Casa Pueblo celebraba ayer que un proceso de expropiación contra familias humildes de la montaña para construir el proyecto denominado Vía Verde ha sido denegado en los tribunales, pero el ambientalista Juan Camacho, portavoz de Toabajeños Contra el Gasoducto, aseguró hoy que la decisión judicial "no detiene, en nada, el proceso de expropiación contra vecinos residentes en la ruta del gasoducto del norte". Por su parte, la AEE asegura que el proceso de expropiaciones sigue su curso.

El ambientalista Arturo Massol celebró la llegada del 2012 con un nuevo logro contra el gasoducto proyectado por el Gobierno de Luis Fortuño al anunciar que el proceso de expropiación habia sido denegado.

Massol defendió que la Resolución del Tribunal del 16 de diciembre de 2011 supone una victoria para los vecinos de Portugués en Adjuntas, Utuado y "otros que se defienden en todos los foros disponibles, desde las calles hasta el tribunal".

"El peldaño alcanzado contra el proceso de expropiaciones merece igual admiración por los amigos de Servicios Legales de Puerto Rico, la licenciada Hadassa Santini, las clínicas de asistencia legal de la UPR y la Interamericana así como muchos que han denunciado por año y medio el atropello de un gobierno que insiste en la irracionalidad", añadió.

Sin embargo, Camacho explicó hoy que el Tribunal sólo ha condicionado dicho proceso de expropiación a la obtención del permiso de construcción como medida cautelar para prevenir demandas de los expropiados si posteriormente el gasoducto no se realiza.

"La única vía para evitar que se consuman las expropiaciones es manteniendo y fortaleciendo la gestión de las comunidades en los foros pertinentes y en la presencia en la calle", subrayó Camacho, quien, sin embargo, destacó que la decisión del Tribunal demuestra "un rechazo al procedimiento que ha utilizado la Autoridad de Energía Eléctrica y gran escepticismo en relación al futuro de laconstrucción del gasoducto".

"Nosotros nos reafirmamos que si bien es cierto que el Estado tiene el derecho a la expropiación de propiedades para el uso público, es necesario que dicho uso sea legítimo, conveniente y seguro para el país. No puede ser uso público la destrucción del ambiente y mucho menos el atentado contra la salud y seguridad de la vida humana", añadió.

Massol insistió ayer en que espera que finalmente el gobierno reconozca que "existen alternativas al gasoducto que no requieren de un choque contra un pueblo que sabe defenderse".

"Seguiremos defendiendo a las comunidades y a los recursos naturales que garantizan nuestra vida colectiva. El compromiso es uno y continua con más fuerzas en el año que se avecina. Cerramos victoriosos el 2011 sin que un clavo se colocase para construir el tubo de la muerte. La justicia llega de muchas maneras y esta es otra manifestación del poder social contra un Estado que abusa y se aprovecha impropiamente de su poder temporal", expresó el líder ambientalista de Casa Pueblo.

Por su parte, el ingeniero Jorge Hernández Cintrón, director Interino de Planificación y Protección Ambiental de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), sostuvo hoy que el proceso de expropiaciones relacionado a la construcción del gasoducto sigue su curso normal.

"La decisión del juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, honorable Héctor Lopez García, no tiene el efecto de paralizar el proyecto de Vía Verde. Solamente deja en suspenso la emisión de la resolución de la entrega material de la propiedad en el caso de un titular en particular y hasta tanto se complete el trámite del permiso definitivo para la construcción del proyecto Vía Verde", dijo Hernández Cintrón.