Ante la falta de argumentos convincentes sobre la forma en que se adjudicaron algunas becas presidenciales que implican tambien la concesión de puestos en la Universidad de Puerto Rico (UPR), emergen los vínculos con el Gobernador y su familia como factores en el cuestionado proceso.

Desde que primero fue denunciado la semana pasada en WKAQ Radio por el analista Carlos Díaz Olivo, se han multiplicado los reclamos para una explicación de por qué dos exlíderes estudiantiles de la más reciente huelga en la UPR aparecen beneficiados con unas becas que concede el presidente de la institución y que conllevan un puesto, todo sin cumplir con requisitos de convocatoria o de necesidad.

El presidente de la UPR, Uroyoán R. Walker Ramos, y el rector del recinto de Río Piedras, Carlos Severino, rehusaron contestar las preguntas de NotiCel sobre si en efecto se utilizó la discreción del Presidente, como indica el Reglamento para la Concesión de Becas Presidenciales, para otorgarle dicha subvención a Carlos Pagán Cuebas, a pesar de que su área de estudio no figura como una de las áreas de difícil reclutamiento.

Según indica el Reglamento, uno de los principales criterios para otorgar la beca es que los estudios a ser realizados por el becado sean estrictamente en 'Áreas de Difícil Reclutamiento', identificadas previamente por el Presidente.

A Pagán Cuebas se le otorgaron $40 mil para cursar una maestría en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard a pesar de que esta carrera no está incluida en la lista de áreas de difícil reclutamiento en la UPR.

NotiCel tiene en su poder una tarjeta de presentación que indica que Pagán Cuebas laboró como consultor legal de la Sociedad Económica Amigos de Puerto Rico (SEAP), organización de la cual Antonio García Padilla, hermano del Gobernador, figura como director ejecutivo. Al contactar el número indicado en la tarjeta, se indicó que Pagán Cuebas ya no laboraba en SEAP.

Otro exlíder estudiantil, Arturo Ríos Escribano, fue beneficiado con una beca de $25 mil para completar estudios en una universidad de España. Ríos Escribano fue asesor del gobernador Alejandro García Padilla y trabajó con la Unión General de Trabajadores (UGT), afiliada al Sindicato de Trabajadores de la Salud (SEIU, por sus siglas en inglés), Local 1199 de Nueva York, del cual Dennis Rivera es miembro. Rivera es parte de la Junta de Gobierno de la UPR y también de la Junta de la SEAP.

'Están diciendo que mi beca es en la (universidad) Complutense y que voy para Gerencia. Esto está a lo loco. De verdad que yo estoy en shock. Estoy ahora en el proceso de redacción de mi tesis doctoral en Derecho por la línea de Investigación Laboral y Estudios del Trabajo en la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) en España', reaccionó Ríos Escribano a NotiCel.

Añadió que solo trabajó un año como asesor del gobernador García Padilla, pero que esa relación 'salió trasquilá'. NotiCel intentó sin éxito contactar a Pagán Cuebas para que desmintiera o confirmara los señalamientos.

Ambos estudiantes posgraduados fueron notables líderes estudiantiles durante la huelga de la UPR en 2010, un conflicto que enfrentó al opositor de García Padilla, el exgobernador Luis Fortuño, y en el que también tuvo que ver desde la Junta de Gobierno de la UPR la relacionista Marisara Pont, también relacionista de la Administración García Padilla en la campaña del IVA, por lo que, en el caso de los exlíderes, la concesión de las becas y de los puestos de trabajo que se les han añadido siembra dudas y llama la atención.

NotiCel publicó en el fin de semana que una tercera becada, Mónica Sánchez Sepúlveda, de la facultad de Arquitectura, es sobrina del actual presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Jorge Sánchez Colón, y recibió $23,200 para cursar estudios de doctorado en urbanismo en la Universidad Politécnica de Cataluña.

Según el documento de evaluación del Comité Institucional de las solicitudes recibidas para la beca, el área de estudio de Sánchez Sepúlveda no se encuentra entre las prioridades identificadas por la Universidad.

