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Posible perjurio de O'Neill en pesquisa CEE

El fraude electoral en el Distrito Representativo 6 de Guaynabo ya se probó y es tan contundente que el daño político al alcalde de ese ayuntamiento, Héctor O?Neill, es suficiente para que lo inhabilite para ser candidato por ese y cualquier otro pueblo.

Ello, porque las figuras principales del fraude y protagonistas de las transferencias ilegales siguen ocupando sus puestos de confianza en el ayuntamiento, afirmó una fuente relacionada a la pesquisa administrativa que realiza comité 'ad hoc' designado por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

O'Neill, quien declaró por cuatro horas ante el comité, pudo haber cometido perjurio, además de haber cometido una negligencia crasa que raya en lo criminal.

'Yo creo que es de mucho peso, aunque no sea de mucho peso desde el punto de vista del Código Penal, incluyendo el daño político. Que el alcalde sea el jefe administrativo del municipio y que entre los que cometieron fraude están el capitán de su policía, su ayudante especial, su jefe de deportes y un montón de policías y la mayor parte de oficiales de rango tenientes, sargentos que hayan hecho transferencias ilegales en un municipio donde el presidente de la asamblea municipal es el candidato es un daño grande', dijo una fuente a NotiCel.

'Que en junio todavía el Alcalde no ha ordenado una investigación y todo el mundo se mantiene en sus puestos, que son actos ilegales o sujetos de infracciones de delito grave y el comisionado sigue allí, y al Alcalde no se le inmuta ni un pelo', destacó.

De acuerdo con la fuente, O'Neill dijo bajo juramento que ordenó una investigación al comisionado de la policía y el comisionado ha dicho bajo juramento que a él no le han ordenado ninguna investigación.

'Uno de los dos mintió bajo juramento o los dos, pero por lo menos uno de los dos cometió perjurio. Lo menos que puede hacer el Alcalde es dejarlo en suspenso y decirle ‘yo te voy a investigar y yo quiero saber por qué tú dices que yo no he ordenado nada cuando tú sabes que yo ordené algo en tal fecha'. O'Neill está incapacitado de ser alcalde de ningún municipio, y de Guaynabo menos. Es una cuestión de moralidad. Ese es el señalamiento más importante', sostuvo.

El informe se entregará hoy y los hallazgos de hechos y recomendaciones serán por consenso y unánime. El informe será referido al Departamento de Justicia con nombres y los delitos que cometieron los implicados en el fraude.

'Va ser un informe completo y unánime', dijo la fuente.

Indicó que si Justicia hace una investigación seria, O'Neill pudiera estar en graves aprietos, pues el ayuntamiento se ha dedicado a perseguir a los que acudieron ante el comité a decir la verdad y no ha hecho nada contra los que se han acogido a la quinta enmienda para no auto incriminarse.

'Si se hace una investigación en serio y resulta que él ha sido negligente, al punto de ser negligente criminalmente por la inacción porque está bregando con funcionarios que no son los de mantenimiento, son los policías que hacen efectiva la implantación de la ley que pueden arrestar y que andan armados por ahí y son unos violadores de la ley. En vez de ser los custodios de la ley y ese individuo (O'Neill) los mantiene en los puestos y a los únicos que le han caído encima es a los que han hablado y ellos han señalado que los están investigando. Eso es una violación a la Ley del Trabajo que prohíbe que la agencia o el patrono público o privado investigue, persiga, despida o atropelle a un empleado después que ese empleado participa en ofrecer un testimonio público relacionado con el patrono, es una represalia', sostuvo.

'El municipio de Guaynabo está aplicando la represalia contra los policías que han hablado y los otros permanecen en sus puestos', afirmó sobre las actuaciones de O'Neill.

Se refirió al comisionado de seguridad, Ángel Venegas González, a la teniente Zuleyka León y a Karen Velázquez, ayudante del ejecutivo municipal, entre otros.

La mayoría de los que comparecieron al comité se acogieron a la quinta enmienda y no contestaron preguntas tales como: 'Dónde usted vive? Votó en las primarias? Hizo alguna transferencia de residencia?'.

Una nueva elección sería recomendable, pero no entre el declarado vencedor y protegido del alcalde, Antonio Soto, ni el derrotado representante Ángel Pérez.

'Sería altamente recomendable, pero no sería por consenso porque no todos los miembros estarían de acuerdo con una nueva elección. La prueba indirecta contra ambos candidatos es tan fuerte que desde mi punto de vista los inhabilita para ser candidatos', sentenció.

Reconoció que la prueba indirecta, es decir los documentos en poder de la CEE sobre las transacciones de los electores, 'tiene que ser más convincente, más robusta porque hay que hacer una inferencia, pero aunque no me diga su dirección, yo tengo el documento que dice que en tal día hizo una transferencia y eso es prueba indirecta que se sabe dónde, cuándo y en que maquina se hicieron las transacciones'.

Para beneficiar a Soto, funcionarios de confianza del alcalde O'Neill realizaron transferencias ilegales, pero las irregularidades cometidas por el grupo de trabajo de Pérez tocan a las puertas de la oficina de la presidenta de la Cámara, Jenniffer González.

Se trata de las hermanas Miranda Gallardo, una de las cuales tiene contratos con la oficina de la Presidenta cameral.

'Con alguno de ellos, la prueba es directa. Las hermanas Miranda Gallardo fueron allí a hacer harakiri y eso es prueba directa. Se sentaron bajo juramento y dijeron que hicieron transferencias ilegales a residencias en las que nunca habían vivido. Una de ellas, Norma Miranda, es contratista en la oficina de la presidenta Jenniffer González y la otra no trabaja y no vivía en Puerto Rico como desde hace 15 años', reveló la fuente.

Ambas pudieron haber cometido el delito grave de falsificación ideológica para obtener documentación oficial válida.

'Yo no creo bajo ninguna premisa concesible que la gente sea tan buena y tan buena que a pesar de que hicieron actos de deshonestidad digan ahora voy a ser honesta y voy a decir la verdad, métanme presa cinco años, no, no nadie hace eso. Eso no es creíble', sentenció la fuente.

El alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill. (Nayda Bobonis para NotiCel)
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