Tal parece ser que con motivo del referéndum en el cual se votará sobre el derecho a la fianza y la reforma legislativa el próximo 19 de agosto, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) necesitará un batallón

sin precedentes de funcionarios de colegio dispuestos a acudir de forma voluntaria a cientos de hogares con el fin de hacer valer el derecho al voto de personas imputadas por delitos, y que son manejados

por la Oficina de Servicios de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ).

Esto, luego de que OSAJ y su directora ejecutiva, Cyndia Irizarry Casiano, anunciaran la semana pasada que, contrario al uso y costumbre que permitía salir de sus hogares a personas bajo arresto domiciliario mediante supervisión electrónica o 'Lockdown' con el fin de ejercer su derecho al voto, ahora tendrán que permanecer en su domicilio para hacer valer uno de sus derechos democráticos como sujetos políticos.

La práctica del voto a través del fácil acceso en el domicilio no es un procedimiento nuevo de la CEE. Por años se ha hecho con personas en cama o que padecen de alguna otra condición que les impida salir de sus hogares.

No obstante, quedan por dirimirse algunos cuestionamientos en torno a si la CEE tiene los recursos y personal para acudir a cientos de hogares más y así atender a esta población bajo la jurisdicción de la OSAJ.

De acuerdo a información provista por OSAJ a través de su oficial de prensa, María Fernández Estrada, 'al momento hay unos 600 individuos bajo arresto domiciliario. Hasta ahora han solicitado (el voto domiciliario) 210 imputados, faltando Mayagüez, Ponce, Guayama, Aibonito, Caguas, Fajardo, Humacao'.

Aparecerán tantos funcionarios o funcionarias de colegio para acudir a todos estos domicilios de forma voluntaria? Para aclarar ésta y otras dudas, NotiCel contactó al tercer vicepresidente de la CEE, José De Jesús, quien explicó que le corresponde a cada oficina local de la CEE establecer Juntas de Investigación para evaluar aquellas peticiones de voto domiciliario y posteriormente decidir qué personas bajo OSAJ cualifican para esta recibir este servicio.

Así las cosas, según la información brindada por el ejecutivo de la CEE, el hecho de que OSAJ certifique a alguien como imputado bonafide bajo la jurisdicción de esa agencia, no necesariamente le garantiza que recibirá el servicio de voto domiciliario de fácil acceso. Sin embargo, si luego de completar la evaluación de la petición individual, la oficina local no encuentra ninguna irregularidad en la solicitud, es muy probable que la persona sea certificada por la CEE, explicó De Jesús. De manera, que tanto para el referéndum de agosto, como para las elecciones generales del 6 de noviembre, la CEE necesitará cientos de funcionarios adicionales dispuestos a acudir voluntariamente a domicilios.

Y cómo se va a garantizar la pulcritud del proceso si no son empleados regulares de la CEE, sino funcionarios de colegio abanderados, quienes acudirán a estos domicilios?

'Son voluntarios y se constituye en balance de partidos. En esta situación como tenemos un referéndum que es un voto por el 'Sí' y otro por el 'No', tomando en cuenta esas dos opciones se constituiría la representación para tomar ese voto. O sea que no es personal de la Comisión Estatal de Elecciones, sino de los partidos o grupos participantes en el referéndum', dijo De Jesús en entrevista telefónica con NotiCel.

'El proceso va a estar bien custodiado para que sea justo, claro, transparente. Se mantiene la debida representación para que al menos, dos funcionarios, uno partido político o en representación de alternativas distintas, y esas (dos) personas sería el quórum de esa Junta (que acudiría al domicilio)', añadió De Jesús.

El funcionario también aclaró que estos votos de domicilio se estarían llevando a cabo el sábado 18 de agosto, un día antes del mencionado referéndum.

A preguntas de NotiCel sobre cómo la CEE va a asegurar la pureza de un proceso custodiado por dos funcionarios en conflicto, sin la mediación de un árbitro imparcial que acuda a estos domicilios, De Jesús aseguró no estar preocupado, sino confiado en que el servicio marche sin inconvenientes y salvaguardando la pulcritud de este ejercicio democrático.

'Ellos (los dos funcionarios) van a verificar el material, proceden a sellar la urna, se va a seguir el mismo proceso que se sigue en los colegios', explicó.

'En todos los votos que se dan en la Comisión, tanto en el de fácil acceso de domicilio, como en el voto ausente, o el que va a emitir alguien con algún impedimento, se mantiene la confidencialidad del voto. Cuando se hace ese escrutinio, no se sabe cómo esa persona ha votado porque todos esos votos van mezclados, están juntos con otros votos y no se sabe cómo esa persona votó. Acá en la Comisión, nadie va a saber cómo cada una de esas personas votó, ni siquiera los dos funcionarios que irán al domicilio', acotó De Jesús.

La decisión de mantener a los imputados bajo arresto domiciliario en sus hogares durante eventos eleccionarios, fue celebrada por la directora ejecutiva de OSAJ, quien justificó la movida como una dirigida a salvaguardar la seguridad pública.

'Con esto perseguimos evitar el riesgo de contacto con las víctimas, en los casos de violencia doméstica, dado que la mayor probabilidad es que, por haber convivido en el mismo lugar como pareja, su centro de votación sea el mismo. Además, reducimos el riesgo de incumplimiento de condiciones y garantizar que las personas que deseen ejercer su derecho al voto lo puedan hacer, sin atentar contra la seguridad pública', afirmó Irizarry Casiano en comunicado de prensa.

La medida también fue endosada por la Procuradora de las Mujeres, Wanda Vázquez Garced, quien declaró que 'hay que ser proactivos en tomar medidas preventivas en eventos como éstos para evitar riesgos innecesarios. Las víctimas de violencia doméstica podrán estar tranquilas al salir a ejercer su derecho al voto, sin temor de tener que encontrar su agresor'.