Aunque se ha planteado en numerosas ocasiones que el lenguaje de la Ley Núm. 54 es inclusivo y puede servir de instrumento para proteger a personas en todo tipo de relación, el predominio de un regimen cultural basado en la priorización de la heterosexualidad como única forma de relacionarse, ha redundado en una mayor victimización hacia quienes sufren de violencia domestica por parejas de su mismo sexo.

Basado en esta premisa, el grupo PR CoNCRA (Puerto Rico Community Network for Clinical Research on AIDS) endosó las enmiendas propuestas a la Ley 54 y compartió su perspectiva en una ponencia presentada el viernes en el Capitolio, como parte de una vista convocada por las Comisiones de lo Jurídico; y de Asunto de la Mujer y Equidad de la Cámara de Representantes.

Por medio de la voz de Madgaline Rodríguez, quien funge como Manejadora de Casos Clínico, PR CoNCRA citó el testimonio de una mujer participante de la Institución, y su odisea por buscar que el Estado la protegiera ante la violencia propiciada por su pareja, también mujer.

Según narra la sobreviviente, luego de dar el difícil paso de romper con el ciclo de violencia y con una relación abusiva, ésta decide acudir a los foros legales pertinentes en busca de protección.

La mujer acude a la Sala de Investigaciones del Tribunal de San Juan y la jueza interviene para evitar que la agresora arremetiera contra la parte peticionaria en plena sala.

‘No obstante, se otorga ley de acecho y ambas tuvimos que dirigirnos a la misma ventanilla para obtener el documento que oficializaba la orden de acecho, esto sucede sin ninguna protección o escolta a pesar de la violencia emocional y psicológica que presenció la jueza. Yo temblaba mientras caminaba hacia la ventanilla para obtener el documento, pensé que mi vida terminaría en ese instante, creí que ahí mismo, me mataría mi agresora’, narró la mujer participante de PR CoNCRA.

Aún con la orden de acecho, la violencia y amenazas continuaron. La mujer buscó ayuda en la policía, pero sus miembros le cuestionaron cómo era posible que una mujer tan bonita se dejara agredir por otra mujer. De igual forma, abogados le solicitaron que renegociara con la agresora, ‘pues para ella iba a ser difícil lograr la protección que necesitaba por su orientación sexual’.

‘De más está decir, que su comportamiento y agresividad no finalizó. Le hice advertencia de mis intenciones de alertar a las autoridades. Se llamó a la policía una y dos veces; esta última, la policía se personó a su lugar de trabajo. Nuevamente, frente a otro juez, se le hizo advertencia de ley y consecuencias de la violación de la misma. Al día siguiente, ambas laborando en un mismo perímetro’, prosiguió explicando la mujer sobreviviente de violencia doméstica.

‘Finalmente, acudí a nuevas estrategias para mi protección. Las cuales, involucraban cambio de horario de trabajo y acompañamiento de alguna amiga. No hubo ninguna protección por parte del patrono, al ser nuestra relación una no reconocida. Además de perder propiedad y crédito, me vi obligada a abandonar mi empleo en busca de mi propia protección’, concluyó la mujer en su testimonio.

Ante un caso como el compartido por esta mujer, PR CoNCRA planteó que lamenta que decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico hayan lacerado el lenguaje inclusivo de la Ley 54.

De acuerdo a la organización, este estatuto aprobado en el 1989 contiene un lenguaje que protege a todas las personas, indistintamente del tipo de relación en que se encuentren, su orientación sexual, identidad de género y estado marital.

‘Nos apena sobremanera, que el Tribunal Supremo en los casos de Pueblo vs Ruiz, 2003 y Pueblo vs Flores, 2011 resolviera que personas de las comunidades lésbica, homosexual, transgénero, transexual, bisexual, queer e intersexual (LHTTBQI), y en las relaciones extramaritales no estuvieran protegidas por la Ley Núm. 54′, esbozó Rodríguez en su ponencia.