Al parecer, los guardianes de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), los jueces del Tribunal Supremo de la isla, se están distanciando de su posición histórica de mirar con celo los cambios a la Carta Magna del país, y ahora se presentan como un grupo de letrados más ?liberales? con el fin de favorecer la propuesta de reforma legislativa, según esbozada por el Partido Nuevo Progresista (PNP), y que será llevada ante la consideración del pueblo en un referéndum a celebrarse el 19 de agosto.

Como parte de la vista oral celebrada el miércoles en el Tribunal Supremo de Puerto Rico para continuar dilucidando la demanda presentada por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en contra del gobierno de Puerto Rico, por la alegada inconstitucionalidad del propuesto referéndum de reforma legislativa y reducción del derecho a la fianza, un debate se suscitó entre la representación legal del PIP e integrantes del máximo foro judicial del país en torno al nivel de flexibilidad que debe tener la Constitución del ELA como documento.

Mientras el abogado del PIP, Luis Enrique Romero Nieves, defendió la demanda de su colectividad aduciendo que la mayoría parlamentaria del PNP violó la Constitución al utilizar un criterio partidista para reducir el número de legisladores y supuestamente atentar contra los partidos de minoría, los jueces nombrados por el PNP cuestionaron a la parte demandante al acusarla de conservadora y de estarse adhiriendo a una interpretación estricta de la principal ley del país.

Luis Enrique Romero Nieves, abogado del PIP. (Josian Bruno/NotiCel)

'Aunque nuestra Ley Suprema se debe mantener lo más incólume posible, ésta no debe ser más grande que el pueblo. Tiene que haber flexibilidad en caso de que pueblo de Puerto Rico desee cambiarla', afirmó el Juez Asociado Erick Kolthoff Caraballo durante la exposición de motivos de Romero Nieves, en representación del PIP como parte demandante.

De forma similar se expresó el Juez Asociado Rafael Martínez Torres, quien declaró que proponer una enmienda constitucional a los fines de reducir el número de escaños en ambas cámaras es un ejercicio constitucional al cual la Asamblea Legislativa tiene injerencia, siempre y cuando no se altere el orden político que rige el sistema republicano del país.

'Aquí lo que hay es una propuesta de reducir los miembros (de la Legislatura), no sobre cómo funciona la Legislatura', declaró Martínez Torres.

Esa línea de pensamiento pareció ser también endosada por el Juez Asociado Edgardo Rivera García, quien se acercó a la posición del gobierno de turno y defendió la propuesta de enmendar la Constitución como un cumplimiento del mandato del pueblo que eligió a mayoría parlamentaria PNP en las pasadas elecciones generales del 2008.

'Qué impedimento existe para que el Senado no pueda ratificar esa voluntad?', cuestionó Rivera García al abogado pipiolo.

El PIP, por su parte, tronó contra la Asamblea Legislativa y lamentó la posición de este grupo de jueces, en su interpretación liberal de la Constitución.

Así lo constató Romero Nieves, quien instó a la Rama Judicial a proteger la Constitución ante lo que describió como el capricho del partido de mayoría parlamentaria.

'Pasar juicio sobre ramas hermanas siempre es difícil', dijo Romero Nieves mientras solicitaba a los honorables jueces a no tener miedo en revocar una propuesta legislativa con visos de inconstitucionalidad.

'Creo que la tesis (en discusión) es si la Constitución es una rigurosa o una más laxa sujeto a interpretación de artificio y diccionario', acotó el abogado de la parte demandante.

Eliezer Aldarondo Ortiz, abogado privado que representa al gobierno. (Josian Bruno/NotiCel)

Su observación en torno al diccionario surgió como resultado de la ponencia del abogado del gobierno, Eliezer Aldarondo Ortiz, quien en varias ocasiones fue cuestionado por la Jueza Asociada Anabelle Rodríguez Rodríguez por su constante referencia al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en lugar de utilizar precedentes legales para validar el argumento de la parte demandada.

'Por qué ir a fuente exógena de la Constitución?', cuestionó Rodríguez, quien, del total de nueve letrados en el Tribunal Supremo actual, es una de las tres jueces nombrada por administraciones del Partido Popular Democrático.

Por su parte, Aldarondo Ortiz centró su defensa alrededor del argumento que plantea que la propuesta reforma es un cumplimiento del mandato del pueblo, según los resultados de las elecciones del 2008. Aldarondo Ortiz es uno de los abogados privados que más contratos públicos aglutina en la Administración Fortuño.

'En las elecciones de 2008, dentro de la plataforma (del PNP), se planteaba la reducción de miembros de la Legislatura y se tuvo aval del pueblo y ahora se está completando ese mandato (electoral)', acotó Aldarondo Ortiz.

El PIP alega que dicha propuesta atenta en contra de la representatividad y oportunidad de candidatos de partidos de minoría para acceder a escaños dentro de la Rama Legislativa.

A su salida de la sala del tribunal, miembros del PIP sostuvieron una conferencia de prensa para reaccionar a lo acontecido en la vista judicial. Aunque se mostraron satisfechos con la participación de su abogado y la validez de sus argumentos, también la emprendieron contra los letrados del máximo foro del país por su flexibilidad a la hora de interpretar la Constitución.

Según la vicepresidenta de la colectividad y candidata al Senador por acumulación, María De Lourdes Santiago, 'que el juicio político de unos sectores se imponga sobre la Constitución, eso es lo que no es permisible'.

'De pronto vemos la Constitución de Puerto Rico echa cantos y bajo la interpretación del gobierno de Puerto Rico son tres asuntos. No me puedes decir que reducir el número de legisladores es una sola propuesta. Para tú llegar a la reducción numérica, hay 15 posibles alteraciones', señaló Santiago sobre su interpretación de cómo reducir el número de legisladores, según planteado por el PNP trastoca otros componentes constitucionales, tales como el número de distritos, su localización geográfica, además de que la propuesta integra otra propuesta separada para reducir el derecho a la fianza, a la cual el PIP también se opone. Para el PIP, trascender el número de tres enmiendas constitucionales, según sus integrantes lo interpretan, es un claro atentado contra el orden constitucional de Puerto Rico y una afrenta a la Carta Magna del país.

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