La sección ambiental de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y Servicios Legales de Puerto Rico presentaron dos recursos ante el Tribunal de Apelaciones de San Juan para cuestionar la constitucionalidad, seguridad y diligencia de las determinaciones de la Junta de Planificación (JP) y la Junta de Calidad Ambiental (JCA) sobre el proyecto del gasoducto.

La reacción de ambas entidades a través de estos recursos presentados la semana pasada se da después de que se aprobara la Declaración de Impacto Ambiental Final (DIA-F) del proyecto Vía Verde.

"Las crasas violaciones a múltiples disposiciones legales y reglamentarias son reflejo de un análisis irresponsable, abusivo y arbitrario", señala el recurso apelativo sobre el proceso de evaluación y aprobación del proyecto del gasoducto ante las agencias administrativas.

Entre las "crasas violaciones" que según estas entidades cometió la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), proponente del proyecto, "y que la JP aprobó sin objetar, se encuentra la omisión de atemperar el proyecto a los serios riesgos de seguridad indicados por las autoridades y reglamentación federal que dispone una distancia de 422 pies a cada lado de la tubería". INS