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De Isla del Encanto a Isla de la impunidad

Si usted escucha hablar de Puerto Rico como 'la isla de la impunidad', donde quienes tienen poder pueden abusar de los más desprotegidos y nunca ser penalizados, y le hace todo el sentido del mundo, sepa que ya ha visto la luz el informe de la Unión Americana de Libertades Civiles, que con datos empíricos confirma lo que ya muchos piensan.

El informe, denominado precisamente 'Isla de impunidad: Policía de Puerto Rico al margen de la ley', concluye que en este país existe brutalidad policiaca generalizada sin ningún tipo de rendición de cuentas, y documenta evidencias de que no se protege a mujeres frente a violaciones sexuales y violencia doméstica.

'Se trata de un lugar donde ciudadanos estadounidenses e inmigrantes toleran abusos gravísimos a manos de su propia Policía, y el gobierno federal y los gobiernos locales permiten que suceda', expresó el director ejecutivo de la ACLU, Anthony D. Romero. 'El gobierno de Puerto Rico ha prometido implementar una reforma desde hace años, pero las personas aún padecen las consecuencias de un cuerpo de policía que está fuera de control', apuntó sobre lo que se ha catalogado como prácticas inconstitucionales de la Policía de Puerto Rico.

El extenso documento, de 180 páginas, identifica numerosas fallas que explican la crisis que atraviesa esta institución, el segundo departamento de policía más numeroso de Estados Unidos, con más de 17,000 agentes.

Entre esas fallas, destacan la ausencia de procedimientos destinados a monitorear e investigar denuncias sistemáticas, que estas son sistemáticamente encubiertas por la misma Policía y que siguen existiendo sistemas inadecuados para capacitar, supervisar y aplicar medidas disciplinarias a los agentes que cometen violaciones.

Específicamente, la ACLU documentó el uso de medidas de fuerza excesiva y letal contra civiles, especialmente en comunidades de bajos ingresos, afrodescendientes y dominicanos, que en muchos casos han provocado lesiones graves o incluso la muerte; represión violenta de manifestantes pacíficos con macanas, balas de goma y una variante tóxica de gas lacrimógeno, que los cuerpos de Policía en Estados Unidos dejaron de usar en la década de 1960.

La difusión del estudio ocurre a nueve meses de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara su propio informe confirmando la existencia de un amplio espectro de violaciones constitucionales, basándose en incidentes ocurridos entre 2004 y 2008. El informe de la ACLU contempla principalmente hechos entre 2007 y 2011, pero también presenta otros que datan del mes pasado. Se elaboró a partir de más de 75 entrevistas efectuadas en la Isla a funcionarios gubernamentales y víctimas de maltrato policía, o sus abogados o familiares.

Sobre las medidas implantadas por el gobernador, Luis Fortuño, a raíz del informe del Departamento de Justicia, el director ejecutivo de ACLU Puerto Rico, William Ramírez, dijo que 'se trata de medidas que, en el mejor de los casos, podrían considerarse superficiales, y además, ninguna de ellas ha sido implementada… Aún carecemos de un sistema que exija que los policías rindan cuentas por su actuación, y a causa de esto, numerosas personas han perdido la vida.

Las estadísticas, por sí solas, evidencian el estado de crisis en la Isla. Puerto Rico ostenta el índice per capita más elevado de todo el mundo de mujeres que son asesinadas por sus parejas. Solo el 1% de las violaciones sexuales son debidamente registradas por la Policía. Entre 2005 y 2010, más de 1,700 agentes de la Policía fueron detenidos por delitos como agresión, violencia doméstica, narcotráfico y homicidio, lo que equivale al 10% de esta fuerza.

Al menos 84 policías que aún se mantienen en actividad han sido arrestados en dos o más oportunidades por hechos de violencia doméstica.

'Estos abusos no representan incidentes aislados o la conducta atípica de algunos policías indisciplinados', indicó la autora del informe, Jennifer Turner, del programa de derechos humanos de la ACLU. 'Las prácticas de brutalidad policíaca documentadas son sistémicas, se manifiestan en toda la isla y persisten en la actualidad'.

(Josian Bruno/NotiCel/Archivo)
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