Residentes de Arecibo demandaron a la Junta de Calidad Ambiental (JCA) porque supuestamente la agencia incumple con sus obligaciones legales de monitoreo ambiental y de publicación de resultados de laboratorio al punto que las industrias contaminantes engañan al gobierno, y de que la población está impedida de evaluar propuestas como la de la incineradora de Energy Answers (EA) porque no tienen los datos necesarios.

El recurso está presentado por la licenciada Aleida Centeno Rodríguez de la oficina de Arecibo de la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico y, al momento de este escrito no se había precisado si el tribunal ya había señalado una vista por tratarse de un recurso de naturaleza extraordinaria que busca impedir acciones de la JCA.

Los demandantes son residentes de los sectores Cercadillo, Los Llanos, Miraflores, Domingo Ruiz, Santana, y Garrochales. En algunas instancias, se trata de personas que alegan padecimiento como asma, o que son pacientes de cáncer a los que la exposición a material contaminante les haría daño directo.

El eje de la demanda es la operación actual de un incinerador clandestino en el barrio Cercadillo, así como las operaciones de la empresa Battery Recycling y la determinación de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA) de que en el área de dicha empresa no se cumple con los niveles permitidos de plomo. Pero las solicitudes afectan el proceso de la planta de EA porque lo que los demandantes piden es que la aprobación de los permisos de EA sea paralizada hasta que la JCA produzca un Plan de Control de Calidad y recoja y publique los datos actualizados sobre los niveles de contaminantes en Arecibo.

La demanda asevera que todavía la JCA está en el mismo estado de 'alto riesgo' que declaró el gobierno federal en 2004 por la mala administración y falta de financiamiento de su laboratorio ambiental y sistema de tomar muestras.

'La JCA no ha implementado el principio de la prevención en Arecibo, así como tampoco un plan de calidad de aire. Esa ausencia coloca a la Región de Arecibo como una tarjeta de las industrias contaminantes que imponen operaciones clandestinas como lo es un incinerador clandestino, permitir que se llame reciclaje a lo que es una operación de fundir el plomo contenido en las baterías de los automóviles y exponer a la población a que viva niveles de contaminación ilegales que atentan contra su salud, su bienestar, su seguridad y su desarrollo', sostienen los demandantes.

'La JCA atenta contra el derecho a la información al mantener en la ignorancia a la población, y en específico a Los Peticionarios', añade el escrito radicado el 18 de diciembre en el Tribunal de San Juan.

En el caso de la planta de EA, se alude también a que la falta de control ambiental afecta al resto de la isla ya que las cenizas de la incineración de basura llegarían al agua que sale de la región mediante el Superacueducto.

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