La misiva, firmada por la presidenta de la Corporación, Mariella Pérez Serrano, indica que el empaque financiero que fuese aprobado el 28 de octubre de 2008 fue retirado luego de que 'surgió una duda' que obligó a la Junta a revisar laLey 121para recalificar el documental Filiberto, cuyo guión y proceso de producción ya ha sido reconocido con distintos premios internacionales.

Luego de haber sido inicialmente reconocido por la Corporación como un documento histórico, lo que propulsó intercambios con países como Venezuela para lograr recibir ayuda económica de parte del fondo internacional de cine conocido comoIbermedia, la Junta de Directores que maneja el dinero del Estado para producir cine, decidió resolver su 'duda' con el retiro de los $93,364.88 que se le había otorgado en 2008, bajo el mandato de Luis Riefkohl.

Tras la alusión a razones de propaganda político-partidista para retirarle los fondos al documental, vale la pena mirar quienes componen la Junta de Directores de la Corporación de Cine, en especial los ciudadanos privados que se supone respondan al interés público, todos nombrados por el gobernador Fortuño, candidato a la reelección por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

En esa junta, aparte de Pérez Serrano, figuran Mario González, director de Turismo; Juan Carlos Puig, secretario de Hacienda; Mercedes Gómez, directora del Instituto de Cultura Puertorriqueña; Rafael Irizarry, de WIPR; José Pérez Riera, secretario de Desarrollo Económico y Comercio; y, del sector privado, John A. Regis y la licenciada Delfina Betancourt.

A pesar de que la Ley 121 dice que no se pueden otorgar fondos para cuestiones de propaganda político partidista, Regis, actual ‘chairman' de finanzas del capítulo de Puerto Rico del Partido Republicano ydonante de dicho partido político, es uno de los encargados en decidir a quienes se les da el dinero para el cine nacional y, por su trayectoria en la ya mencionada organización política, pone en duda que sus ejecutorias tengan una mentalidad distinta a su ideología. Regis, además, pertenece a la Junta de Directores de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico.

Al ser contactado por NotiCel, Regis indicó que 'yo estoy en la Junta y, ahora mismo, no recuerdo bien los detalles de esto, pero si no le aprobaron los fondos es porque no cumplió con ciertos requisitos, y hasta que ellos no cumplan con esas directrices no se les aprobarán'.

Pero, no es incongruente que se le adjudique al documental el estatus de propaganda política, mientras hay miembros en la Junta, como usted, que pertenecen a reconocidos movimientos políticos?, preguntó NotiCel.

'En Puerto Rico todo el mundo tiene una creencia política, como la puedo tener yo, pero aquí lo que hay que hacer es aplicar la ley como es, sea uno amarillo, azul, verde o cómo sea. Hay que aplicar las leyes como son, igual que en cualquier otra junta, y si desafortunadamente no se puede aprobar algo es porque no está dentro de los parámetros de la ley. Ahora mismo no recuerdo los detalles, pero sí me acuerdo que no se pudo aprobar porque no cumplía con los reglamentos de la ley de cine', expresó.

Entretanto, la licenciada Betancourt, esposa delex asistente de Romero Barceló desde 1973 tanto en la Alcaldía de San Juan como en la Gobernación, Virgilio Ramos González, también es presidenta del bufete RG Law Offices PSC, que ha mantenido varios contratos con el Gobierno durante este cuatrienio. Betancourt también ha sido nombrada por Fortuño a cuatro otras Juntas de Directores, desde 2009: la de la Compañía de Fomento Industrial, la de la Compañía de Turismo, la de la Compañía de Comercio y Exportación y la de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico.

Al ser nombrada a todos esas Juntas, Betancourt envió una petición a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), consultando 'si es necesario obtener una dispensa previo a la renovación de ciertos contratos entre RG Law Offices y varias entidades gubernamentales'. Según el documento de respuesta de la OEG, RG Law Offices ha mantenido contratos este cuatrienio con la Oficina del Comisionado de Seguros, el Departamento de la Vivienda, la Administración de los Sistemas de Retiro del Gobierno de Puerto Rico y la Judicatura. Sin embargo,la OEG determinó que estos puestos en distintas juntas directivas gubernamentales no implican conflicto alguno con los contratos de RG, pues 'usted no participó en forma alguna en las negociaciones conducentes a esos acuerdos, ni en la redacción de los contratos' y 'tampoco ha prestado servicios, directa o indirectamente, a éstas'.

A estos asuntos se agrega que no hay credenciales conocidas de Betancourt y Regis sobre su conocimiento de arte cinematográfico. Al menos, NotiCel no encontró ninguna, aún cuando, al referirse a los representantes del fin público, la Ley 121 establece que: 'por lo menos uno (1) deberá tener comprobado interés, conocimiento y experiencia en las áreas de artes, ciencias, e industria cinematográfica (actores, guionistas, productores, etc.)'.

