El juez federal Salvador Casellas asumió jurisdicción en una solicitud que hizo el banquero Joseph Raymond Molina, quien peleó con el exgobernador Carlos Romero Barceló, para que su sentencia criminal por el puñetazo sea revocada.

Casellas ha saltado a la atención pública después de que el 14 de julio pasado su nuera fuera encontrada muerta por su hijo, Pablo. La discusión pública ha levantado sospechas sobre la versión de Pablo de cómo encontró el cadáver de su esposa y cómo supuestamente disparó al asesino. El hijo del juez es considerado una 'persona de interés' en la pesquisa.

También se discute la presencia del juez en la escena del asesinato en momentos en que personal del Instituto de Ciencias Forenses levantaba evidencia. Ayer, el exfiscal federal Osvaldo Carlo dijo a Las Noticias Univisión que el juez había contratado a cuatro exagentes de ley y orden para realizar una investigación independiente del asesinato.

Casellas asumió jurisdicción en el caso del expresidente de casas hipotecarias el 27 de julio pasado, día feriado a nivel local por el natalicio del prócer estadista José Celso Barbosa. Ese día no es un feriado federal y el juez atendió su despacho tal y como lo ha hecho regularmente después del asesinato de su nuera, Carmen Paredes Cintrón.

De hecho, el mismo día del funeral de Paredes, el 18 de julio, Casellas emitió una orden para que Molina mostrara causa por la cual su petición debía ser evaluada a nivel federal.

El 27 de julio el juez emitió otra orden en la que sostiene que 'el tribunal ha sido persuadido por la respuesta del peticionario a la orden de mostrar causa. Por ende, se establece la materia, y este tribunal puede considerar esta solicitud'. Ahora toca al gobierno de Puerto Rico responder a la solicitud de Molina.

Tras un juicio por tribunal de derecho, Molina fue encontrado culpable de agredir a Romero y, el 15 de enero de 2009, fue sentenciado a cinco años y seis meses de cárcel, pero no fue encarcelado ya que la sentencia fue impuesta en calidad de suspendida, lo cual implica un tipo de probatoria.

Molina quiere que el Tribunal Federal suspenda la aplicación de la sentencia mediante un recurso de habeas corpus en el que plantea que el juez Abelardo Bermúdez, quien posteriormente fue ascendido al Tribunal de Apelaciones, tenía conflictos porque se había reunido a solas con Romero en una villa en Guayama. Para esto, presentó una declaración jurada del golfista Juan 'Chi Chí' Rodríguez que, al ser divulgada hace meses, causó controversia. Además, sostiene que el fiscal César Mercado, posteriormente convertido en juez, le violó sus derechos al usar expresiones xenofóbicas en el juicio, tal como que si Molina, quien es de origen cubano, quería echárselas de haberle pegado a un gobernante, debía ir a Cuba a pegarle un puñetazo a Fidel Castro.

El abogado de Molina, Ricardo Izurrieta, argumentó que el Tribunal Federal debía evaluar el caso porque, aunque el banquero no estuviera preso, las condiciones que le impusieron son el equivalente a estar preso. Entre otras, porque se le quitó su forma de ganarse la vida al revocarle su licencia de banquero, y porque está sin posibilidades de hacer negocio porque no puede viajar ni estar en lugares donde se sirvan bebidas alcohólicas, los mismos que, sostuvo, son en donde se hace negocios.

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