Como un primer gran paso para lograr las reformas necesarias dentro de la Policía de Puerto Rico. Así lo describieron las personas involucradas en la demanda que propulsó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), contra la Uniformada que fue presentada esta mañana, por ejercer un uso excesivo de la fuerza durante varios eventos realizados en este cuatrienio, y en la que aparecen como demandantes el Consejo General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y la Federación Central de Trabajadores.

Por un lado, la licenciada Marjorie Press Lindblom, del bufete Kirkland <><><><><><><><><><><><>& Ellis, señaló que la demanda responde al uso excesivo e injustificado de la fuerza por parte de los policías contra los ciudadanos que se manifestaban contra las políticas del Gobierno, en violación a sus derechos constitucionales. Esta reiteró que no están buscando ninguna compensación económica, sino que se protejan los derechos constitucionales a los ciudadanos./p

pLa licenciada opinó que pese a que la administración actual asegura que han hecho algo para atender los señalamientos, 'lo que sabemos es que todavía no han implantado una política efectiva para el uso de la fuerza, no han establecido ninguna política sobre el uso de la fuerza contra los protestantes… No tienen mecanismos efectivos para reportar y atender quejas'./p

pAl NotiCel cuestionarle qué era lo más que le impactaba sobre el nivel de violencia ejercido por la Policía de Puerto Rico en comparación con otros cuerpos policiacos en Estados Unidos, planteó que 'ha sido interesante, en Estados Unidos, ver la responsabilidad de los departamentos de policía, por ejemplo, con la ocupación de Wall Street, por el 'Occupy Movement', del pasado otoño. Muchas de las veces, muchos de los departamentos de policía son capaces de intervenir con los protestantes y permitirles expresar sus puntos de vista... Eso es lo que queremos en Puerto Rico. Queremos ver que los estudiantes y las uniones tengan la oportunidad de expresar su oposición a las políticas del Gobierno…Y no les de miedo de lo que le pueda hacer la policía'./p

pPress Lindblom señaló que le dan la bienvenida al Departamento de Justicia Federal, para trabajar en conjunto en el caso, y que se implementen mecanismos de supervisión adecuados dentro de la Policía de Puerto Rico./p

pSin embargo, la licenciada Jennifer Turner, del programa de Derechos Humanos en Nueva York de ACLU, descartó que hubieran recibido algún acercamiento por parte del Departamento de Justicia Federal, luego de que ACLU publicara su informe el pasado 19 de junio./p

pTurner afirmó que la intención con la demanda es que haya una acción inmediata, ya sea por medio de un monitor, y que se reforme la Policía, pues destacó que han esperado por años que esto ocurran con promesas incumplidas por parte del Gobierno y la alta jefatura de la Uniformada./p

pPor su parte, el licenciado Leopoldo Yañez, del bufete Kirkland <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>< Ellis, sostuvo que la demanda persigue que por un lado, el Tribunal reconozca que la Policía de Puerto Rico violentó los derechos constitucionales de los ciudadanos al ejercer un uso excesivo de la fuerza durante las distintas manifestaciones recogidas en el recurso legal. Y que por otro lado, 'se fuerce al Departamento de la Policía a que reforme sus prácticas, establezca como el uso de la fuerza se va a utilizar con los manifestantes'./p

pAsimismo, el licenciado William Ramírez, director ejecutivo de ACLU, sostuvo que el que se establezca un monitor puede ser por medio del Estado o lo podría conformar 'una Junta Civil de Investigaciones o alguna otra entidad ciudadana para supervisar y examinar a la Policía, cuando actúan impropiamente'./p

p'La Policía opera con una impunidad, porque actúa y no paga ninguna consecuencia por su conducta. Parte de eso se debe a que no hay protocolos efectivos operando, si es que existen. Si existen, no se hacen cumplir, o no se adiestra al policía de que tiene que cumplir con el protocolo, y no hay consecuencia', puntualizó Ramírez./p

pPara Ramírez todavía el Gobierno está a tiempo en hacer cumplir las recomendaciones tanto del informe del Departamento de Justicia Federal del pasado septiembre, como el más reciente de ACLU, ya sea mediante un acuerdo supervisado por el Tribunal, o por una demanda./p

pLa licenciada Nora Vargas, ex presidenta de la Comisión de Derecho Constitucional y Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Puerto Rico, indicó que cualquier acuerdo que intente negociar el Gobierno para transar la demanda se tiene que dar a través del Tribunal, en aras de que la Policía no continúe con sus prácticas de violación a derechos civiles./p

