La exdirectora regional del Departamento de la Vivienda (DV) en Carolina, Carmen Carattini, aseguró el jueves bajo juramento que las irregularidades ocurridas en la Comunidad Tocones de Loíza, que llevaron a la radicación de cargos criminales contra cuatro personas, fueron notificadas a la entonces coordinadora general de Comunidades Especiales, Julia Torres de Vargas, y al gerente general de Comunidades en Vivienda, Magdiel Pérez.

En un testimonio plagado de contradicciones e innumerables 'no recuerdo' durante una vista pública de la Comisión de Asuntos de Familia y Comunidades, Caratini, quien en la actualidad es sub directora regional, negó haber visto dos documentos que le mostró la Comisión en los cuales una subalterna, Idanis Díaz, le notificó con nombres y apellidos sobre empleados del DV y líderes comunitarios que estaban cobrando por la entrega de viviendas a las personas de las Comunidades Tocones y Colobo.

Ésta alegó que la única comunicación que tuvo Díaz con ella fue por vía telefónica, pero que desconocía quién era la persona que estaba haciendo las denuncias.

Al ser confrontada con los memorándums que Díaz le envió, Caratini primero dijo nunca haber visto dichos documentos, luego alegó no recordar haberlos leído y finalmente llegó a insinuar que eran documentos falsificados.

Preguntada por los representantes Elizabeth Casado y Eric Alfaro sobre su respuesta a tan serias denuncias, ésta dijo que su curso de acción fue notificar a sus superiores, Magdiel Pérez y Julia Torres sobre la denuncia, pero nunca realizó su propia investigación de los mismos ni entrevistó a las personas contra quien se hacían las denuncias.

Inclusive, negó conocer a una de las líderes acusadas Lisnel Rosado y declaró que a María Mercado y Migdalia Lacen solo las conocía por su primer nombre y rechazó que su relación con estas tres mujeres fuera tan cercana como para que éstas le llevaran obsequios comestibles.

Rosado, Mercado y Lacen están actualmente acusadas criminalmente por estafar a los residentes de las comunidades mencionadas en el Municipio de Loíza. Al momento, no existe ningún documento enviado por Pérez o por Torres de Vargas en el que éstos refieran estos actos de corrupción al Departamento de Justicia ni a la Oficia del Contralor.

Aunque Caratini admitió ser la supervisora de Elizabeth Cruz Gutiérrez y de Orlando Maldonado Montes en el Departamento de la Vivienda, negó haber tenido conocimiento de los delitos por los cuales ambos funcionarios se declararon culpables.

En el caso de Maldonado, ella alegó sólo conocer que éste estaba en un programa de desvío por alcoholismo, pero entendía esa era una situación personal de él que no estaba relacionada con su trabajo.

Al culminar la vista, la representante Casado comentó que era curioso como los funcionarios que han acudido a las vistas, como el exsecretario de Justicia y la propia Caratini, nunca tienen recuerdos de documentos escritos en los que se denuncian actos de corrupción y le advirtió a Caratini que su testimonio sería evaluado ante el hecho de que el mismo no es cónsono con la evidencia testifical y documental con la que cuenta la Comisión.

Cabe destacar, que al igual que en vistas anteriores, ningún miembro de la minoría del Partido Popular estuvo presente.