La jueza Lauracelis Roques Arroyo otorgó un plazo de dos días a la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (UPR) para que sustente por escrito sus alegaciones de conflicto de interes por parte de la institución pública a la hora de manejar el dinero de los pensionados.

La determinación surgió como respuesta a una moción de desestimación presentada por la representación legal de la UPR, recostada en la falta de jurisdicción de la Junta de Retiro para llevarlos al tribunal, y su escasez de pruebas que sustenten los alegatos de conflicto de interes.

En la vista de interdicto en el Tribunal de San Juan, la Junta de Retiro denunció que la UPR ha incumplido con su aportación al pago de su deuda desde el año fiscal 2015-2016. Esa cantidad representa unos $6.3 millones, correspondientes al Fideicomiso del Sistema de Retiro para realizar los pagos a los jubilados.

De acuerdo a los argumentos de la parte demandante, un deudor --en este caso la UPR-- no puede manejar el dinero de a quienes le debe. Es por eso que solicita la transferencia de la administración de los fondos del Fideicomiso a la Junta de Retiro.

'Nosotros lo que no queremos es que el que represente al deudor sea del acreedor. Necesitamos alguien adentro que no este influenciado', exclamó Rafael Maldonado Perez, abogado de la Junta de Retiro.

La Junta de Retiro agrupa cerca de 8,881 pensionados y 10,210 participantes activos.

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Maldonado Perez subrayó en sala que la UPR ha fallado en su deber estatutario de defender el patrimonio del Fideicomiso y ha sido negligente con el dinero en diversas instancias, como el impago de la deuda, la alegada ignorancia a las soluciones sugeridas por asesores --entre ellos la Junta de Retiro--, y al derrochar grandes sumas en contrataciones externas, como a la empresa de consultoría y contabilidad BDO Puerto Rico.

La compañía tendría a su cargo el rediseño del Sistema de Retiro de la institución educativa al modelo de contribuciones definidas, según ordenado por la Junta de Control Fiscal (JCF) y adoptado por la Junta de Gobierno de la UPR.

Actualmente, el sistema se rige por un Plan de Beneficios Definidos, que además del pago por concepto de edad y años de servicio, incluye bono de Navidad y prestamos, entre otros arreglos.

Según la UPR, en cambio, la Junta de Retiro carece de prueba sustancial que confirme el alegado conflicto de interes de la Junta de Gobierno a la hora de administrar el dinero ni formas en que nuevas contrataciones externas --como la de BDO-- perjudiquen la solvencia del Sistema de Retiro.

El abogado de la institución, Juan Casellas Rodríguez, hizo hincapie en que la Junta de Retiro 'tiene que probar un estándar bien alto de malversación y fraude' para que sus planteamientos tengan peso, cosa que no percibió de la demanda.

Del mismo modo, el licenciado indicó a la jueza que procedería una desestimación porque la manera en que los demandados fueron emplazados no fue la correcta, pues el documento debe ser entregado al Presidente y no a traves de la Junta de Gobierno de la UPR.

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Ferdinand Ocasio Velez, abogado de la Junta de Gobierno de la UPR, respaldó el argumento sobre la falta de jurisdicción y recordó, además, que la Junta de Retiro es un asesor cuyas recomendaciones no son obligadas a seguirse por la institución.

La jueza preguntó a Casellas Rodríguez por que la UPR no participaba de manera voluntaria en este procedimiento judicial, pese a que insistían en la separación de un caso que involucra al ente rector de la institución.

El abogado respondió que el asunto es uno ordinario en que no existe conflicto de interes, que no es secreto que la UPR sostiene una deuda con el Sistema de Retiro, pero no pueden someterse a un caso sin conocer los meritos en que se lleva a cabo.

Acompañado del plazo de dos días, que vence el jueves, 29 de noviembre, la jueza Roques Arroyo pidió a la parte demandante que revisara los emplazamientos, pese a su entendimiento de la ley vigente que permite que el trámite sea realizado mediante la Junta de Gobierno. Sumado a eso, pidió la cooperación de los emplazados para entonces decidir si el caso continúa su curso o es desestimado.

La visita al tribunal es uno de los frentes de acción que la Junta de Retiro de la UPR ha considerado por los pasados meses, y que fue reiterado en los pasados días tras el cúmulo de siete asambleas en los recintos y las unidades de la institución.