Para algunos, el nuevo Código Penal en el afán del Gobierno de hacer justicia a las víctimas de delito, se ha desbalanceado, y ha trastocado los derechos constitucionales que tienen las personas acusadas de cometer un delito, en cuanto aspectos como la rehabilitación y la no imposición de castigos crueles e inusitados.

Uno de los puntos dentro del nuevo Código Penal que ha sido fuertemente criticado por varios sectores, es que limita la discreción a los jueces a la hora de establecer el castigo aplicable a la persona que cometió un delito al imponer penas fijas.

Al NotiCel cuestionarle a la jueza Sonia Ivette Vélez, directora de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), cuál era la percepción de los jueces sobre estos planteamientos, señaló que 'yo creo que ellos pueden tener percepciones individuales, personales, cada uno de nosotros hace su análisis particular. No obstante, en el momento de ejecutar y de ellos realizar y rendir su labor, sencillamente se tienen que dejar llevar por lo que aprobó el legislador. Si el legislador aprobó y estableció unas penas fijas, pues el juez tiene que imponer penas fijas'.

Trajo a la atención que, para algunos, el establecimiento de penas fijas eliminaría los preacuerdos, y 'va a obligar a la defensa a que tenga que entrar en los juicios, lo que podría traer sin lugar a dudas una carga en el trabajo de los tribunales'.

De otro lado, la licenciada Verónica Vélez, asesora en Legislación y Educación Jurídica de la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico (SALPR), mencionó a este medio digital que el nuevo Código Penal ha alterado las medidas de seguridad que se adoptan para las personas que son declaradas inimputables, al sufrir una incapacidad mental. De acuerdo a Vélez, ahora con el nuevo Código Penal se ha abierto el espacio para que una persona se le pueda restringir su libertad de forma indefinida por medio de estas medidas de seguridad, lo que excede el castigo que la persona hubiera tenido que cumplir si hubiera sido ingresada en una institución penal.

Ante esto, recordó que existe una jurisprudencia en el caso Foucha v. Louisiana, en donde la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que 'mantener una persona interna bajo una medida de seguridad sin que coexistan la condición de incapacidad mental y la peligrosidad del individuo, violenta el debido proceso de ley. La determinación no puede estar basada en conjeturas o inferencias, sino en hechos'.

Asimismo, Vélez reprobó que se establezca como delito de asesinato en primer grado en vez de homicidio negligente, cuando una persona mate al alguien por disparar hacia un 'punto indeterminado' en una vía pública, como lo son los tiroteos registrados en el expreso Román Baldorioty de Castro o en la avenida San Patricio. A su juicio esta movida aprobada en el nuevo Código Penal es contraria al principio de proporcionalidad de la pena, pues no va a tono con los elementos mentales requeridos para cometer dicho delito, como lo es la premeditación.

SALPR opinó durante las vistas relacionada al nuevo Código Penal, que 'sin menospreciar la peligrosidad de esta conducta que se ha proliferado en el pasado año, lo cierto es que el problema de violencia en el País no mermará aumentando las penas o reclasificando delitos. Este ejercicio requiere un esfuerzo multisectorial por parte del Estado'.

Sobre otros asuntos, la Directora de OAT, se mostró cautelosa en adjudicar al Gobierno el querer pasar a los tribunales la carga de atajar el problema de la criminalidad en el País, como han planteado algunos sectores.

'Sin lugar a dudas estos son análisis que se hacen teóricos, especulativos, que tienen mucho fundamento y mucha base sin lugar a dudas, pero hay que ver la experiencia. Vamos a ver qué va a pasar', sentenció.

Cuando se le planteó si entonces descarta que los jueces tengan esa presión a la hora de ejercer su trabajo, dijo 'todos los días la sentimos. Sentimos la presión de resolver en justicia. De que lo que al fin y al cabo dictaminemos sea en base de la prueba. Que nos presione un fiscal, o la Policía, o el Gobernador, o el País, pues eso uno lo tiene que poner a un lado. Los jueces están entrenados para que esa presión se ponga a un lado, y mira que recibimos mucha… El día que los jueces y las juezas respondan por el interés particular de una persona, se nos acaba el Sistema'.

Y añadió 'lo importante es que la única presión que ellos sientan (los jueces) es que resuelvan a base de conciencia, de manera inteligente, analizando el derecho y a base de la prueba que reciban. No es fácil ser juez, ponerse la toga, sentarse solito en un estrado, retener en sus manos la libertad de una persona, la vida y la familia de una persona, es un trabajo bien difícil, hay que amarlo, hay que respetarlo y hay que llevarlo a la altura de lo que espera el País'.