entre Castro Agis y el licenciado Acevedo, resultando en la renuncia del abogado. 'Nosotros estamos listos para entrar a ver el caso. Vimos la vista preliminar, tenemos una prueba contundente para probar este caso más allá de duda razonable', aseguró la fiscal Fuster.
Por su parte, Otero Ortega se limitó a indicar que no ha podido evaluar el acuerdo completamente y no descartó la posibilidad de que alcancen un nuevo acuerdo con el DJ.
Durante la última vista, Otero Ortega señaló que Acevedo estaba indispuesto de salud y no podía asumir la representación en esa ocasión. Hoy, Otero Ortega reiteró que Acevedo, 'No se encuentra en buen estado' y señaló que están en proceso de evaluar la contratación de un abogado adicional.
El caso contra Castro Agis es una de las secuelas provocadas por la colaboración con el DJ del otrora recaudador del Partido Popular Democrático, Anaudi Hernández. Castro Agis confronta cargos por malversación de fondos públicos, violaciones a la ley de etica y perjurio por alegadamente favorecer las empresas de Hernández para contratos públicos a cambio de beneficios y regalos.
Lectura de acusación de Luis Castro Agis porenfrenta cargos por malversación de fondos públicos, violación a la Ley de Ética Gubernamental y perjurio. (Nahira Montcourt / NotiCel)