La Organización Amnistía Internacional se expresó el jueves alarmada por los catorce casos pendientes de pena de muerte que verá el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico.

'Eso alarma, es un hecho insólito, un hecho único en el planeta, en términos de que no hay otras jurisdicciones donde el pueblo se ha expresado mayoritariamente en contra de la pena de muerte y una jurisdicción distinta la impone', dijo Edgardo Román, portavoz de Amnistía Internacional.

Por su parte, Osvaldo Burgos, también portavoz de la Organización, opinó que Puerto Rico en lugar de avanzar en la lucha por sus derechos civiles y humanos está en retroceso al pretender entregarlos al estado.

'Si uno mira la situación de Puerto Rico con la de otros países en el mundo nosotros vamos en una dirección contraria por eso hacemos un llamado al país que exija que haya un plan nacional de educación, promoción y protección de los derechos humanos', señaló Burgos.

El abogado planteó además preocupación por varias movidas del gobierno como pretender enmendar la Constitución para imitar el derecho a la fianza en los casos de asesinato, la censura a la información, brutalidad policíaca y ampliar la pobreza con el despido masivo de empleados públicos.

Las expresiones de ambos portavoces se da en el marco del informe anual presentado por la Organización Internacional.