Además, el documento indica que 'el Comité no recomienda la beca basado en la documentación sometida' aunque hace la salvedad de que se refiere dicha solicitud al Presidente de la UPR para que 'utilice su discreción en la otorgación de la beca'.

Una vez completen sus respectivos grados, los tres recipientes de estas becas tendrán puestos docentes dentro del sistema universitario público, lo cual es otro elemento llamativo porque el reclutamiento para puestos docentes debe estar sometido a reglas de convocatoria abierta, a no ser que se trate de casos excepcionales cuyas circunstancias no están presentes en estos tres que han llamado la atención.

Para Christian Arvelo Forteza, estudiante de Administración Pública y representante estudiantil graduado ante la Junta de Gobierno, no existe transparencia en el proceso de selección y ese hecho siembra suspicacia entre el estudiantado.

'Como miembro de la Junta tengo una curiosidad de cómo es que funciona el proceso. Si se publicaron las convocatorias, si se cumple con el principio de mérito y creo que es meritorio atenderlo. En el caso de Ríos Escribano, que su área es las relaciones laborales, ese departamento tiene un problema de profesores, creo que tienen uno o dos actualmente.Realmente se justifica otorgar una beca presidencial a una persona para que esté en el departamento especialmente en momentos de crisis económica?', cuestionó el estudiante.

'Es importante no limitarse a atender estos dos o tres casos y que dejemos de un lado lo que es el proceso y lo que es el ver qué ha pasado con las becas presidenciales que se han otorgado en el pasado', añadió.

NotiCel intentó contactar infructuosamente al Presidente de la UPR y al rector del recinto de Río Piedras para que aclaran las alegaciones sobre las irregularidades en el proceso de selección de los estudiantes becados y para que confirmaran o desmintieran si realmente se envió la convocatoria a los rectores con apenas 12 días para radicar las solicitudes, hecho que podría haber provocado un proceso atropellado.

Sin embargo, Walker Ramos reaccionó únicamente a través de un comunicado de prensa indicando que el proceso para la selección y otorgación de las becas presidenciales cumplió con todos los requisitos según lo establece la certificación Número 72 de la Junta de Síndicos (2006-2007).

Recalcó, además, que los candidatos, recomendados por los rectores, contaban con las cualificaciones necesarias para recibir las ayudas.

'Rechazo los planteamientos que se han levantado acerca del proceso y escrutinio de estas becas. Me reitero en que esas becas se concedieron a personas dentro de nuestras instituciones que cuentan con las cualificaciones para recibirlas. Los rectores pueden dar testimonio de mi aseveración. Los candidatos recibieron el endoso de sus rectores y el Comité evaluó sus expedientes de conformidad con la Certificación 72 Serie 206-2007 de la Junta de Síndicos. Fue un proceso transparente durante el cual se evaluó a todos los candidatos que solicitaron. Esa es la verdad', puntualizó el Presidente en la misiva.

En la versión original del Reglamento para la Concesión de Becas Presidenciales del 1988-1989, se estipula que anualmente se ofrecerán becas completas por cantidades determinadas hasta un máximo de $15,000 para el curso de estudios superiores en una de las áreas de interés que el Presidente anuncie oportunamente tomando en consideración las prioridades identificadas por los Rectores.

Esta cantidad está muy por debajo de las becas otorgadas a los tres estudiantes a pesar de que el documento titulado Política para la Concesión de Becas Presidenciales de junio de 2007 no especifica que ese tope haya sido incrementado.

También, entre los requisitos expuestos en el documento original para la solicitud de la beca incluyen carecer de recursos económicos suficientes para sufragar la carrera que interesa y no estar suspendido o no haber sido suspendido o expulsado de la Universidad de Puerto Rico.

Ni la oficina del Rector ni la del Presidente de la UPR proveyeron documentos que constaten que los tres candidatos cumplen con los requisitos para las becas.

El Presidente de la Junta de Gobierno de la UPR dijo que sometería el proceso de otorgación de las becas a un proceso de auditoría para identificar si hubo irregularidades.

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