pA la vez, el licenciado Josué González, de ACLU, determinó que la demanda 'representa otro esfuerzo de la organización, no solamente para denunciar, sino para asegurar que se adopten políticas públicas que garanticen el buen gobierno dentro de la Policía. Y que la Policía se ajuste a la ley y a los principios de derechos humanos. Hemos estado por años denunciando este tipo de situaciones…/p

pSe le ha dado la mar de oportunidades a las administraciones que han estado gobernando el país, desgraciadamente no han actuado y nosotros nos vemos en la obligación de que, en representación de estas organizaciones, actuar, plantear y asegurarnos que mediante una orden judicial que sea vinculante, se adopten estas medidas'./p

pEntretanto, Luisa Acevedo, presidenta de la Federación manifestó que 'para nosotros, esto se trata de lo que queremos en nuestra organización, el Puerto Rico que se quiere es un Puerto Rico que los trabajadores, las mujeres, los pobres, los estudiantes, podamos ejercer nuestro derecho a protestar y nuestro derecho a decir lo que tengamos que decir… Puerto Rico necesita paz y seguridad de que cuando vamos a protestar, vamos a tener el respaldo que necesitamos'./p

pRené Vargas, presidente del Consejo estudiantil, se expresó agradecido por la ayuda de ACLU con este caso. De igual forma, opinó que 'nosotros entendemos que detrás de los abusos policiacos, detrás de la forma particular con que manejaron las protestas estudiantiles, tenían un propósito y el mensaje era para el resto de los puertorriqueños, era, si usted protesta, si usted decide ejercer su derechos constitucionales en contra de las políticas de los Gobiernos, usted va a ser golpeado, va a ser perseguido, va a ser arrestado aunque no haya causa alguna… así que no se manifieste. Si esta demanda procede, el pueblo completo es el que va a salir beneficiado'./p

pFinalmente, Press Lindblom, concluyó que se seguirá con el caso hasta que la Policía de Puerto Rico sea reformada, por lo que abrió el espacio a que pueda durar años el litigio./p

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p-a href=' (27 de junio de 2012, San Juan, Puerto Rico)-La aspirante a la Camara de Representantes por el Nuevo Progresista, Maria Milagros Charbonier, trono el día de hoy contra los directivos de la American Civil Liberty Union (ACLU) por no denunciar la violación de los derechos civiles cometidos contra los 3.7 millones de ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico los cuales son discriminados por la condicion colonial de la Isla. 'En el día de hoy la ACLU esta demandando al gobierno de Puerto Rico por una alegada violación de derechos humanos. Nos debemos preguntar entonces, cuando esta organización, que supuestamente defiende la igualdad de todos los ciudadanos de los Estados Unidos, entablara un pleito a favor de los residentes de esta Isla que hemos sido objeto de discriminación por el pasado siglo. Que actúen a favor de todos los puertorriqueños y exijan al gobierno federal trato igual para todos', indicó Charbonier. Para la exsecretaria general del PNP, la actitud tomada por los representantes de la ACLU en la Isla, es una muestra una clara de la 'hipocresía' con la cual la organización trata el caso político de Puerto Rico. 'Tenemos que entender que estamos ante una organización que lo único que desea es hacer ruido en los medios. Presentan un reporte y ahora van a los tribunales para que se obligue al gobierno aceptar como buena sus propias conclusiones y recomendaciones. Este hecho va en contra de lo que la ACLU debería promover, que es el resolver el asunto colonial de la Isla', comentó la aspirante novoprogresista. Charbonier cuestionó el por que la ACLU no presenta un recurso en los tribunales para exigir que los ciudadanos americanos en la Isla puedan votar por un presidente que tiene la facultad de enviar a cualquier puertorriqueño a combatir en las guarras de la Nación. Según la candidata, la organización debería también radicar un pleito para lograr la paridad de fondos en programas como Medicaid, Medicare, asistencia nutricional, desempleo, incentivos para la educacion y el desarrollo de nuevas fuentes de energía renovable; por menciona algunos. 'No debe existir discrimen de ninguna clase, por eso hoy hago un llamado a la licenciada Jenniffer Turner, quien dirige el programa de derechos civiles de la ACLU, ha que radique inmediatamente una demanda exigiendo la igual de derechos para todos los puertorriqueños. Inclusive, nos ponemos a su disposición para asistirla en redactar el recurso legal y así brindarle justicia a 3.7 millones de ciudadanos americanos', añadió Charbonier. ' target='_blank'>ACLU demanda a Policía por violencia UPR y otros eventos (documento)