NotiCel intentó conseguir una reacción de Pérez Serrano, la directora ejecutiva de la Corporación de Cine, quien solicitó preguntas por escrito. Este medio le envió interrogantes detalladas sobre el asunto del documental de Filiberto, y sobre la experiencia y conocimiento del arte del cine de los miembros del interés público, Regis y Betancourt, para estar en la Junta, según lo requiere la ley. Sin embargo la funcionaria no remitió respuestas.

Hay razones de más para que los creadores del documental ‘Filiberto' lamenten la situación, pues, antes de la misiva de noviembre de 2011, fue el respaldo de la Corporación el que los había llevado a conseguir el financiamiento del Programa Ibermedia, un fondo internacional para el cine documental e histórico latinoamericano, con sede en España. La filosofía de Ibermedia es promover el intercambio entre países en la industria del cine según dispuso la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de 1997, por lo que Proyecto Chiringa Inc. se asoció con la empresa venezolana Panafilms para presentar la propuesta del filme.

La investigación de NotiCel encontró que, hace poco menos de tres años, Ibermedia les aprobó a la sociedad entre la empresa puertorriqueña y la venezolana un préstamo de $80 mil, luego de que la Corporación les expidiera a Proyecto Chiringa un certificado de coproducción, con fecha del 14 de noviembre de 2009, tal y como se había acordado en 2008.

Luego, en diciembre de 2010, Proyecto Chiringa, Panafilms y la Corporación de Cine, representada por Pérez Serrano, firmaron un contrato de coproducción con Ibermedia. Comunicaciones a finales de ese mismo diciembre de parte de la gerente del Fondo Cinematográfico de la Corporación de Cine, Carmen Díaz, a Proyecto Chiringa Inc. informaban que se comenzaría a trabajar con el contrato de financiamiento para el documental, tal y como se había concedido en octubre de 2008.

En febrero de 2011, otra funcionaria de la Corporación, Nadia Barbarrosa, le envió a Proyecto Chiringa documentos que acompañaban un contrato financiero y se estipuló la fecha del 22 de febrero para la firma del contrato. Y, justo cuando parecía que todo iba miel sobre hojuelas, aparentemente de la nada y con raros argumentos, comenzó la pugna. Primero, según fuentes de este diario digital, se les indicó a los productores que podría haber un posible conflicto con la veda electoral y que el documental pudiese tener una posible naturaleza política-partidista.

A pesar de todo esto, en abril de 2011, Pérez Serrano le indicó a Proyecto Chiringa que le había dado el visto bueno a Ibermedia para que hiciera un segundo desembolso de fondos. En una reunión entre representantes de Proyecto Chiringa y el licenciado Jorge Marchand en representación de la Corporación de Cine en septiembre 2011, éste les indicó a los productores que la veda electoral a la que se habían referido anteriormente no les aplicaba, pero que se estaba evaluando que el documental no fuese de índole político-partidista.

Durante este período, Panafilms expresó sus diferencias ante la situación, indicando que ya había comenzado acuerdos con talentos creativos y técnicos y, de no completarse la realización del documental, estos se convertirían en daños y perjuicios. Proyecto Chiringa le hizo llegar a la Corporación una carta detallando las entidades e individuos que participan y endosan el documental Filiberto, que se verían afectados si se retiran los fondos de la Corporación de Cine. Y el 14 de noviembre, Proyecto Chiringa recibió la misiva que enlazamos arriba, dónde explica la cancelación de los fondos acordados en 2008 y con los que se consiguió el resto del financiamiento del proyecto.

Mientras todo esto sucedía, y aún sin ningún material fílmico en la mano, el documental Filiberto ya comenzaba a gozar de loas y premios a nivel internacional. El guión del proyecto recibió gran aceptación en el programa Nuevas Miradas del Festival de La Habana 2008 y, posteriormente, en México, recibió el prestigioso premio a la post-producción de los Estudios Churubusco, los legendarios estudios aztecas que desarrollaron aquella grandiosa era dorada del cine mexicano del Siglo XX.

Y los creadores del documental? NotiCel se comunicó con el productor Freddie Marrero quien fue sumamente parco a la hora de confirmar la información y prefirió buscarle el ángulo optimista a todo esto.

'A nosotros nos parece que es parte del deber institucional de la Corporación y estamos en la mejor disposición de sentarnos con ellos a resolver esto', expresó Marrero quien confirmó la información.

No obstante afirmó que este pleito pudiera culminar en tribunales, pues 'tenemos abogados que están estudiando el caso y ellos serán los que tomarán la decisión de presentarlo ante los tribunales'. NotiCel supo que los licenciados Fermín Arraiza y Rafael Rodríguez ya le enviaron una misiva de notificación y reclamación judicial al secretario del Departamento de Justicia, Guillermo Somoza, en representación de Proyecto Chiringa Inc.

Para conocer más sobre el proyecto de Filiberto, incluyendo cómo aportar al mismo, pulseaquí.